El día martes 28 de mayo el Fiscal provincial Emilio de Aragón ordenó el allanamiento de la sede gremial de ATE Río Cuarto y del domicilio particular de su secretario general, Federico Giuliani. El operativo se enmarcaría en una causa iniciada por la movilización del 25 de mayo en 27 de abril y General Paz que fue reprimida por la Policía provincial.
Como parte de la misma causa, Giuliani fue citado a Tribunales II el miércoles 29 de mayo en Tribunales, donde fue acompañado por referentes de distintos sindicatos y organizaciones sociales entre los que se encontraba Gastón Vacchiani, secretario general de UTS y Agustin Nazar del MST Teresa Vive, también el secretario general y al secretaria de organización de UPEC Capital, Lucrecia Cocha.
En la audiencia la justicia le notificó la imputación a Giuliani a la vez que le impuso restricciones a la libertad que serán apeladas. Este no es un hecho aislado, se enmarca en una persecución sistemática a los luchadores que en nuestra provincia es de vieja data y se ha agudizado a tono con las políticas nacionales en curso.
De hecho Giuliani ya está imputado en otra causa, junto a Agustin Nazar y otros tres referentes, por movilizarse exigiendo comida para los comedores en abril del 2023. También hay 27 estudiantes de la UNC que se enfrentan a un juicio por participar de la lucha en defensa de la educación pública en 2018. Hay también un Juez de Control, Juan Manuel Fernández López que a fines del 2023 emitió un fallo prohibiendo las protestas utilizando como argumento que “hay que cortar la cabeza de las organizaciones”. Y hace unas semanas el domicilio de un miembro de la Comisión Directiva de ATE provincia fue allanado por haber cuestionado públicamente al diputado Carlos Gutierrez por su voto a la Ley Bases.
En la puerta de Tribunales II, mientras transcurría la audiencia hablaron los referentes presentes, Gastón Vacchiani de la UTS dijo: “Hay un intento del gobierno de disciplinarnos y utilizan para eso a la justicia cómplice con una brutalidad total, en un allanamiento violento, ingresando por la fuerza a la casa y secuestrando el teléfono de su hijo de 9 años, es un hecho totalmente repudiable. Y van contra nosotros, contra ATE, UEPC, UTS, contra el sindicalismo combativo porque saben que no nos callamos, que no transamos y que estamos en las calles contra el ajuste. Tenemos que estar más unidos que nunca y que sepan que si tocan a uno, nos tocan a todos”.
Hoy, a 55 años del Cordobazo, es más necesario que nunca reafirmar la defensa irrestricta del derecho a la protesta, que es con el que conseguimos y defendemos todos los demás derechos.