Un día después de que el INDEC diera a conocer los números de la inflación total alcanzada en 2020, el gobierno comenzó a tomar medidas. Uno pensará que son aquellas que recompongan, por ejemplo, los ingresos de los jubilados que perdieron entre un 0,6% (mínima) y 8,7% (máxima) ante la inflación anual de un 36,1%. Pero no, no es así, las medidas anunciadas, como es de costumbre para el gobierno del Frente de Todos, tienen que ver con favorecer a los sectores patronales, en este caso las automotrices.
Es así que en el viernes que pasó el gobierno de Fernández acordó con la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA) un nuevo esquema de retenciones. Ahora, aquellas automotrices que alcancen las mismas ventas al exterior realizadas durante el año pasado, no pagaran retenciones.
Hace tres años atrás la industria automotriz era alcanzada por un impuesto del 12%, durante lo que fue el último año del mandato macrista y el primero del FdT, esta alícuota se vio reducida a un 6% y 4,5%. En 2021, como lo remarcó Roberto Arias, secretario de Política Tributaria “El esquema diseñado para 2021 apunta a no aumentar la alícuota pagada durante 2020 (que se mantiene en 4,5%) y llevar a 0% lo abonado por las exportaciones incrementales”.
El argumento del funcionario mencionado reside en que “la pandemia y crisis global determinó que 2020 fuera un año de exportaciones bajas en casi todos los sectores. La definición de las exportaciones 2020 como umbral de acceso al beneficio de retenciones 0% es una señal clara que promoverá las inversiones necesarias para impulsar las exportaciones de una industria fundamental en la estructura productiva nacional”. Lo cierto es que, con esta medida, el gobierno, como lo hizo con el sector agroexportador, vuelve a inclinarse en favor de los empresarios en detrimento de los trabajadores.
Cabe destacar que, a pesar de que sólo los salarios han aumentado un 26,5% en los primeros 10 meses de 2020 y no se avizora que lleguen al 36,1% de la inflación total de ese mismo año, no se han tomados medidas que obliguen a las patronales a recomponer los ingresos. Esto en un marco donde, según indica la Junta Interna de Ate INDEC, la canasta básica para una familia de cuatro integrantes equivale a $78.000, mientras que el salario mínimo establecido por el gobierno, en marzo, recién se va a acercar a los magros $21.600.