Hace unos días se llevó a cabo el Plenario de Comisiones del Régimen Penal Juvenil donde especialistas invitados refirieron en forma unánime que se debe mejorar el sistema de responsabilidad penal juvenil para menores de edad pero se opusieron a la reforma que se discute en Diputados, donde el gobierno propone bajarla a 13 años. El Frente de Izquierda Unidad se opone a la baja de la edad a la ya establecida en 16.
Basta de atacar a los pibes
El gobierno detalla el presupuesto de su plan de baja de imputabilidad en $75.298.000.000 anuales, y estipula las condiciones en las que los pibes van a transitar por el nuevo modelo del régimen. Frente a esto una parte del peronismo (Unión por la Patria) y el Frente de Izquierda manifiestan expresamente que no puede bajarse de la edad establecida. Mientras que los demás espacios buscan establecerla en 14 años.
Ana Carla Carrizo (UCR) refiere que solicitar que sea a los 14 es una diferencia con el gobierno. Por su parte Espert expresó: “Los funcionarios que ocupen el cargo de supervisores se tomarán de la planta de empleados de la administración pública”, y, según sus dichos, aquellos no necesariamente tienen que estar capacitados para realizar las tareas de acompañamiento y que cada uno podrá contener a 25 jóvenes. El diputado Álvaro Martínez (LLA) explicó que mediante su proyecto “se protege a la sociedad de actos delictivos graves, garantizando a los individuos que todo aquel que rompa la ley va a tener algún tipo de sanción … teniendo en cuenta que tenemos que preservar los derechos de los ciudadanos”. El texto de Martínez propone que sea de 12 años la edad de imputabilidad, como es el caso de Brasil y México, entre otros países de la región.
Por su parte Carolina Píparo (Buenos Aires Libre) explicó que su proyecto busca que “una vez que una persona ha tomado el camino del delito, debe ser tratado como tal, como un delincuente…”. Los representantes del poder ejecutivo manifiestan que la ley busca proteger al adolescente.
En sentido contrario los especialistas presentaron sus argumentos en rechazo al proyecto. La directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky, aludió que “no hay una correlación directa entre bajar la edad y tener menor tasa delictiva … hoy quienes son no punibles están encerrados y cumplen regímenes parecidos a que si estuvieran bajo pena privativa de la libertad”. Y agregó “El Congreso no puede armar un Régimen Penal Juvenil contraria a la Constitución, darle mucho presupuesto y desfinanciar por completo el sistema de protección integral de niños…”. Siguiendo esta línea, Marina Chiantaretto, coordinadora del Equipo de Trabajo de Niños, Adolescentes y Jóvenes Privados de la Libertad de la Procuración Penitenciaria de la Nación refirió “Los chicos terminan cumpliendo el mismo tratamiento penitenciario que una persona mayor de edad. No hay una ejecución especializada para niños y adolescentes”.
Propuestas descabelladas
Los encargados de estar al cuidados de los pibes no tendrán que estar preparados, como se puede entender esto. ¿Atendemos los derechos de los pibes o no? Claramente no están en esa línea, la línea es penalizar los problemas que el mismo gobierno genera. Un pibe en un régimen penal que no tiene a su cuidado personal capacitado será un pibe estigmatizado juzgado y castigado desde el sentido común y desde el discurso generado por este gobierno que se ramifica en toda la sociedad. Y este personal, por estar en condición de asimetría con el pibe, desde este punto de vista se someterá a su poder en el trato y nada de resocializador podrá tener ese trato.
“Se protege la sociedad” “se preservan los derechos”, seguramente los pibes para esta mirada no forman parte de la sociedad, quedan fuera, y sus derechos no son los preservados. Una vez más y ya no pueden contarse las veces en las que este gobierno ataca a las adolescencias y castiga al pibe más que cuidarlo y protegerlo. De qué sociedad habla Álvaro Martínez? ¿A quién dirige sus acciones y discursos? A las claras queda que La Libertad Avanza se dirige a la pequeña parte de la sociedad, a los más favorecidos, los que tienen sus dilemas resueltos.
Otra vez el sistema de promoción y protección de derechos no cumple con su función, el Organismo de Protección vuelve a exponer a sus supuestos protegidos, por preservar los derechos de propiedad de los que acumulan beneficios, en detrimento de la explotación de los padres de estos pibes que sostienen con sus lomos las arcas de ganancias que este gobierno se ocupa de resguardar y de los que quiere si se erige para gobernar.
Que pensamos los socialistas
Por un lado el tratamiento del delito se encuentra fuertemente condicionado por el régimen social. Entonces en una sociedad desigualitaria no solo pensamos que los adolescentes según esta ley burguesa, no son punibles por su edad y por su desarrollo de autonomía relativa sino que debe pensarse en las condiciones que llevan a la población en general y a la adolescencia en particular a verse en tan diferente nivel social que les desespera emparejarse adquiriendo lo que el mercado nos mete por los poros y les es imposible alcanzar. Aquí aparece la red delictiva que se encuentra al acecho para captar pibes ofreciéndoles la salida fácil despreocupados de las consecuencias que esto pueda traerles, y de este modo le arruinan a su vida.
Y digo que es una vida arruinada dado que el Estado, que no ha procurado garantizar trabajo digno a sus responsables cuidadores, no ha ofrecido oportunidades de desarrollo de niñeces y adolescencias plenas, marca la encerrona de esta desigualdad con la vara puesta en castigar de inmediato a aquel que toma lo que desea y anhela de una manera que el propio Estado genera, dado que no da elección. En una sociedad donde el estado desabastece de alimentos a los comedores donde acceden los sectores más vulnerables y los cuidadores adultos de estos no tienen trabajo para ofrecerles que comer. En un país con el 52% de pobreza (Pág. 12, 26/09/2024) del cual un 60 % es niño y adolescente.
En la contradicción de este estado de cosas donde la propaganda mediática desinformativa hace ver que “No hay plata” cuando en realidad se va como una aspiradora para el pago de los servicios de deuda una millonada de dólares. Estos recursos deberían ir a atacar los problemas de esta sociedad como es la exclusión de las masas más marginadas, debería ir a lo básico de alimentarse, vestirse, recrearse, condiciones primordiales para que los pibes tenga sus necesidades básicas satisfechas como es el derecho a la salud; el derecho a la educación; la prevención, la seguridad y la vivienda para dejar de criminalizarlos.
Por Natalia Marengo. Lic. Trabajo Social. Especialista en Intervenciones Transdisciplinarias en Violencia Familiar y de Género. Trabajadora del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, CABA.