El día miércoles 29 de mayo por la mañana en la mítica esquina de Colón y general Paz las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, familias, prestadores, y personas autoconvocadas se dieron cita para exigir que retiren de inmediato el decreto firmado por Diego Spagnuolo, abogado personal de MIlei y director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad -ANDIS-, por el cual se pretende desregular el el Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, afectando gravemente la calidad de vida de más de 200 mil personas y el trabajo de unas 150 mil.
¿De qué se trata el decreto?
Actualmente es la ANDIS la que establece los montos de las prestaciones que son iguales para todas las financiadoras, sean estas obras sociales, prepagas, PAMI o el Programa Federal Incluir Salud (para aquellas personas con pensiones no contributivas que no tienen cobertura de salud).
El proyecto, que según algunas fuentes ya tiene dictamen firmado por la Secretaría Legal y Técnica con fecha 24/05, viene a modificar eso, estableciendo lo siguiente: “Se determina que los organismos públicos nacionales financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad mencionados en el artículo 7° de la Ley N° 24.901 y su modificatoria fijarán de forma independiente -y no vinculante entre ellos- los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.”
Es decir, a partir de esta desregulación, los montos de las prestaciones serán diferentes según la cobertura que tenga, lo que va a provocar una desigualdad en el acceso. Por lo tanto atenta directamente contra el principio de universalidad y viola la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que Argentina suscribió en 2007 e incorporó a sus normativas a través de la Ley 26378.
Una lucha crónica
La movilización, que partió de Colón y general Paz, se dirigió a la Superintendencia de Servicios de Salud con el objetivo de dejar un petitorio de 7 puntos, que incluyen la exigencia de que se retire inmediatamente el decreto, a la vez que retoma demandas históricas que la discapacidad viene planteando hace años, por ejemplo exigen la actualización de los aranceles y que sean pagados en no más de 30 días, ya que los mismos presentan un enorme atraso y demoran meses en pagarse. Además reclaman que las organizaciones que representan a las personas con discapacidad sean consultadas frente a cualquier decisión que se tome que afecte su vida, tal como lo establece la ley.
La discapacidad está en lucha desde hace mucho porque los sucesivos gobiernos no hicieron lo necesario para garantizar sus derechos. Como ejemplo claro en la movilización se mencionaba que cuando se ofrece a los prestadores un trabajo con APROSS (Administración Provincial del Seguro de Salud que cubre a los empleados públicos provinciales y tiene más de 600 afiliados) nadie quiere tomarlo porque se sabe que pagan al 60% y tardan muchos meses en abonar. Es decir la desigualdad ya reina en el sistema y lo será mucho más si se desregula completamente.
La discapacidad no nos limita, el ajuste sí
El ataque de este gobierno es frontal contra todos los derechos de los trabajadores y sectores populares, sobre todo de los más vulnerables. Este decreto es un paso más en ese camino, que se suma a los despidos en el Estado, el congelamiento de las pensiones, la violencia simbólica, los discursos de odio. A ese combo nefasto la discapacidad responde con fuerza y contundencia y cuentan con el apoyo solidario de diversos sectores sindicales, sociales y políticos. Entre ellos estuvo presente en la marcha la legisladora por el MST en el FITU Luciana Echevarría quien se puso a disposición de esta pelea.
En las calles de Córdoba en el 55 aniversario del Cordobazo, la lucha por la inclusión se sintió con fuerza, como cantaban en la marcha “traigan a Llaryora y a MIlei para que vean que les discas no cambian de idea seguimos luchando por más inclusión”. La pelea va a continuar en Córdoba y en todo el país hasta lograr que se retire el decreto de desregulación y se cubran todas las prestaciones para garantizar el sistema de apoyos y todos los derechos.