Milei recibió un espaldarazo del gobierno norteamericano en la cumbre de Davos. No es para menos, el reciente decreto de necesidad y urgencia y el proyecto de mega ley enviado por el gobierno al Congreso están al servicio de pagar hasta el último dólar de la fraudulenta deuda externa al Fondo y todos los usureros internacionales, ocasionando una apertura sin precedentes de nuestra economía a los negocios de las grandes multinacionales.
Primero fue la mega devaluación, la liberación de precios y todas las medidas económicas lanzadas por el ministro de economía, Luis Caputo. Luego el anuncio del protocolo anti-piquetes con Pato Bullrich a la cabeza. Finalmente, el lanzamiento de un DNU que, pasando por encima de la normativa constitucional, intenta desregular sectores claves de la estructura económica del país. Finalmente, el envío del proyecto de ley llamado «Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos», también conocido como «Ley de la Argentina en Remate» o la «libertad» de morirse de hambre y entregar al país -en tiempo récord- por dos pesos, completó esta primera tarea (Milei dice que hay más).
El megadecreto publicado en el Boletín Oficial a fines de diciembre contiene 366 artículos con diferentes modificaciones y derogaciones de leyes para «reestructurar la economía argentina». La legislación del país determina que para que un DNU pierda vigencia debe ser rechazado por las dos Cámaras legislativas. Este decreto 73/23 no respeta ni la «necesidad y urgencia» con que la Constitución Nacional habilita al Poder Ejecutivo a dictar normas -en forma muy limitada- sin pasar por el Congreso. Por eso ya acumula más de 10 de sus 14 capítulos frenados por medidas judiciales que invalidan o suspenden su aplicación, hasta que la Suprema Corte -que pateó su intervención hasta después de la Feria Judicial de enero- o el Congreso se definan sobre la legalidad del mismo. Su texto fue incluido en el proyecto de Ley Ómnibus enviado al Congreso.
El proyecto de megaley con sus 664 artículos que modifican cientos de leyes vigentes, completa los cambios, ya que hay temas sobre los cuales la Constitución impide legislar por decreto.
El intento de poner patas para arriba toda la legislación vigente para abrir nuestra economía al ingreso del gran capital en la forma más salvaje, se está tratando en las comisiones habilitadas para tal fin en el Congreso en un marco de creciente convulsión política expresada en la proximidad el paro nacional y movilización lanzado por la CGT para el próximo 24. Existe una ardua negociación de los funcionarios y legisladores de «La Libertad Avanza», para que pasen la mayoría de los cambios allí propuestos.
¿Cuáles son los principales cambios propuestos en el DNU y la Ley Ómnibus?
Dada la magnitud de la lista se hace inabarcable para un artículo periodístico. Ofrecemos un acotado resumen:
1- Declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Plazo que el Poder Ejecutivo podrá prorrogar por otros dos años hasta el fin del mandato. Durante esta «emergencia» el gobierno podrá legislar por decreto obviando al Congreso en las materias que esta abarca.
O sea, prácticamente se anula el Congreso y se pretende consagrar a Milei «rey» de la Argentina. Esta es la medida, que implica una suerte de golpe de Estado, más resistida, incluso por sus bloques políticos aliados (PRO, radicales y Cambio Federal y existen negociaciones. El mentidero político habla de que podría reducirse ese plazo a un año prorrogable por el Congreso a otro año más. Sin embargo, de aprobarse, durante ese periodo Milei podría alterar gran parte de la legislación a su antojo, incluso los cambios que sean rechazados de su actual DNU y mega ley.
2- Un paquete de medidas (que completan las ya anunciadas por Caputo) con el objetivo de alcanzar la enorme meta de ajuste que significa llegar al 2% de superávit primario antes del pago de la deuda de las cuentas fiscales.
Entre las más importantes podemos mencionar la anulación de la actual fórmula de movilidad jubilatoria y la liquidación del Fondo de Sustentabilidad del ANSES. Aducen que una actualización discrecional del gobierno permitirá recuperar de manera más eficaz el poder adquisitivo perdido frente a la inflación. Sin embargo, todos hemos visto el cuadro de recorte del gasto presentado por Caputo que fija en un 0,4% menos del PBI (una enormidad de plata) lo que se propones recortar del presupuesto previsional. También hemos visto la pérdida de un 25% (la inflación de diciembre) el poder adquisitivo sin que se les mueva una pestaña.
- La conversión en Sociedades Anónimas como paso previo a la privatización de 41 empresas estatales, incluso de las que arrojan ganancias como YPF o el Banco Nación.
- La liquidación de los subsidios a la energía y el transporte con el consecuente mega tarifazo que esta medida implica.
- El congelamiento de planes sociales como el Potenciar Trabajo, de los sueldos estatales y presupuesto para las Universidades Nacionales, la liquidación de gran parte de la obra pública y su plan para reemplazarla por emprendimientos privados.
- La liquidación del Fondo Nacional de las Artes, del Instituto del Teatro, la eliminación de la fijación de un precio único para el valor de los libros, el cambio en la estructura del INCAA, de las Bibliotecas Populares y del Instituto de la Música, como todo el ataque a los presupuestos destinados a la cultura son parte de estas brutales medidas de ajuste.
3- La desregulación completa de la economía a favor de los grandes capitales, destruyendo protecciones ambientales consagradas en las leyes vigentes y haciendo de nuestro territorio un paraíso para el pillaje imperialista:
- Derogación de la ley de Abastecimiento con la cual el Estado podía intervenir en precios y evitar maniobras especulativas, de la Lay de Góndolas que obligaba a diversificar la oferta, del monitoreo de precios.
- Derogación de la ley de «compre nacional», y de la ley de promoción industrial. Derogación del Código Aduanero con el objetivo de liberar exportaciones. La implementación del impuesto país a las importaciones y la generalización de las retenciones del 15% a las exportaciones de economías regionales y a exportaciones de pequeñas y medianas industrias. Medidas que van contra el actual desarrollo industrial y a su vez va a producir una mayor concentración de capitales en el sector.
- Desregulación del turismo y política de cielos abierto para favorecer los negocios de las aerolíneas privadas y las agencias internacionales.
- Eliminación de las penalidades para los que no informen las tasas de interés de los préstamos (a favor de las tasas usureras de las tarjetas de crédito).
- Derogación del Código Minero y el Banco de Información Minera, lo que, con la modificación de las leyes de Glaciares, de Bosques, la modificación de los permisos de quema, de la Ley Federal de Pesca, la creación de «mercados de carbono» en el país, constituyen un gravísimo avance de la contaminación, profundizando la ya existente por el uso de agroquímicos, la mega minería, el fracking y la autorización para la explotación off shore.
- Creación del «Régimen de Incentivo para Grandes Inversores». Todo tipo de beneficios tributarios y cambiarios para los grandes capitales que inviertan en la agroindustria, el negocio forestal, la minería, energía, gas y petróleo. Con lo cual, aparte de rematar nuestros bienes comunes se acentúa la matriz primarizadora de nuestra economía.
- Se modifica la premisa de obtener el autoabastecimiento energético por la de «maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos». Esto lleva a una lógica de sobreexplotación de los yacimientos y de baja inversión en exploración, como se hizo en la década del 90.
Junto a la privatización del paquete accionario de YPF en manos del Estado, el impedimento de la actual compañía con mayoría accionaria estatal de vender por debajo del precio del mercado internacional, la liberación completa de las exportaciones de combustibles, la modificación de la ley de biocombustibles que permite ingresar a nuestro mercado en condiciones ventajosas el bioetanol de Brasil o EEUU, abren a las compañías multinacionales un enorme campo de ganancias y lleva el precio de este insumo vital para la vida y el funcionamiento económico a las nubes, cuando somos un país productor de energía.
- La habilitación para reestructuraciones de deuda en forma regresiva para el país. Se elimina la disposición –violando la Constitución- para que sea el Congreso el único autorizado a contraer deuda y se busca eliminar el requisito actual de mejorar dos de las tres variantes financieras (tasa, plazo y capital) en las reestructuraciones de deuda.
- Otras, desregulación del servicio de internet satelital para que pueda entrar Starlink -la empresa de Elon Musk-, derogación de la ley de alquileres para favorecer la especulación inmobiliaria, la desregulación del límite para compras de tierras de extranjeros no residentes en el país, permiso para que los clubes de futbol puedan convertirse en Sociedades Anónimas en la que se inviertan capitales extranjeros, etc.
4- Reforma tributaria a favor de los capitalistas:
- Se reduce la alícuota de bienes personales que es el que paga la capa más rica de la población.
- Se habilita un blanqueo de capitales por montos de hasta U$S 100.000 y a partir de ese monto la alícuota es de apenas el 5%, no estableciéndose plazo mínimo de permanencia en el país de los fondos blanqueados.
- Aunque no está en el proyecto de mega ley son públicas las negociaciones con los gobernadores que ante la negativa de coparticipación del impuesto al cheque exigen la restitución del impuesto a las ganancias a los trabajadores de la cuarta categoría.
5- Desregulación en salud:
- Se permite la venta de medicinas de venta libre en cualquier comercio y las farmacias podrán funcionar sin un farmacéutico a cargo, lo que facilitará el crecimiento de pulpos del sector como Farmacity y se anularán controles imprescindibles de calidad.
- Se desregulan las obras sociales y se liberan los topes de las empresas de medicina prepaga, favoreciendo al sector privado.
- Todas estas medidas van en detrimento del ya desfinanciado y fragmentado sistema público de salud, preparando el terreno para medidas de privatización.
6-Ataques a la Educación pública y a derechos de género:
- Establece un examen de egreso de la secundaria y otro de ingreso para la universidad, cuyos resultados serán publicados para organizar una competencia de servicios educativos.
- Se liquida la estabilidad laboral. Se exigirá a los docentes un examen de reválida de sus conocimientos cada cinco años.
- Se elimina la obligatoriedad presencial en la escuela ya que los chicos mayores de 9 años podrán tener clase por internet.
- Las universidades cuentan con el presupuesto 2023 –sin actualizar- para su funcionamiento y se las invita a arancelar sus servicios educativos a los estudiantes extranjeros.
- Cambia en el Plan de los mil días la denominación de «personas gestantes» por la de «madres en situación de vulnerabilidad» con el objetivo de dejar de lado a los hombres trans y de reducir el beneficio a los sectores más pobres. Elimina la obligatoriedad establecida por la Lay Micaela de capacitar a todo el personal estatal y lo reduce solo al personal especializado en el tema haciendo retroceder muchos casilleros las conquistas obtenidas en la lucha contra la violencia sobre las mujeres.
7- Reforma laboral: sobre estos más de cuarenta cambios –propuestos en su mayor parte en el DNU-pesan varias medidas cautelares de la Justicia que impiden su aplicación inmediata hasta que el Congreso se pronuncie. La Ley Ómnibus completa los cambios introducidos en el DNU.
- Se reduce el monto de la indemnización por despido al no considerarse para el mismo ni aguinaldos, bonos especiales u otros beneficios. Se podrán pagar hasta en 12 cuotas con el interés más bajo del mercado.
- Se propone un fondo de retiro alternativo como el de la Construcción, un «Fondo de Cese Laboral», que liquide la actual indemnización por despido.
- Se amplía el periodo de prueba de 3 a 8 meses.
- Se condonan las multas por trabajadores en negro no registrados y se elimina el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).
- Se condonan deudas por falta de pago a la Seguridad Social y se podrá incluir también a las que figuran en sede judicial.
- Si liquidan las «horas extras» al crear un banco de horas que es compensado por la flexibilización de la jornada de trabajo.
- Se excluye de la Ley de Contrato de Trabajo a los trabajadores informales bajo contrato de servicios, obras y agencias.
- Los trabajadores de Pymes con menos de 5 empleados pasan a ser considerados «colaboradores» perdiendo gran parte de sus derechos laborales.
- Se despide a miles de trabajadores estatales. Son 221.000 agentes los que pertenecen a la Administración Pública Nacional. Los primeros fueron los 7.000 que ingresaron al Estado en 2023. Se abre la puerta para despedir a otras decenas de miles. Los que están en planta permanente pierden la estabilidad laboral. Ya sea que pertenezcan a los organismos descentralizados de la Administración (58,9% del total) o a las empresas públicas plausibles de ser privatizadas.
- Se profundiza la política de tercerización laboral, en la que la empresa de origen es eximida de toda responsabilidad con los reclamos de los trabajadores que trabajan en empresas tercerizadas.
- Se elimina el derecho del trabajador a exigir su reincorporación laboral en el caso de sufrir discriminación (por actividad sindical, sexo, embarazo, posiciones políticas, enfermedad, etc.).
- Los cortes o bloqueos son causal de despido sin causa.
- Se liquida el derecho a huelga estableciendo que un amplio abanico de actividades tiene que cumplir entre un 50% y un 75% de asistencia laboral ya que se las considerará esenciales. Se incorpora a la Educación como un servicio esencial contradiciendo los convenios de la OIT.
- Las asambleas en los lugares de trabajo deben ser autorizadas por la patronal.
- Se elimina la ultraactividad de los convenios laborales, lo que significa eliminar la actual práctica de que el convenio siga en vigencia cuando vencido el mismo aún no se ha renovado.
8- Criminalización de la protesta social: para implementar este ajuste tremendo a los derechos de la población trabajadora, se desarrolla una importante legislación represiva que viola las más elementales garantías constitucionales. El Protocolo anti piquete es su primera expresión, luego otras disposiciones del proyecto de ley refuerzan esta política anti derechos. En resumen:
- Se prohíbe toda manifestación callejera que no cuente con autorización previa y la autoridad gubernamental podrá alterar el horario y lugar de la protesta.
- Se multa a las organizaciones que violen esta disposición. Ya Pato Bullrich hizo su primer ensayo intentando que paguemos el servicio de policía de la manifestación en Tribunales y nos envió la factura por 40 millones de pesos.
- Se eleva el monto de las penas del Código Penal por interrumpir el tránsito, a tal punto que es más oneroso incurrir en este «delito», que las penas por homicidio culposo.
- Son más severas las penas sobre los «organizadores» o responsables de la protesta, estén o no en el lugar de los hechos.
- Se llega al colmo (ahora retirado por Bullrich del texto de la ley) al exigir que cualquier reunión de 3 personas o más debe pedir autorización previa.
- Se amplía el derecho a la defensa propia para cubrir el gatillo fácil y la prepotencia policial represiva eliminando el derecho de la víctima y de sus familiares a reclamar en sede judicial.
9- Cambios antidemocráticos en la ley electoral: aunque es uno de los temas que más resistencia tiene, el propio ministro Francos tuvo que reconocer la falta de consenso para que se apruebe, es bueno referirse a la propuesta como ejemplo del carácter totalmente anti democrático que tienen estos proyectos y su necesidad de recortar al máximo las libertades y derechos democráticos, yendo a un régimen mucho más reaccionario.
- Se eliminan las PASO
- Se liquidan la propaganda electoral gratuita para los partidos, el financiamiento estatal y se eliminan los topes para el financiamiento privado.
- Se liquida el actual reparto de representación proporcional basado en el sistema D’ Hondt para ir a otro de circunscripciones uninominales donde se liquida la representación de las minorías y los cupos para la paridad de género en las listas.