El miércoles 9 de diciembre por la mañana se presentó ante la Legislatura provincial, ubicada en Viedma, el proyecto de Iniciativa Popular que busca prohibir la minería contaminante en todo el territorio rionegrino. Para conocer más sobre este proyecto entrevistamos a Leonardo Salgado, integrante de la Asamblea Socio Ambiental de Cipolletti.
En el día de hoy se presentó el proyecto de Iniciativa Popular para prohibir la megaminería ¿Qué me podés contar sobre este proyecto?
La iniciativa popular es un instrumento que le permite a la ciudadanía presentar proyectos de ley, acompañados de una cantidad de votos, no menos del 3 % del padrón electoral. El proyecto presentado hoy en la Legislatura fue promovido por un número importante de organizaciones socioambientales de Río Negro. El mismo prohíbe la minería metalífera contaminante en todo el territorio de la provincia. Concretamente, prohíbe la minería a cielo abierto, subterránea o mediante el método de lixiviación in situ de sustancias metalíferas, y en todas sus etapas, es decir que se prohíbe su extracción, pero también la prospección y la exploración; prohíbe también la actividad minera de minerales nucleares como el uranio, y prohíbe el uso de una serie de sustancias tóxicas en la actividad minera, no sólo el cianuro y el mercurio sino muchas más. Otro aspecto importante del proyecto de IP es que le devuelve la autoridad de aplicación a la máxima autoridad ambiental de la provincia, ya que la Ley 4738, aquella ley que derogó la Ley 3981 (llamada “anticianuro”), le quitó esa potestad, entregándosela a un consejo controlado por la Secretaría de Estado de Energía de la provincia, dentro de la cual funciona la propia Secretaría de Minería.
Nombraste a la Ley anticianuro ¿Qué sucedió con esa ley? ¿Por qué se impulsa una nueva?
La ley anticianuro que comenté, la Ley 3981, tuvo vigencia desde 2005 hasta 2011. Como la 7722 mendocina o la 5001 de Chubut, esa norma fue el resultado de la lucha de amplios sectores socioambientales de la provincia. Lamentablemente, aquí no se pudo sostener, por distintos motivos, y terminó siendo derogada por el gobernador Carlos Soria en 2011, a pocos días de asumir. Fue sincero, Soria nunca juró en su campaña electoral sostener la Ley 3981, aunque tampoco se expresó en sentido contrario. Quien sí lo hizo fue su candidato a vicegobernador, Alberto Weretilneck, quien declaró públicamente que, en caso de ser revisada la Ley 3981, la cláusula de prohibición de cianuro no se modificaría. Nos mintieron. Los dos. No a las organizaciones socioambientales de la provincia, sino a toda la ciudadanía, incluso a sus propios votantes.
De todas formas, la Ley 3981, que, reitero, prohibía el uso de mercurio y cianuro en la minería, no impidió el avance de otros proyectos megamineros que no contemplaban la utilización de esas sustancias, como la minería de uranio, lo que confirma que la consciencia ambiental del gobernador radical Miguel Saiz, quien, presionado por las movilizaciones, fue el que envió el proyecto de prohibición del uso de mercurio y cianuro a la Legislatura, era una completa impostura. El gobierno radical prohibía por un lado la minería de oro y plata, mientras que por el otro habilitaba la megaminería de uranio (mucho peor en otros aspectos), entregando, entre gallos y medianoches, buena parte del territorio rionegrino a una empresa norteamericana. Este proyecto de IP que estamos impulsando es mucho más amplio que la Ley 3981. No sólo prohíbe el uso de sustancias contaminantes en la minería metalífera (mercurio, cianuro y muchas más) sino que expresamente prohíbe la minería de uranio, en la cual podrían utilizarse sustancias poco contaminantes, como el carbonato de sodio.
¿Qué proyectos megamineros hay actualmente en la provincia?
Quizás los más emblemáticos sean los de oro y plata de Calcatreu, a unos 80 km al sur de Ingeniero Jacobacci, y Amarillo Grande, de uranio, a unos 25 km al norte de Valcheta, ambos en la línea sur rionegrina. Ambos proyectos se encuentran en fase de exploración avanzada. Sobre el proyecto Calcatreu rige un amparo ambiental desde 2005, presentado en su momento por no haberse respetado los derechos de las comunidades originarias y por los riesgos ambientales que el proyecto entraña. Sin embargo, desde las asambleas y organizaciones socioambientales de la provincia sabemos que desde el gobierno provincial se pretende desconocer la vigencia de ese amparo, y que llegado el momento avanzarán con todo, con promesas de empleo mentirosas y dádivas humillantes. En ese sentido sabemos que miran de reojo (o no tan de reojo) los procesos que suceden en Chubut y en Mendoza. El proyecto Amarillo Grande es de proporciones insólitas: el gobierno de Río Negro le entregó a la empresa Blue Sky Uranium un corredor de más de 150 km que divide el territorio de la provincia de norte a sur, desde el Alto Valle del río Negro hasta la Meseta de Somuncura, para explorar y eventualmente desarrollar un número incierto de minas de uranio y vanadio, atravesando y avasallando territorios rurales productivos, por supuesto habitados, e incluso pasándole por encima a áreas naturales protegidas y a yacimientos paleontológicos. No les importa absolutamente nada.
¿Cuándo surge la Unión de Asambleas del Kurrú Leufú? ¿Qué otras problemáticas abordan?
La unión de asambleas del Kurru Leufú se conformó en 2016 en la ciudad de Allen, en el Alto Valle de Río Negro. En ese momento el tema sobresaliente fue el tremendo daño socioambiental causado por los proyectos hidrocarburíferos y el fracking en las chacras de peras y manzanas por parte de las empresas y promovidos desde los gobiernos nacional y provincial. Tampoco faltó el tratamiento de otras problemáticas, como el desarrollo de negocios inmobiliarios y productivos en la cordillera, que comprometían territorios comunitarios. Como unión de asambleas tuvimos una segunda reunión en febrero de este año en Ingeniero Jacobacci, y fue allí que comenzó a gestarse la idea de un proyecto de IP. Ya en cuarentena continuamos reuniéndonos en forma virtual, sabiendo que las empresas megamineras seguían moviéndose en los territorios, al consagrarse la exploración minera como una actividad esencial.
Volviendo con la Iniciativa Popular, son 17 mil firmas como mínimo las que hay que juntar ¿Cuáles son tus perspectivas? ¿Hay ánimo en las Asambleas?
Estamos convencidos de que la enorme mayoría de los rionegrinos y rionegrinos no quiere este tipo de proyectos. Ahora es nuestra responsabilidad como asambleas, difundir y militar activamente para reunir las firmas, y quizás lo más importante: comprometer a otras y otros en esta lucha. Un dato importante es que la legislatura no tiene obligación de aprobar el proyecto sino solo de tratarlo; es por esta razón que la IP, la juntada de firmas, no nos exime de sostener las movilizaciones en las calles y de tomar acciones de otro tipo. Al contrario, me animo a decir que el mayor valor de esta IP es el de permitirnos visibilizar el conflicto y movilizar a la gente, comprometiéndola con estas causas.
En 2017 se logró impedir la instalación de la Central Nuclear ¿Cuál crees que fue la clave en ese momento para que se lograra esto?
La instalación de la central nuclear se logró impedir gracias a la rápida reacción de la sociedad rionegrina que mayoritariamente no comparte los supuestos beneficios de la nucleoelectricidad, y menos tolera que le quieran imponer cualquier cosa, sobre todo proyectos como estos que son resistidos en todo el mundo. Recordemos que el ex gobernador Weretilneck anunció la instalación de la central nuclear a través de su cuenta de twitter, desde China. Con el fracking sucedió algo parecido y con la megaminería otro tanto. Los gobiernos, este y los anteriores, buscan imponer, jamás consultan, porque saben de sobra que no tienen chances por esa vía, que estos proyectos no tienen consenso social. En todos lados es lo mismo. En Chubut, en Mendoza, en Río Negro y en todos lados.
Por último, en estos momentos Chubut está dando una pelea enorme contra la megaminería ¿Qué tan importante es para Río Negro que el pueblo chubutense pueda triunfar?
El pueblo chubutense va a triunfar porque le asiste la razón. Tiene razón en exigir que el gobierno de Arcioni trate el proyecto de IP que las asambleas presentaron en la Legislatura con el respaldo de más de 30.000 firmas; tiene razón en exigirle a Arcioni que escuche y respete la decisión de los pueblos originarios de la meseta; tiene razón en ponerse del lado del agua y de la vida, y en defender la integralidad del territorio, no admitiendo que se defina en un mapa qué partes del territorio sacrificar y amputar. Chubut y Mendoza son importantes para Río Negro porque nos demuestran que vale la pena resistir y que es posible triunfar.
