En sintonía con el ajuste que lleva adelante el presidente Milei a nivel nacional, en la provincia de Mendoza Cornejo pretende hacer votar una ley que avasalla los derechos de los profesionales del equipo de la salud pública. Esta ley, presentada por el Ejecutivo como una reforma para mejorar la salud, en realidad no pretende más que un ahorro del gasto que, como siempre, pretende que recaiga sobre los trabajadores.
Desde hace unos días, a través del ministro de Salud, Rodolfo Montero, y defendida por el propio Cornejo se dio a conocer un proyecto de ley que el Ejecutivo provincial enviará a la Legislatura. Con el pomposo nombre de Plan Provincial de Salud 2024-2030, el paquete de 26 leyes pretende un verdadero ajuste en el gasto en salud por parte del Estado, por más que se lo disfrace de un intento de mejoras o de búsqueda de eficiencia y eficacia, o demás eufemismos.
El plan tiene como objetivos no solo bajar los salarios y montos percibidos por los profesionales del sector público sanitario; sino acabar con la estabilidad laboral, acabar con las negociaciones paritarias, prescindiendo de los gremios como representantes de los trabajadores, entre otras perlas. Y afecta a una gran parte de los profesionales, sobre todo a los farmacéuticos, licenciados en enfermería, médicos contratados y médicos residentes.
Escapa al alcance de este artículo abordar y desenmascarar todos y cada uno de los artículos, con los que se pretende avanzar. En forma resumida iremos a los aspecto medulares que afectan a las distintas profesiones involucradas. En el caso de los farmacéuticos, queda clarísimo el objetivo ajustador. Hoy todos ellos cuentan con el denominado bloqueo de título, esto es, que dichos profesionales al trabajar para el Estado, no pueden hacerlo en el sector privado. Cosa por demás necesaria y lógica, habida cuenta que evita una serie de incompatibilidades de intereses, ya que están involucrados en la compra de medicamentos e insumos para los hospitales. Si trabajasen en el sector privado, se prestaría a dudas si pudieran beneficiar a tal o cual proveedor, por ejemplo, aspecto que por otra parte deben declarar ante el propio Tribunal de Cuentas de la Provincia. El proyecto de Cornejo borra de un plumazo ese bloqueo de título, con el verso de impulsar que se puedan desarrollar con libertad y progresar por otros caminos. El objetivo es muy claro: el bloqueo de título representa el 40% o más del sueldo de los farmacéuticos. De aplicarse entonces, los trabajadores perderían este 40% y el gobierno se estaría ahorrando ese dinero. Clarísimo.
Con respecto a los licenciados en Enfermería, desde hace años vienen luchando para que el anterior gobierno de Cornejo y luego el de Suárez les reconociera su título universitario y el pasaje al tramo de categoría de Profesionales a las nuevas camadas recibidas de Licenciados, sin conseguirlo hasta ahora. Hoy, este proyecto legaliza el no reconocimiento de su título y categoría, ya que define claramente cuatro o cinco funciones para las cuales el gobierno considera “útiles” a los licenciados. Es decir, si ellos no están en funciones de dirección, de investigación o de gestión por ejemplo, entonces no los necesita, por ende no se les paga como tales. Esto es, pueden tener el título pero no se les reconocerá como tales. El resultado, al igual que con los farmacéuticos, es ahorrarse el monto que equivaldría pagarles como licenciados en el tramo profesional de salud.
Con los médicos el proyecto ya adquiere dimensiones burdas, rayanas en lo anticonstitucional, dado que divide a los mismos en 5 categorías o grupos: médicos de guardia, de servicios críticos, de gestión, de áreas no críticas y de centros de salud. Y a cada uno les paga distinto. Inventan la figura de la “unidad sanitaria”, y según las necesidades del Estado es lo que les pagan. Por si fuera poco, el sueldo en unidades sanitarias solo tiene un básico del 65% y el resto es una especie de “ítem aula de la salud”, donde deben cumplir una serie de requisitos arbitrarios para que cobrarlo a fin de mes (asistencia, actualización, cumplimiento, etc.). Un ejemplo grosero es que un médico de un servicio no crítico parte de las 3 unidades sanitarias, mientras uno de críticos de las 13 y uno de guardia de 10; estableciendo tremendas diferencias entre profesionales con un mismo título habilitante. Una vez más, lo que pretende es ahorrarse plata y pagarla solo donde no le queda más remedio porque los necesita sí o sí. La ley entonces habilita para establecer estas diferencias.
También pretende acortar la duración de las Residencias, bajando en consecuencia el tiempo de formación profesional que es una conquista de este sector, con el objetivo no solo de “ahorrarse” un año de pago de salarios a los médicos; sino de disponer antes de más médicos para que entren en el tramo siguiente de esta ley que ya vimos en el punto anterior.
A todo lo demás debemos agregar que con esta ley el gobierno es el que decide unilateralmente cuánto paga, a quién paga más y a quién menos, baja cargas horarias, desconoce títulos, etc.; sin la intervención de los gremios como intermediarios de los trabajadores para defender sus derechos. Esto lo hace porque entre los trabajadores existe desconfianza en los gremios (AMPROS y ATE), porque en las anteriores peleas no estuvieron o no estuvieron a la altura de las circunstancias.
Opinamos que esta proyecto de ley es un brutal ataque a las conquistas del equipo de salud en general y sobre todo redundará en perjuicios para la población de Mendoza. De pasar, significaría un paso muy importante en la precarización laboral de todo el sector. Por eso debemos apoyar la lucha la salud y llamamos a todos los gremios estatales en particular a sumarse a la pelea, ya que de pasar esta ley en salud, representaría no solo una derrota para este sector; sino que habilitaría al gobierno de Cornejo a avanzar sobre los otros sectores del Estado.