Para la casta empresaria todo, para el pueblo pobreza y boletazo.
La Legislatura de Tucumán votó el jueves 26 de setiembre la ley de adhesión al RIGI, que es parte de la denominada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (27.742), en concordancia con la política que el gobernador Jaldo, el bussismo, el Pro y sectores radicales vienen apoyando y que el presidente Milei tiene como política nacional colonizante.
Las provincias y municipios que adhieran al RIGI cederían parte de su autonomía política, legal y ambiental, garantizando más facilidades impositivas a grandes corporaciones. Este régimen anularía políticas de protección ambiental y priorizaría el uso del agua y energía para las empresas sobre las necesidades de la población. Indignante.
Tucumán tiene la Ley 7.879 que prohíbe la explotación megaminera con cianuro y arsénico. El primer objetivo fue anularla, pero no lo hicieron por ahora, mientras había en la puerta de la Legislatura una movilización bajo la lluvia de organizaciones ambientalistas, pueblos originarios y el MST entre otros partidos de izquierda, que reclamamos entrar a la sesión, que no se vote la adhesión al RIGI y no se anule la ley proteccionista.
Al final de la sesión, los legisladores votaron por unanimidad este engendro entreguista y contaminante, que implica exenciones impositivas por 8 años, con opción a 8 años más, a grandes inversores, pero no anularon la ley proteccionista 7879, aunque se permitiría la exploración pero no la explotación minera, por ahora.
Este ataque a nuestros bienes comunes, al agua y a la salud de la población, ya que Mekorot será una de las empresas que viene por todo, se da en mientras los ingenios, como vienen haciendo desde hace años, generan una gigantesca contaminación ambiental sin ningún control estatal, quemando parte de la caña de azúcar para abaratar costos, lo que implica que llueva ceniza en la provincia, polución y daño en la vista y vías respiratorias que se calcula afecta con alergias y enfermedades al 70% de la población tucumana.
Desde el MST seguiremos en las calles reclamando NO al RIGI, no a la megaminería contaminante. Basta de entrega a las grandes empresas.
Estamos cada día peor
Como si todo esto fuera poco, el 24 de septiembre, día de la histórica batalla de Tucumán, la intendenta Rosana Chala promulgó el aumento que votó el Concejo Deliberante del boleto mínimo de $ 690 a $950, lo que implica un aumento del 37% y de 313% en lo que va del año, que pasó de $230 a $950, mientras la inflación en el mismo período fue del 144%. Un transporte público desastroso, con demoras, unidades viejas y un gran negocio para la patronal de AETAT, que siempre chantajea con no pagar sueldos para conseguir aumentos de los subsidios nacionales y provinciales. Un robo al ya castigado pueblo tucumano que tiene un 52% de pobres, o sea 515.000 y 152.000 indigentes. Desde el FIT-U hicimos un acto de protesta y un amparo con la organización de consumidores FODECUS para frenar el aumento, pero el Poder Judicial tucumano es una marioneta de los empresarios y el gobierno.
En resumen, cada día más miseria, tarifazos e injusticias. La única solución es la estatización del transporte público con control social.
Desde el MST convocamos a la más amplia unidad de acción como lo venimos haciendo, para defender nuestros derechos, nuestra soberanía y la defensa de nuestros bienes comunes, enfrentando al gobierno nacional y provincial que gobiernan para la casta, y construir una alternativa política nueva con la izquierda y todos los que luchan
Lita Alberstein