En la mañana del lunes 12 de agosto se llevó a cabo en el Polo Judicial una audiencia en la que la justicia pretendía elevar a juicio a diferentes dirigentes sociales, políticos y sindicales, entre ellxs referentes mujeres como Raquel Blas (PTS), Lorena Torres(PO), Jimena Báez(PO) y Laika Pullu(FOL). Una vez más, la Justicia mendocina quiso tratar las causas que tienen por manifestarse, pero terminó dando un cuarto intermedio ya que aun no cuentan con información suficiente sobre todxs lxs imputados para avanzar.
En este proceso judicial, la justicia busca que lxs procesadxs “reconozcan” que manifestarse es un delito y que estaban quebrantando el Código Contravencional de la provincia, el cual impide manifestarse ocupando las calles, es decir, la imposibilidad de llevar a cabo el derecho social a la protesta. Si el gobierno de Cornejo se sale con la suya, algunos de estos militantes se enfrentarían a hasta 20 años de cárcel, marcando un precedente escandaloso para las luchas que se vienen, ya que tendrían bandera libre para llevar esta política de persecución a todo el país, como lo vimos reflejado con lxs presos por luchar en contra de la Ley Bases en Buenos Aires o ley de Reiterancia en CABA.
Luego de que terminara la audiencia nos dirigimos a la Legislatura para llevar a cabo una conferencia de prensa organizada junto a Ni Una Menos Mendoza, donde organismos de derechos humanos, distintos sindicatos, asambleas, organizaciones sociales y piqueteras dieron su solidaridad a las compañeras imputadas.
Mendoza está siendo hace años un laboratorio de persecución política contra quienes luchamos y defendemos nuestros derechos en las calles. No es casualidad que la mayoría de lxs imputadxs sean mujeres, ya que somos sostén de familia y a quienes nos pega más fuerte el ajuste, el hambre y la violencia. La criminalización y judicialización a las luchadoras tiene un claro fin disciplinador, en una estrategia para suprimir la protesta social, que es legítima y un derecho constitucional.
El martes se votó en Senadores el proyecto para implementar el RIGI en la provincia. Un claro ejemplo de que cuando hay plata y negociados de por medio, las leyes salen rápido. También tenemos activistas ambientales procesadxs por defender el agua, ahí estuvimos junto a la Red Ecosocialista para decir que no tienen licencia social, que la 7722 no se toca y que vamos a defender con lucha y organización nuestros bienes comunes.
La jornada del lunes fue una respuesta al gobierno de Cornejo, para que sepan que las calles son nuestras, que no nos van a amedrentar, no van a apagar nuestras voces, ni mucho menos van a lograr sacarnos nuestro derecho legítimo a manifestarnos y protestar en contra de todo este plan de ajuste que está llevando a cabo tanto el gobierno provincial de Cornejo como el nacional con Milei a la cabeza. La justicia todavía no tiene fecha para la próxima audiencia, por lo que convocamos a todos los sectores combativos a estar atentxs y organizadxs para seguir apoyando y exigiendo el desprocesamiento de todxs los imputadxs por luchar. Seguiremos dando batalla, ¡no pasarán!