En la sesión del 4 de septiembre la Legislatura cordobesa aprobó el proyecto presentado por la legisladora del MST en el FIT-U, Luciana Echevarría que declara:
“Su consternación por la acusación de blasfemia a dos activistas de derechos humanos, Arslan Shani y Asma Batool, en la región de Jammu Cachemira administrada por Pakistán”. El gobierno, por lobby de corrientes políticas fundamentalistas islámicas, lleva adelante esta acusación que puede terminar en la condena a muerte de los dos jóvenes activistas, para castigarlos de forma ejemplar y sentar un precedente para todos los activistas que denuncian las violaciones a los DDHH que se sufren en Pakistán. Además, ambos han desempeñado un papel importante en el Movimiento por los Derechos del Pueblo, que reclamaba y ganó el derecho a la electricidad a precios accesibles para los 4,5 millones de habitantes de Cachemira. Este es un territorio en disputa entre las potencias imperialistas regionales, Pakistán e India, y también por parte de China que controla algunos sectores. Arslan Shani además es el Subdirector Organizador de la Federación Nacional de Estudiantes de Jammu.
El crimen: repudiar una violación grupal
El viernes 9 de agosto, en el Hospital Universitario R.G. Kar de Calcuta, fue hallado el cadáver de una médica de 31 años. Las investigaciones concluyeron que había sido asesinada y antes violada por un grupo. La policía del estado de Bengala Occidental, del que Calcuta es capital, detuvo ese mismo día a un sospechoso. Tras ese espantoso caso ocurrido en el país vecino, Arslan compartió en sus redes sociales un poema de Salman Haider que dice algo similar a “Todos los dioses fueron testigos cuando me violaban”. Asma Batool compartió esa publicación. Esa es la excusa para la denuncia por blasfemia contra ambos activistas: habrían insultado a Alá. Asma ya fue detenida y Arslan se encuentra prófugo.
Fundamentalismo religioso y extrema derecha
Estas posiciones fundamentalistas históricamente han crecido al amparo del Estado, en particular desde el establecimiento del régimen militar de Zia-ul-Haq, que con apoyo de los Estados Unidos las tomó para ahogar las luchas sociales y de la juventud pakistaní. Durante la década del ‘80 del siglo XX, ese régimen militar multiplicó los madrasas, unos seminarios religiosos desde donde se promueve el fundamentalismo religioso y se impulsa la islamización de la sociedad. En ese marco se agravaron las penas para las causas de blasfemia como la que hoy sufren Asma y Arslan. Según señalan los fundamentos de la declaración aprobada, citando a la organización Humans Rights Watch, “el uso creciente de disposiciones sobre blasfemia para encarcelar y procesar a personas por comentarios en las redes sociales es una escalada peligrosa”. Y también plantea que según un informe de Amnistía Internacional, “la mayoría de los casos de blasfemia en Pakistán se basan en acusaciones falsas y en las últimas cuatro décadas un total de 494 musulmanes ahmadíes, 187 cristianos y 21 hindúes han sido condenados por esta causa. Solo en 2023, había al menos 53 personas detenidas en todo el país inculpadas por blasfemia”.
Finalmente la declaración aprobada “exige que se retiren inmediatamente los cargos contra Arslan Shani y Asma Batool”. Porque como señalan los fundamentos de la declaración presentada por la legisladora Echevarría: “en Argentina sabemos de primera mano que la solidaridad internacional es clave” cuando las violaciones a los Derechos Humanos vienen del propio Estado.Y por eso “consideramos un deber moral expresar la solidaridad con estos jóvenes activistas y exigir a las autoridades que retiren los cargos y liberen a Asma”.
Iván Sosa
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