El lunes 14 de octubre, estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) organizaron asambleas que culminaron en la ocupación activa de las facultades de Humanidades, Psicología, Periodismo, Ciencias Naturales, Trabajo Social y Artes, además del Colegio Nacional. Estas acciones expresan el creciente rechazo al gobierno Milei-Villarruel, cuyo veto a la Ley de Financiamiento Universitario encendió la chispa en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad.
La ley vetada apuntaba a corregir la brutal subfinanciación que sufren las universidades públicas, adecuando los recursos a los niveles de inflación. Sin embargo, el gobierno recurrió a la vieja excusa del “equilibrio fiscal”, priorizando los intereses del capital financiero y los mercados, y dejando de lado los derechos sociales y la necesidad de fortalecer la educación pública como pilar de una sociedad más justa.
El Ejecutivo planteó que el financiamiento universitario debería discutirse en el presupuesto de 2025, una excusa inadmisible frente a la crisis que atraviesan las universidades, donde los salarios docentes y no docentes están congelados desde diciembre, mientras la inflación pulveriza el poder de compra. Incluso si se aprobara ese presupuesto, no hay garantías de que los recursos sean finalmente otorgados.
La toma como forma de resistencia
Las tomas activas no son solo una respuesta al desmantelamiento de las universidades públicas, sino también una herramienta de visibilidad y resistencia contra el proyecto neoliberal de desmantelamiento de lo público.
A pesar de la ocupación de los espacios físicos, las actividades académicas continúan, pero en un formato que refuerza el compromiso con la educación como un derecho: las clases públicas, realizadas fuera de las aulas tradicionales, buscan involucrar a aquellos estudiantes que aún no se han sumado a la lucha en defensa de la universidad pública.
Es decir, este formato de ocupación tiene un doble objetivo: por un lado, aumentar la concientización de la comunidad universitaria y de la sociedad sobre el ataque sistemático a la educación superior pública, y por otro, llevar la educación a los espacios abiertos, rompiendo las barreras del espacio académico cerrado.
La lucha continúa
Las tomas y las asambleas continúan con fuerza, mientras la discusión sobre el financiamiento universitario se convierte en un campo de batalla entre el proyecto de privatización neoliberal y el movimiento estudiantil que defiende una educación pública, gratuita y de calidad, como un derecho irrenunciable.
El martes 15 de octubre, se realizarán nuevas asambleas en las facultades de Ciencias Médicas, Ciencias Exactas y de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, donde se votarán la ampliación de las tomas y el fortalecimiento de las medidas de lucha.
Además, estudiantes de la Facultad de Humanidades de la UNLP ya aprobaron por unanimidad la realización de una marcha federal el 22 de octubre, en defensa de la educación y la salud públicas a Plaza de Mayo.
La alianza entre estudiantes y trabajadores de la salud, ocupando universidades y hospitales, como lo hicieron en el Hospital de Salud Mental Bonaparte, deja en claro que la educación y la salud no son un gasto a ajustar, sino una inversión esencial para el futuro del país.
Frente al ajuste que impone el gobierno Milei-Villarruel, estudiantes y trabajadores se levantan para defender un modelo de país donde la educación y la salud sean un derecho de todos y todas, no un privilegio de unos pocos.
Marcela Gottschald