El gobierno logra un avance agónico con su Ley Bases y un magullado paquete fiscal, pagando un alto costo. Con Milei sin viajar para que Villarruel pudiera desempatar, entre importantes concesiones y dificultades. A eso llegaron comprando votos, adornando gobernadores, con apoyo de senadores del PJ, la «ausencia» de los santacruceños y una feroz represión. La CGT tiene responsabilidad. Y, si bien los «mercados» celebraron, el gobierno hizo lo que pudo, sin mucho que festejar. Ahora irá a Diputados, pero las secuelas de mayor crisis y protesta no se harán esperar.
Milei iba a viajar al G7 para mostrar «despreocupación», pero se tuvo que quedar ya que los votos no le daban. Dijo que él viaja cuando «se le canta», pero fue para ocultar que hacen lo que pueden, lejos de lo que quieren y necesitan para su plan de gobierno. Si viajaba, Villarruel debía asumir la presidencia y no iba a poder desempatar. Milei se tuvo que quedar porque necesitaban sacar la ley como sea, su primera y única ley en medio año de gobierno.
La Ley sale bastante recortada, ya que debieron entregar más artículos y concesiones para que no se le cayeran votos. Incluso el paquete fiscal perdió dos títulos claves: Ganancias y Bienes Personales. Salió una ley que nada tiene que ver con el proyecto Ómnibus que enterramos el 6 febrero ni con las sucesivas versiones de Ley Bases que fueron achicando ni con lo votado en Diputados.
La sesión arrancó el miércoles 12 a las 10.15hs y se estiró hasta las 7.45hs del jueves. Afuera, con una multitudinaria movilización y muchas acciones en el país, reclamamos contra estas leyes. Como hay conciencia sobre lo funesto de estos proyectos y disposición a enfrentarlos, se logró esa masiva participación. Pese a que la CGT y las CTA se negaron a llamar al paro nacional que permitiera garantizar que millones pudiéramos marchar y rodear el Congreso para hacerla caer, como hicimos con la Ley Ómnibus original.
Hay fuerza social para ir contra estas leyes y todo el plan de Milei y el FMI, pero se necesita ese paro nacional, con millones en la calle y un verdadero plan de lucha, como exigimos desde el Encuentro de Trabajadores reunido el 25 de mayo y la Coordinación Independiente del sindicalismo combativo, movimientos sociales, jubilados, estudiantes, asambleas y la izquierda.
Por eso movilizó el SUTNA, Ademys, AGD UBA, la Multicolor de SUTEBA, el Hospital Italiano, la ALE, APyT Garrahan, el INCAA y otros sectores, junto a la izquierda con la que volvimos a jugar un rol clave, con el MST en el FIT Unidad, asegurando desde la madrugada una combativa columna.
A esa marcha solo llamó el sector de la CGT que responde al camionero Pablo Moyano, la Corriente Federal del bancario Palazzo y Pignanelli del SMATA, más la UOM de Capital, FOETRA, Aceiteros, Marítimos, Aeronáuticos, gremios de prensa y las dos CTA, con ATE que sí llamó a parar y Astilleros, así como la CTERA y SUTEBA que se negaron a parar, los docentes y no docentes universitarios que pararon por 48 hs. Más Libres del Sur, así como la UTEP, CCC, el Evita, La Cámpora y una columna del gobierno bonaerense con varios municipios. Aunque estos sectores vaciaron la plaza a media tarde, cuando sonaron los primeros gases. Con la izquierda quedamos solos haciendo el aguante.
La patria sí se vende…
Pese a tratarse la nefasta reforma laboral, los «gordos» de la CGT se negaron a movilizar con Daer por Sanidad, Comercio, Alimentación al igual que los «independientes» de la UOCRA, UPCN y Obras Sanitarias. En verdad son consecuentes, ya que Daer y Andrés Rodríguez de UPCN habían dicho: «no tenemos ningún problema en consensuar una reforma laboral». Lo aseguraron en el coloquio AmCham Summit 2024 que organiza la Cámara de Comercio de EEUU en Argentina con las mayores corporaciones del planeta.
Es que responden y son parte del PJ que está a favor de la reforma laboral, por eso se votó 37 a 33 la «Modernización laboral» y una supuesta «Promoción del empleo registrado» que legaliza el trabajo precario. Esto lo votaron 3 senadores peronistas, Alejandra Vigo, del PJ cordobés, pareja de Schiaretti y socia del gobernador Llaryora, además de Edgardo Kueider y Camau Espínola, senadores electos por el Frente Todos en Entre Ríos y Corrientes. Estos tres peronistas votaron todo a favor.
Espínola es senador por Corrientes desde 2015, fue Secretario de Deportes de Cristina Kirchner, en 2021 renovó su banca por el Frente de Todos y espera recibir en pago el traspaso del control de Yacyretá de la Nación a la provincia. Kueider es senador por Entre Ríos desde 2019, respondía al ex gobernador Bordet (PJ) y recibe a cambio la designación de cargos en el directorio de la represa Salto Grande, aprobado este jueves por el Decreto 523/2024 de Milei.
Otra escandalosa colaboración del peronismo al plan de entrega de Milei, fue la de otros 3 senadores del PJ que avalaron el RIGI, el Régimen para Grandes Inversores (Art. 162º al 226º), al sumar 38 votos contra 32. Esa diferencia fue por los votos de Guillermo Andrada de Catamarca, Sandra Mendoza de Tucumán y Carolina Moisés de Jujuy, senadores de Unión por la Patria.
Al revés del canto, con estos peronistas la patria sí se vende. Porque sin la abierta complicidad de estos senadores con años y tradición en el PJ, no había quorum o caía la ley o capítulos claves como la declaración de emergencias y la delegación de facultades especiales a Milei. Lo que se aprobó con el «desempate» de Villarruel, igual que la «Reforma del Estado» (Art. 2º al 62º). Una muestra más que el PJ, junto a la burocracia sindical traidora que le responde, no van más y es necesario hacer algo nuevo, con la izquierda y los trabajadores.
Las fuerzas del régimen, más que del cielo
Si Milei y Villarruel se pueden alzar con esta votación, compleja y que incluso tratarán de revertir en Diputados, más que por las «fuerzas del cielo», fue gracias a las fuerzas del régimen y esta democracia para los ricos, con un Senado como institución reaccionaria que se debería disolver.
En ese contexto, el primero en hacerles el favor del año, fue Lousteau (UCR). Porque peligraba la sesión ante el anuncio de dos senadores por Santa Cruz de no dar quorum. Pero Lousteau aseguró que diría presente y garantizó el quorum para tratar esta nefasta Ley Bases.
Dijo criticarla, presentó un despacho alternativo, denunció cambios «cosméticos», pero con hipocresía dijo dar quorum por «los jubilados y la educación», cuando en realidad evitó que cayera la ley. Así, el radical Abad que le respondía, votó después a favor y aseguró que Villarruel pudiera desempatar. La UCR siempre antiobrera.
Como los números eran justos, saltó además la compra de votos por cargos como el de la senadora por Neuquén, Lucila Crexel, a la que arreglaron con una embajada de la UNESCO en París. Otros negociaron cargos, a los gobernadores les dieron plata fresca para obras públicas paralizadas por la motosierra en Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Chubut, Neuquén, Jujuy, Catamarca y Tucumán.
A Mónica Silva, senadora por Río Negro, también la compraron luego de un acuerdo con plata y obras que cerró su gobernador Weretilneck, el que ella difundió impune en sus redes. Incluso se denunció que a Misiones le dieron fondos para sortear el conflicto docente y asegurar el voto de dos senadores por la Renovación que responden a Rovira en esa provincia prendida fuego.
Algo huele a podrido en Dinamarca…
Este podrido régimen democrático burgués junto a su reaccionario Senado no se privó de ninguna maña de la casta: los santacruceños Natalia Gadano y José Carambia, que votaron contra la Ley Bases en el tratamiento general, «desaparecieron» en la votación particular, con lo que aseguraron que el gobierno liberfacho lograra empatar votaciones claves, que pudo desempatar la vice.
Con esos dos votos por Santa Cruz, la derrota para el gobierno hubiera sido trágica. Por supuesto, nada es gratis, sino parte de una repudiable compra-venta de voluntades de quienes dicen ser «representantes del pueblo», pero responden a las órdenes de su gobernador y a sus intereses.
Solo eso explica esta votación, al haber 7 senadores de La Libertad Avanza y 6 del PRO, fue clave la complicidad del PJ, la UCR y los bloques de fuerzas provinciales para sumar 36 votos, y a duras penas, empatar. Como decía la frase de Hamlet (Acto I, Escena IV) donde hablaba de política y corrupción, «algo huele a podrido en Dinamarca». Y acá, todo huele mal.
Como publica la página del Senado, el 30 de mayo al firmarse los dictámenes, la Ley Bases sumó 10 firmas a favor, pero 11 en disidencia (9 en total y 2 parcial, entre ellas Crexell). Mientras que el Pacto Fiscal tuvo 2 firmas a favor y 7 en disidencia… Todo podrido, ni siquiera importaba para qué dictamen iba la firma, si al oficial o a uno de rechazo. Solo bastaba que las firmas estén.
Nunca se vio un despacho con tanta disidencia, pero igual se trató. Un proyecto con unas 50 modificaciones, con cambios por votos que el gobierno siguió negociando. Así aseguraron esta ley con un limitado gusto a triunfo, donde los partidos del régimen quisieron dar señales de acuerdo político para no debilitar a un gobierno que atraviesa su peor momento. El FMI, las corporaciones y el imperialismo lo exigían, y Milei quería mostrarla en el G7 como señal de gobernabilidad.
Al otro día los «mercados» celebraron. Los trabajadores, sectores medios y populares la rechazamos con fuerza y masividad, hasta con cacerolazos. La pelea está abierta, con la movilización y exigiendo el paro y plan de lucha nacional podremos ajustar cuentas con esta ley y enfrentar su aplicación.
Ley Bases y paquete fiscal: ¿Qué cambios votaron?
En los números del gobierno para evitar una derrota, era claro que la Ley Bases no pasaba. Por eso Abdala, el miembro informante oficial, arrancó la sesión anunciando nuevas modificaciones para asegurarse votos. Entregaron puntos claves, que hacen a reclamos de lucha social, al reducir al máximo la lista de empresas a privatizar y retirar el capítulo que eliminaba la moratoria previsional.
Aún sin cambiar la esencia antiobrera de la ley, limitaron la facultad del Ejecutivo para disolver organismos relacionados con la cultura, el INTI, SENASA o la Comisión de Energía Atómica. También hicieron concesiones en el RIGI y acordaron reanudar obras públicas paradas que estén avanzadas, además de aumentar las regalías mineras a las provincias, del 3% al 5%.
Hacer lo que pueden, no lo que quieren
El motor de la motosierra privatista de Milei se chamuscó. Es que de las 41 empresas originales a privatizar, bajaron a 18, luego a 11 y con el dictamen quedaron en 4. Pero finalmente, como parte de la lucha popular y de roces inter burgueses, quedaron solo en 2, al verse obligados a eliminar a Aerolíneas y a Radio y Televisión Argentina de las empresas a privatizar. Y tener que sacar al Correo, que estaba sujeto a concesión.
Así solo quedan ENARSA e Intercargo para privatizar, todo un símbolo de que hacen lo que pueden y están lejos de hacer lo que quieren, ya que privatizar hace al mantra mileísta. Las empresas sujetas a concesionar son AySA, Belgrano Cargas, Corredores Viales y Trenes Argentinos (Sofse). Mientras Nucleoeléctrica (Atucha I y II, y Central de Embalse) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio podrán incorporar capital privado, pero con mayoría estatal.
También rebajaron las «emergencias» que le otorgan súper poderes a Milei: de las 11 iniciales quedaron solo 4: administrativa, económica, financiera y energética. Esto podía haberse volteado, pero lo salvó la complicidad de los 3 senadores del PJ (Córdoba, Entre Ríos y Corrientes), más los 2 santacruceños que «desaparecieron» para no votar en contra, con lo que hubo empate en 35 votos y desempató Villarruel.
Otro triunfo celebrado en el movimiento de jubilados y gremial fue que eliminaran el capítulo previsional (Art. 226º y 227º) y siga rigiendo la moratoria jubilatoria para quienes no reúnen los 30 años de aportes. Cayó también la nefasta Prestación Proporcional de Retiro que implicaba cobrar solo el 80% de una jubilación mínima y elevaba de hecho a 65 años la edad para jubilarse de las mujeres.
Antes había sido un triunfo arrancarles la facultad de saquear los activos de las y los jubilados, acumulados en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional (FGS). Todos puntos resistidos por el ministro Caputo, ya que afecta su plan motosierra y déficit cero, a costa de los jubilados.
Reforma laboral y RIGI: entregar conquistas obreras y el país
Si bien acordaron cambios con los gobernadores patagónicos para restituir el impuesto al salario, fue un triunfo indirecto de la lucha obrera que se rechazara por 41 votos a 31 todo el Título V del paquete fiscal que restituía ese nefasto impuesto.
También hicieron modificaciones al régimen de Bienes Personales que grava a propiedades en el país y el exterior, para intentar beneficiar a los ricachones, al aumentar de $27 a $100 millones el piso por el cual se debería pagar y bajar fuertemente las alícuotas, pero eso también fue rechazado y dependerá de lo que pase en Diputados.
Hubo cambios menores en un blanqueo de capitales que abre las puertas al lavado de dinero y al narcotráfico, ya que solo sumaron que los hermanos de funcionarios no puedan acceder, al igual que los funcionarios que ocuparon un cargo en los últimos 10 años.
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) por el que reciben grandes beneficios tributarios y cambia-rios y estabilidad fiscal por 30 años los pulpos extranjeros, tuvo cambios parciales. Mantiene el proyecto de país factoría o enclave de las corporaciones, a las que les garantiza la depredación indiscriminada y entrega de nuestros recursos naturales, en particular los no renovables sin obligarlas a aportar dólares, ni a crear trabajo ni a usar maquinaria local ni a someterse a evaluaciones de impacto ambiental.
Entre esas modificaciones se obligaría a las empresas que adhieran al RIGI a presentar un plan de desarrollo con proveedores locales. Se equipara a las industrias nacionales para que accedan a esos beneficios fiscales y cambiarios. Y limaron el Art. 163º que declaraba «nulo de nulidad absoluta» toda norma provincial contraria al RIGI, para que aplique solo a las provincias que adhieran al régimen. Entrega al palo y beneficios solo para las patronales, extranjeras y «nacionales».
Donde no hubo diferencias fue en la pérfida reforma laboral, con la UCR sumando incluso la criminalización a los bloqueos de fábricas o empresas como causal de despido. Aprobaron extender los períodos de prueba, eliminar toda multa a las empresas por tener trabajo no registrado, legalizando así el empleo precario, además habilita el fin de las indemnizaciones, permite a las patronales contratar trabajadores «colaboradores» fuera de convenio y sin ningún derecho, y pone fin a la estabilidad del empleo público. Todo esto dejó pasar la podrida burocracia de la CGT que responde al PJ. Con ellos también habrá que ajustar cuentas.