La ciudad de Rosario vive momentos de enorme tensión, la población se encuentra atemorizada por miedo a ser un número más en la estadística de muertos al azar o de padecer alguna herida por las balaceras contra instituciones escolares, colectivos, taxis o cualquier otra institución gubernamental.
El rally de muerte y barbarie volvió a tomar impulso el pasado sábado 2 de marzo, cuando se produjo una feroz balacera sobre micros de larga distancia que trasladaban personal policial del Servicio Penitenciario Provincial. A pesar de la gran cantidad de disparos no se lamentaron muertos y solamente hubo heridos leves.
Pero tras la represalia sobre grupos de detenidos en la cárcel de Piñero, y las distintas publicaciones en redes sociales de funcionarios de la cartera de seguridad provincial dirigida por Pablo Cococcioni -quien defendió los métodos al estilo Bukele-, la violencia y la muerte se recrudecieron. De esta forma, luego de que los funcionarios hicieran gala de fotos sobre los procedimientos en los distintos penales provinciales, se inició un verdadero estado de caos y de asesinatos al voleo.
El primero de ellos fue el pasado martes 5 de marzo por la noche, cuando un trabajador taxista identificado como Héctor Figueroa fue asesinado de un balazo en la cabeza en inmediaciones de Flammarión al 5000, casi Lamadrid, en la zona sur de la ciudad. Casi veinticuatro horas después, más específicamente el pasado miércoles 6 de marzo, cerca de la medianoche otro taxista fue asesinado en inmediaciones de Marcelo T. de Alvear y Garmendia, a unos 500 metros del monumento a Evita. En ambos casos quedó una zapatilla a pocos metros del auto que el joven trabajador alquilaba para poder sobrevivir. Ambos fueron asesinados por el mismo arma y con balas que tienen inscripciones de la policía provincial.
La bronca del sector de trabajadores de taxis desencadenó en un paro que se extendió por cerca de treinta horas y una movilización al Concejo Deliberante de la ciudad. La contundente concentración provocó incluso la suspensión de la apertura de las sesiones en el Concejo y que Pablo Javkin, intendente de la ciudad, se viera obligado a recibir a representantes del sector de trabajadores del volante.
Sin embargo, la violencia y la barbarie siguieron extendiéndose. Esta vez fue sobre un chofer de la línea K, que fue atacado a tiros en la cabeza este jueves 7 de marzo en las calles Mendoza y México, a pocos metros de la parada final recorrido, y fue rápidamente trasladado al hospital HECA. El chofer, padre de tres hijos, se encuentra en grave estado pero fuera de peligro de muerte. Mientras tanto, por la noche de ese mismo jueves hubo balaceras contra la comisaría 15° e incendios de automóviles.
La clase política alejada de las mayorías
A pocas horas de la muerte del primer taxista el día martes, el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni aseguró que la víctima “pasó a diez cuadras del corredor seguro acordado” con las cámaras del sector. De esta forma, buscaba hacer responsable al trabajador de su propia muerte. Pero la repudiable declaración intentaba ocultar las denuncias que pesan sobre su contra de haber provocado este estado de situación por las diferentes fotos diferentes funcionarios de su cartera de presos siendo requisados al estilo Bukele.
Pese a que sigan insistiendo con que los diferentes crímenes no tienen relación alguna con las imágenes difundidas en las redes y las amenazas de que la próxima vez “será peor”, en Rosario y alrededores son miles los que lo dan como una afirmación contundente. A tal punto, que muchos han salido a repudiarlas por el temor a mayores represalias.
Lo cierto es que la clase política gobernante de la provincia de Santa Fe no padece ninguna de estas violencias ni tiene en peligro su vida. Se trata de una clase política que cree que las transformaciones de seguridad se realizan con mera mano dura en los penales y humillaciones públicas. Ninguno de los integrantes del actual gobierno de Pullaro está dispuesto a avanzar en romper el armazón de mafia y muerte orquestado por fuerzas políticas, empresarios, poder judicial y policial y las bandas de delincuentes que custodian el negocio de la droga que sale por los puertos de la región a gran parte del mundo.
El negocio del narcotráfico es millonario, pero a esta altura no quedan dudas que el problema en Rosario no es solo un problema de seguridad, sino un tema social profundo. La mano de obra de los jefes criminales, en su mayoría detenidos, son jóvenes de sectores sociales que se encuentra fuera del sistema.
Terminar con este estado de caos y barbarie requiere medidas de fondo tales como la purga de toda la fuerza policial provincial, expulsión inmediata de jueces y fiscales asociados a causas de corrupción, atender con urgencia los problemas sociales de urbanización barrial, creación y mejoramiento de centros de atención de salud y escuelas, generación de trabajo genuino y lugares de atención a situaciones de consumo problemático. Además, es necesario recuperar el control de los puertos y el control exhaustivo de las vías de comunicación para frenar el transporte de enormes cantidades de drogas; como también una política de debate serio sobre la legalización de las drogas, entre otras medidas que solamente la izquierda viene aportando al debate desde hace años.