Si bien es una versión notoriamente recortada de aquella ley ómnibus original, que fue derrotada por las jornadas de movilización popular en Congreso, de todas maneras el nuevo proyecto ataca derechos laborales y sociales, y favorece a los grandes capitalistas. Aquí un primer análisis, sobre todo en cuanto al tema trabajo.
El gobierno de Milei, con el apoyo de diputadxs de la UCR, Hacemos Coalición Federal y el PRO, logró dictamen del nuevo proyecto de ley bases. Si bien su amplitud es menor que la fracasada originaria, esta nueva versión conserva intacto su espíritu antiobrero, reaccionario, autoritario y benefactor de los ricos y grupos económicos amigos más concentrados.
Para entrar en vigencia tendrá que aprobarse en la Cámara de Diputados y luego pasar al Senado. El texto consensuado por las fuerzas colaboracionistas de Milei, y que cuenta con el aval de la CGT en su apartado de reformas a la legislación laboral, de llegar a ser ley hará perder derechos históricos a la clase trabajadora, dará beneficios a los empresarios, privatizará numerosas empresas estatales y dejará un terreno fértil para el saqueo de nuestros recursos a las corporaciones.
Un régimen político autoritario, ajuste y privatizaciones
En su artículo 1 declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética y a su vez se delegan facultades legislativas a Milei, superpoderes. En concreto, el presidente podrá legislar mediante decretos, salteando al Congreso, en las materias que tengan que ver con dichos ítems.
La ley faculta a Milei a desmantelar organismos estatales. Si bien lo viene haciendo, con miles de despidos, recortes presupuestarios y cierres de reparticiones, en su mayoría esos despidos y cierres son ilegales porque los empleados públicos tiene estabilidad absoluta y porque las reparticiones y organismos del Estado fueron creados por leyes de rango superior a los DNU o resoluciones ministeriales.
Así, sus cómplices radicales, del PRO y la banda de Pichetto, Stolbizer y demás le facilitan a Milei desmantelar el Estado con menos obstáculos judiciales posibles. El art. 3 le posibilita cerrar a piacere organismos estatales que cumplen roles sociales.
A la vez, el capítulo 2 del proyecto habilita a privatizar empresas estatales: Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Aysa, Televisión Publica, Sofse (ferrocarriles), entre otras.
Nueve golpes contra los trabajadores y los jubilados
- El proyecto perjudica la estabilidad de los empleados públicos, vulnerando la que hoy rige por regla constitucional (art. 14 bis de la Constitución Nacional). Además “flexibiliza” las condiciones laborales de los estatales, agrega y endurece causales de sanciones y cesantías para los trabajadores, y limita el derecho a huelga al establecer expresamente el descuento salarial (capítulo 4).
- Para el empleo privado, alienta el trabajo no registrado e inestable y les garantizan mano de obra barata a los empresarios. El capítulo mal llamado Promoción del empleo registrado elimina las multas por trabajo irregular que dispone la legislación actual. Además elimina las sanciones a los empresarios por incumplir la registración de los trabajadores y el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social. Al facultar al Poder Ejecutivo a eliminar las acciones penales y los registros de infractores existentes, alienta a las patronales esclavistas.
- Esto tiene dos graves consecuencias: en vez de promover el “empleo registrado”, es obvio que si las consecuencias por no registrar van a ser nulas para las empresas, éstas optarán por la opción más barata: tener trabajadores en negro. Las sanciones apuntaban a desalentar esa modalidad, y si así y todo el trabajo en negro ronda el 40% del total, imaginemos qué pasará si las patronales quedan impunes.
- Los aportes y contribuciones a la seguridad social que genera el trabajo registrado financian los subsistemas que proveen prestaciones a quienes lo necesitan, por el principio de solidaridad: jubilaciones, pensiones, prestaciones por desempleo, PAMI, entre otras. Milei busca desfinanciar las cajas jubilatorias, lo que va a disminuir las ya magras prestaciones. Estas nuevas (des)regulaciones benefician a los capitalistas y perjudican al trabajador activo, jubilado, desocupado, pensionado, o sea al que menos tiene.
- La ley modifica la actual Ley de Contrato de Trabajo (LCT), eliminando derechos laborales históricos. El capítulo Modernización laboral, título hipócrita, incentiva la precarización del trabajador y la evasión patronal. Modifica el art. 29 de la LCT alentando la tercerización. Esto favorece a las grandes empresas, que podrán contratar a través de terceros y evadir su responsabilidad ante los trabajadores.
- Aumenta el período de prueba. Hoy, luego de tres meses, el trabajador queda efectivo. Si se aprueba la ley se extenderá a 6 a 8 meses, según el tamaño de la empresa. En la práctica habrá como una puerta giratoria por la que entran y salen trabajadores, desalentando la contratación a largo plazo y alentando los despidos gratuitos cada 6 u 8 meses. De moderno no tiene nada: ya lo aplicó Menem en los ’90 y provocó más desempleo, crisis y el estallido de 2001.
- Perjudica la licencia por embarazo. La LCT dispone 90 días de licencia paga, en dos períodos: 45 días previos al parto y 45 después. Por decisión de la trabajadora se puede disminuir la licencia previa a 30 días y el resto se acumula luego del parto. Ese límite busca evitar que los patrones exijan a la embarazada seguir trabajando hasta poco antes del parto. En cambio, el proyecto acorta el plazo de opción previo al parto a 10 días. Es decir, habilita el abuso patronal.
- Facilita el despido discriminatorio. Hasta ahora, si el despido es por discriminación (ideológica, gremial, política, etc.), el empleador debe demostrar que no fue por eso. El proyecto invierte la carga de la prueba y así será el despedido quien deba demostrar la causa. Según la actual Ley 23.592 Antidiscriminatoria, los actos discriminatorios (incluido el despido) son nulos y por tanto el empleador que despidió por esa razón debería pagar todos los salarios que el empleado hubiera percibido hasta que se dicte sentencia más las indemnizaciones por despido. O reinstalar al trabajador, si éste así lo decide.
- El proyecto va contra esa ley, al limitar a un 50% más la indemnización por despido discriminatorio y eliminar la figura de la reinstalación que regía para los despidos de activistas, entre otros. En suma: un acto discriminatorio ajeno a la relación laboral es nulo, pero un despido discriminatorio ejecutado por un capitalista es válido.
- Abarata y favorece los despidos. El proyecto elimina la obligatoriedad del pago de la indemnización por despido y permite que en la paritaria se cambie por un “fondo de cese laboral”, sin costo para la patronal, lo cual alienta los despidos.
- Se incluye la figura del colaborador, o sea más esclavismo. Excluye del régimen laboral y las obligaciones al empleador que contrate hasta cinco trabajadores, a los que llama colaboradores. Como no tendrían relación de dependencia, no tienen derechos, ni jornada laboral, ni vacaciones, ni licencias ni indemnización por despido: cero derechos.
Todos estos cambios son inconstitucionales: violan el art. 14 bis de la Constitución en casi todos sus aspectos. Quitan estabilidad al empleo público, desprotegen al trabajador privado, desfinancian los sistemas de seguridad social, limitan el derecho de huelga y contrarían los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, que establecen el principio de no regresividad en cuestiones sociales. Es decir, que no se pueden reducir derechos, sólo ampliarlos. Este principio lo reconocen la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 26) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (art. 2.1). Por ende, una ley no puede ir contra esos tratados ni contra la Constitución.
Eso sí: Milei sacó de su proyecto la anulación de la “cuota solidaria”, que se descuenta a todo trabajador en favor del sindicato cada vez que hay un aumento salarial: un guiño a la burocracia sindical para negociar…
Luz verde al saqueo imperialista
El proyecto de Milei plantea también terreno fértil para la fuga y el blanqueo de capitales vía desregulaciones, lavado de dinero, inclusive del narcotráfico, y es totalmente regresivo al aumentar los impuestos a los trabajadores y bajarlos a los empresarios.
El capítulo sobre Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) facilita el saqueo de los recursos naturales, al servirles en bandeja un festín a las multinacionales, que se beneficiarán con exenciones fiscales y libre disposición de sus ganancias para enviarlas al exterior.
Como si fuera poco, este proyecto va a incrementar aún más la pobreza de adultos mayores, en especial de las mujeres, al eliminar las moratorias que les permitieron acceder a la jubilación a millones de amas de casa y trabajadores que no estaban registrados. Nueve de cada diez mujeres accedieron a la jubilación mediante moratorias, posibilidad que se busca eliminar.
¡Hay que impedir que se vote esta aberración antipopular! En la marcha universitaria millones en las calles demostramos que sobra fuerza para luchar. El 29 hay que volver a marchar a Congreso para que no se apruebe esta ley y avanzar en construir una alternativa política unitaria de izquierda para que de una vez por todas gobernemos las y los trabajadores.
Mariana Chiacchio
CADHU-MST