Desde que asumió Javier Milei la reforma laboral es un sueño para su gobierno. El primer intento, enmarcado en el mega DNU, hoy se encuentra bloqueado por la Justicia, ya que el capítulo que atañe al tema se declaró inconstitucional. De todas formas, el gobierno se presentó a la Corte Suprema para intentar torcer el fallo en su contra. Y además, como lo va a hacer con capítulos enteros de su fracasada Ley Ómnibus, prepara un proyecto para presentar en el Congreso.
Como se ha hecho público según algunos medios, quien andaría detrás de la elaboración del proyecto que se remitirá al Poder Legislativo es Federico Sturzenegger, el mismo personaje que diseñó la Ley Ómnibus para intentar resetear el régimen jurídico y económico del país y favorecer aún más a las grandes empresas extranjeras y locales. “Facilitar la contratación de empleados y hacer más flexible un mercado”, este es el mismo argumento que siempre repiten los sectores allegados al asesor.
Sin embargo, en Argentina estamos en tiempos donde la precarización, lo que para ellos es la “flexibilización”, se encuentra en niveles históricos. No sólo porque gran parte de los trabajadores en relación de dependencia se encuentran por debajo de la línea de pobreza; sino también porque hay un contingente que durante toda su vida, por admisión de los gobiernos y las burocracias sindicales, han trabajado bajo la informalidad sin ningún derecho laboral.
Lo cierto es que esta nueva intentona del gobierno lejos está de producir más fuentes de trabajo. Como se sabe, hasta el momento, según el INDEC la utilización de la capacidad instalada en la industria está en el 54,9%, dato casi comparable a lo peor de la pandemia o años turbulentos como el 2002 con una Argentina desbastada. En este marco, lo que seguramente prime, por el carácter recesivo de las políticas del gobierno, es una ola de despidos. Por tanto, la introducción de una reforma laboral no sería más que para reducir derechos. Si enumeramos, el plan es: eliminar el sistema de multas a las patronales, cambiar el sistema de indemnizaciones haciéndolas correr por cuenta de los propios trabajadores, limitar o eliminar el derecho a huelga, suspender la ultraactividad, entre otras más medidas.
El gobierno, aún golpeado por el traspié en el primer intento en el Congreso, donde no pudo obtener ningún triunfo en las sesiones extraordinarias, busca cómo lanzar esta agenda de cara al inicio del año legislativo a partir del 1 de marzo. Aún no se ha oficializado el envío de este proyecto, pero se sabe que lo harán. Por ahora priman las especulaciones del oficialismo para ver cómo ganar musculatura dentro del Congreso. Ahí entra la negociación y posible unión en un interbloque con el ala más dura del PRO, pero todo está en veremos.
Sí está claro que ante estos rumores y el actual estado de la situación social, donde el 57,4% de la población se encuentra debajo de la línea de pobreza -según un informe de la UCA-, la CGT y la CTA no pueden demorar más un nuevo paro general y un plan de lucha. Desde la izquierda, particularmente desde ANCLA, la organización sindical del MST en el FIT-Unidad, se exige este rumbo teniendo en cuenta lo que arrojaron las diferentes jornadas donde se enfrentó al gobierno en las calles: se le puede torcer el rumbo.
Organizar a los trabajadores con asambleas por lugar de trabajo, exigiendo lo mencionado a las burocracias sindicales, va a ser el paso necesario para enfrentar el nuevo ataque que prepara Milei en materia de derechos laborales.