Cada vez que se aplican medidas de ajuste contra el pueblo trabajador, se endurece la criminalización de las luchas populares. Como todos los candidatos del capitalismo son felpudos del FMI y sus planes de miseria y entrega, pregonan “orden”, o sea mano dura contra las protestas, mientras que de norte a sur avanzan los procesamientos y multas contra las y los luchadores sociales. Por eso el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia -que integramos- se moviliza este jueves 9 en Buenos Aires y otras ciudades del país en defensa del derecho al reclamo social y demás libertades democráticas.
En septiembre pasado, más de 500 activistas de organizaciones populares de todo el país hicimos en la Facultad de Sociales de la UBA un Encuentro nacional antirrepresivo y por los derechos humanos. Allí se resolvió convocar a una jornada contra la criminalización de las luchas sociales para antes del balotaje presidencial. El objetivo es simple: dejarle en claro a quien sea el nuevo gobierno que vamos a enfrentar todo intento de recortar los derechos de organización, de manifestación y de peticionar a las autoridades, reconocidos incluso en la Constitución nacional de esta recortada democracia capitalista.
Es que el derecho a la protesta es básico. Algunos juristas reconocidos, como Roberto Gargarella, lo consideran “el primer derecho: el derecho a exigir la recuperación de los demás derechos”. Porque todos y cada uno de los avances que la clase trabajadora y los sectores populares hemos conseguido aquí y en todo el mundo han sido a través de la movilización social, poniendo el cuerpo en las calles. Esa es la única manera de conseguir nuestros derechos, defenderlos cada vez que los atacan y en todo caso obtener nuevos logros.
Penalización recargada
La profunda crisis capitalista que atravesamos no sólo no deja márgenes para otorgar concesiones económicas ni políticas, sino que todos los gobiernos con tal de asegurar las ganancias de los sectores concentrados tratan de apretar las tuercas del pueblo trabajador con más ajuste y más saqueo extractivista. Por eso desde hace algunos años se desarrolla una tendencia internacional antidemocrática de todos los gobiernos y regímenes hacia un autoritarismo creciente.
Esta orientación implica jaquear y limitar los derechos, libertades democráticas y garantías que costaron muchas décadas de lucha y han mantenido relativa vigencia. El caso más reciente son las prohibiciones dispuestas por numerosos gobiernos del mundo procurando impedir las movilizaciones en apoyo al pueblo palestino, lo que no logran.
La burguesía se vale de varias herramientas institucionales para actuar en contra del derecho al reclamo popular. Desde ya, cuando la relación de fuerzas se lo permite recurre a la represión directa utilizando sus policías y otros cuerpos represivos contra las movilizaciones, paros, cortes de ruta y tomas de fábricas o colegios. Pero también cuenta con otros instrumentos jurídicos, leyes, códigos penales y contravencionales.
Por un lado la justicia aplica figuras penales cada vez más duras, como por ejemplo acusar absurdamente por tentativa de femicidio a los docentes y estatales que reclamaban por sus salarios adeudados ante la casa de la gobernadora santacruceña. A la vez, penalizan las luchas por doble o triple vía: ante un corte o manifestación pueden abrir una causa penal por entorpecer el transporte, intimidación pública o resistencia a la autoridad; una demanda civil por daños y hasta una cuantiosa multa por alterar el orden público o afectar la higiene urbana…
Algunos casos destacados
Hace poco el gobernador jujeño Gerardo Morales, ese radical al que Sergio Massa elogia y le propone la “unidad nacional”, impuso a palos y gases una reforma constitucional represiva que coarta el derecho a manifestarse y despoja a las comunidades originarias. En provincias como Salta y Mendoza son frecuentes las multas a las marchas populares. En Chubut, de los 16 vecinos y vecinas acusados por la lucha contra la ley de zonificación minera y defender el agua, a once les dictaron la falta de mérito y aún quedan cinco procesados.
Hay otros proyectos en similar sentido para declarar servicios esenciales a las tareas docentes y de salud, lo que cercena el derecho constitucional de huelga. Lo mismo hacen el gobernador bonaerense Axel Kicillof y su par porteño Horacio Rodríguez Larreta al descontar los días de paro a la docencia pública. Obviamente, si hubiera trabajo genuino, ayuda social y salarios dignos no habría necesidad de hacer piquetes ni paros.
Córdoba merece un párrafo aparte. Días atrás, cinco referentes de movimientos sociales -entre ellos nuestro compañero Agustín Nazar, del MST Teresa Vive- y el secretario general de ATE tienen pedido de elevación a juicio por resistencia a la autoridad e impedimento u obstrucción de transporte público por una protesta en abril pasado. Hay cuatro trabajadores condenados a un año o año y medio de prisión en suspenso por la toma del Molino Minetti en 2019 y trabajadores de Coca Cola procesados por bloquear un portón. Y aún quedan 22 estudiantes procesados por la “usurpación” de la Universidad en 2018, en defensa de la educación pública, cuya audiencia se postergó al 15 de diciembre.
A César Arakaki y Daniel Ruiz les ratificaron hace poco la condena por “intimidación pública” en la marcha de diciembre de 2017 contra la reforma jubilatoria de Mauricio Macri. Como al “Chino” lo condenaron a tres años y cuatro meses de prisión, ahora queda al borde de ir preso.
Estas persecuciones de la justicia burguesa apuntan a castigar al activismo y al mismo tiempo amedrentar a los trabajadores y sectores populares para que no se movilicen. Por eso la marcha de este jueves 9 y por eso la necesidad de seguir organizados para enfrentar esta ofensiva antidemocrática