viernes, 22 noviembre 2024 - 21:44

Montevideo. Un salado balconcito al Plata

Compartimos este artículo que nos hizo llegar el Doctor Gabriel Eira Charquero, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República Uruguay.

Locaciones.

La pequeña República Oriental del Uruguay, tapón fronterizo entre Argentina y Brasil, detenta huellas de ambos Estados. De hecho, su territorio podría ser considerado como la auténtica frontera entre estas dos federaciones. En el noreste el portuñol es la lengua vernácula, ya que en el límite político con Brasil abundan las fronteras secas (a veces reducidas a una simple calle bi-nacional). Hacia el sur-oeste, en una suerte de balconcito arrinconado entre el río de la Plata y el río Uruguay existen fronteras naturales por ellos configuradas, pero estas no logran evadir una significativa similitud entre las particularidades fonéticas que caracterizan el habla de las dos orillas. En cada localidad existen plazas, avenidas y monumentos que homenajean a su prócer nacional: don José Gervasio Artigas. Sin embargo, la naturaleza de esta república poco tiene que ver con el ideario postulado por aquel combatiente. En efecto, tal como lo planteara en las instrucciones que diera a sus a sus diputados en la Asamblea General Constituyente a celebrarse en el Buenos Aires de 1813, su proyecto proponía una confederación -las Provincias Unidas del Río de la Plata- con un gobierno federal localizado fuera de Buenos Aires. Por estas razones Artigas nunca consideró a la Banda Oriental como un Estado independiente ni aceptó que el mismo fuera llamado Uruguay, y tal vez también por estas razones siguió residiendo en su exilio paraguayo hasta alcanzar la muerte en 1850.

La independencia de este país se configuró partir de una presión del Reino Unido ejercida a través de Lord John Ponsonby, enviado especial de la corona con el encargo de consolidar el comercio inglés e impedir que Argentina y Brasil dominaran el río de la Plata. Esta Ponsonbylandia independiente se selló el 4 de octubre de 1828 a las 14 horas en Montevideo, cuando todas las fuerzas actuantes ratificaron el tratado que fundaría el Estado Oriental del Uruguay, denominado como república a partir de la Constitución del 18 de julio de 1830. Frente a las huellas de sus grandes vecinos, entonces, Ponsonbylandia también debe reconocer aquellas que ha dejado la corona británica. Desde la edición de su primer periódico -The Southern Star-, editado durante las invasiones inglesas entre mayo y julio de 1807 hasta su propia fundación, desde el desarrollo de su red ferroviaria (propiedad de la Central Uruguay Railway Company entre 1878 y 1949, nacionalizada desde entonces como Administración de Ferrocarriles del Estado) hasta -como expondremos- la expansión de su servicio de agua potable.

A 58 kilómetros al norte del kilómetro cero de Montevideo, y a orillas del río Santa Lucía se encuentra Aguas Corrientes. Se trata de una pequeña villa del departamento de Canelones, en donde a partir de 1867 el gobierno de la República Oriental del Uruguay eligiera la provisión de agua de su ciudad principal. La primera planta potabilizadora fue desarrollada en asociación con los capitalistas argentinos Lezica y Lanús, por el uruguayo Enrique Fynn. En 1879 la planta fue vendida a la empresa británica The Montevideo Waterworks C° Ltda, la cual partir de una deuda adquirida por en Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial sería nacionalizada y adquirida definitivamente por la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE), creada por la ley 11.907 del 19 de diciembre de 1952.
El servicio se alimenta de reservas que contienen a la cuenca del rio en tres embalses. El primero, construido en 1933, se encuentra en la misma localidad. El segundo fue construido en 1955 sobre el arroyo Canelón Grande, y el tercero fue construido entre 1983 y 1986 en el río Santa Lucía Chico sobre el Paso Severino. Con la infraestructura de las OSE Uruguay ha logrado, junto con Chile, ser uno de los pocos países de América Latina con una cobertura casi universal de acceso al agua potable.

El clima uruguayo se caracteriza por ser templado y particularmente húmedo, con precipitaciones más o menos homogéneas durante todo el año. La zona marítima, donde se localiza el área metropolitana y sus reservas de agua, es más fresca y aún más húmeda, con una media pluviométrica que -hasta la fecha- superaba los 1000 mm anuales. Por ello, las maestras de primaria solían describir al país como una penillanura suavemente ondulada, con infinidad de corrientes de agua y lagunas naturales. A esta abundancia líquida se le suman múltiples recursos subterráneos, dentro de los cuales se destaca el Acuífero Guaraní; uno de los más grandes del mundo que se comparte, como tantas otras cosas, con Argentina y Brasil.

En este marco, las organizaciones sociales se han mantenido alerta ante los riesgos de privatización de un recurso que se prometía abundante. Por esto, una Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, integrada por el sindicato de trabajadores de las OSE y otros grupos de la sociedad civil, recolectó 247.141 firmas para convocar a un plebiscito que definiría quién gestionaría el agua. El 31 de octubre de 2004 el 64,58 % de los ciudadanos se pronunciaron a favor de una reforma constitucional que otorgó al Estado la responsabilidad exclusiva de la gestión del agua y del saneamiento. Ello transformó a Uruguay en el primer país en declarar como derecho humano fundamental el acceso a estos servicios. De este modo se cancelaron todas las concesiones a empresas privadas, y desde 2009 la totalidad de los servicios pasaron a ser gestionados por el Estado. Se trató de un acontecimiento sin precedentes a escala mundial, ya que por primera vez se incluyó en la Carta Magna de un país, y por democracia directa, que el servicio de abastecimiento de agua para el consumo humano sea gestionado exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales.

Pero las historias nunca operan tan bien como sus escribas pretenden. Las locaciones son contratos de arrendamiento, y estos se modifican en función de correlaciones de fuerza. James Carville, estratega de la campaña electoral de Bill Clinton, señaló en 1992 que su tarea debía centrarse en los asuntos más relacionados con la vida cotidiana de los electores. The economy, stupid fue una de las frases que pegó en su oficina para enfocarse en mensajes que le permitieran enfrentar la popularidad que su rival había adquirido a fines de la Guerra Fría. Dicha frase solo orientaba sus actividades de campaña, pero su potencia imperativa adquirió tal relevancia que se transformó en el eslogan que facilitó el triunfo de Clinton. Pero se trata de mucho más que de un eslogan, configura un reconocimiento de donde se localiza el carozo del asunto. La frase se instaló como cultura política, más allá de aquella campaña electoral, y su impacto performativo no debiera ser dejado de lado. Porque en última instancia, la única objeción posible al resultado del plebiscito de 2004 es la economía, estúpido. Y, también, es el capitalismo, estúpido.

Procastinación

Al olvidar estas objeciones, el Uruguay se ha dormido en los laureles, sutil metáfora para ilustrar como sus colectivos se ha dejado invadir por la procastinación. En efecto, tal palabra refiere a ese hábito de retrasar aquellas situaciones que deben atenderse para sustituirlas por otras menos desagradables. Es que aquello sobre lo cual se ha actuado por lo que en su momento fueron consideradas buenas razones suele conducir hacia resultados no previstos. Ello determina que toda prospectiva se configure desde condiciones condicionadas; no hay intérpretes, sino interpretaciones formateadas por sus condiciones de existencia. Si estas últimas varían, surge la necesidad de configurar otras regularidades narrativas que les permitan dar cuenta de lo inesperado. La única certeza inevitable es la muerte, las restantes terminan siendo simples juegos metafísicos. Pese a su clima húmedo y ventoso, el área metropolitana de Montevideo no ha podido evadir la posibilidad de agotar sus reservas; los acontecimientos de 2023 así lo han demostrado. El acceso al agua potable se había configurado como libre de restricciones, lo cual habilitó a su desperdicio tanto en actividades para las cuales ésta era innecesaria como a postergar inversiones de protección y reparación que se tradujo en una pérdida cercana al 50 % del líquido facturado. Alegando la necesidad de reducir el déficit fiscal, el gobierno nacional ha postergado la construcción de nuevos embalses desde 1983, pese a que los requisitos de agua potable en el área metropolitana se cuadriplicaron desde aquella fecha.

A la fecha, los embalses de Aguas Corrientes, Canelón Grande, y Paso Severino colapsaron. Ello obligó a bombear agua desde el sur del río Santa Lucía, saturada con la salinidad del río de la Plata y contaminada por los efluvios de desechos y productos químicos que la planta potabilizadora libera río abajo.

La cuenca del río Santa Lucía no ha sido protegida como recurso estratégico. El filtro natural de sus bosques galería nativos fue progresivamente reducido. Al ubicarse en declive de áreas agrícolas, se ha contaminado por infiltración y arrastre de nutrientes y agrotóxicos que derivaron, a partir de 2013, en una llamativa floración de cianobacterias. Por otra parte, tanto los montes nativos como las praderas de la cuenca vienen siendo sustituidas paulatinamente por bosques de eucalyptus destinados a abastecer las tres grandes plantas de celulosa que se han construido en el país. Administradas por tres grandes empresas (UPM-Kymmene Corporation, Arauco y Stora Enso), estas iniciativas demandan una compulsiva siembra de un género australiano de árboles que -en razón de su acelerada velocidad de crecimiento- consumen grandes cantidades de agua subterránea, contribuyendo así con la disminución de sus reservas.
Por otra parte, alegando la necesidad de reducir el déficit fiscal, el gobierno nacional ha postergado las inversiones imprescindibles para el control y mantenimiento en la distribución de agua potable (incluyendo la no contratación de personal calificado).

Serendipia

La serendipia consiste en un encuentro inesperado cuando se está buscando otra cosa, o en la habilidad para reconocer que ha descubierto algo importante sin relación con lo que se haya buscado. La Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida buscaba preservar aquellos bienes que le otorgaban nomenclatura, pero también se encontró con aquellas prácticas depredadoras que caracterizan a todo capitalismo. Aunque esta fuera una noticia que mereciera un chocolate, los acontecimientos sugieren algo así como si la procastinación hubiera logrado desdibujar su evidencia. De este modo, las consecuencias propias de estos modos de gestión se manifestaron bruscamente como si aparecieran por mera serendipia.

La expansión de las modalidades operativas del capitalismo otorga a cada acción un valor de cambio que trasciende su empleo no mercantil. Aunque la teoría del valor subjetivo de la Escuela Austríaca de Economía no considere que haya una diferencia relevante entre el valor de cambio y el de uso, los modos vigentes de existencia obligan a no ignorar que sus reglas mercantiles determinan tanto a la producción como al consumo. El fetichismo de la mercancía, figura con la cual Marx objetara la paradoja del diamante y el agua de Adam Smith, ha logrado que la ley de mercado jerarquice el proceso de intercambio sobre el proceso de producción. Por esto, valor de uso y valor de cambio resultan inversamente proporcionales en el capitalismo, más allá de los adjetivos que usemos para valorarlo. Los costos de sus efectos secundarios son trasladados tanto a los colectivos más subordinados como a las generaciones subsiguientes; se esfuerza para que las deudas las paguen otros. Su modalidad predadora desplaza sus facturas a las generaciones venideras. Y en esa estamos.
Se han ignorado todas acciones necesarias para evitar la (literalmente) salada situación del área metropolitana de Montevideo. Y también continúa acelerándose una acumulación de capital se alimenta -inevitablemente- de la propia inequidad. Que las deudas las paguen otros.
“Pues al que tiene, se le dará más, y tendrá bastante; pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará” (Mateo 13:12). Robert Merton, uno de los clásicos sociólogos de la escuela estadounidense toma esta frase del Evangelio (de algún lado tenía que tomarla, nació en un país que tiene como lema In God we trust) para ilustrar sobre un fenómeno que resulta característico en las sociedades estratificadas. El Efecto Mateo refiere a aquellas modalidades que propician que quienes más bienes posean se encuentren en mejores condiciones para acumular. El capitalismo es una de estas modalidades. Y el que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará (él pagará la deuda).

Mateo y Merton están coinciden en esto, y nuestra performace cotidiana lo reafirma. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Al que más tiene, se le dará para que tenga más. Los habitantes metropolitanos del Uruguay se ven obligados a adquirir agua mineral embotellada, contribuyendo con la acumulación de empresas como Salus (hoy propiedad del Groupe Danone, de Francia) y The Coca-Cola Company, entre otras. Quien poco tiene no se ve demasiado aliviado por la eliminación de los impuestos al consumo; como las deudas las pagan otros, son los consumidores y no los dueños del capital quienes lo hacen. El suministro de dos litros diarios por parte del Estado resulta grotescamente insuficiente para todas las necesidades.

El área metropolitana está seca. Y pese a lo dispuesto por la reforma constitucional de 2004, el gobierno uruguayo ha pospuesto las inversiones públicas inevitables en la red de agua potable y ha impulsado una iniciativa privada. El Proyecto Neptuno, propuesto para las empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast (nucleadas en el Consorcio Aguas de Montevideo) que tomará aguas del tío de la Plata en la zona de Arazatí (muchas veces salobre), se plantea como un nuevo reservorio. No obstante, este no garantiza producir la suficiente agua potable, la salinidad de su fuente lo pone en duda. Lo que también pone en duda, es el cumplimiento de la reforma constitucional aprobada en 2004 que otorgó al Estado la responsabilidad exclusiva de la gestión del agua.

Los acuíferos ahí siguen, casi como si no existieran para abastecer de agua potable al área metropolitana. No obstante sí existen para sustentar las forestaciones funcionales a los intereses de UPM-Kymmene Corporation, Arauco y Stora Enso. Pero la depredación acuífera no se limita exclusivamente a sustentar la demanda de estas plantas de celulosa -las más grandes del continente-, también se encarga de proveer agua para producir hidrógeno verde mediante hidrólisis, destinado a abastecer tanto a los vehículos de estas empresas como a las inversiones de la empresa HIF Global (U$S 4000 millones).

El torneo ya empezó y se rige por estas reglas, no hay retroceso viable. Aunque se respetara la reforma constitucional, aunque el fenómeno del Niño eliminara la sequía, aunque el Proyecto Neptuno resultara efectivo, aunque se realizaran nuevas represas, aunque se perforara para llegar hasta los acuíferos, aunque se repararan todas las cañerías desgastadas, aunque la Administración de las Obras Sanitarias del Estado contratara todo el personal técnico necesario, no hay marcha atrás. Todos esos aunques demorarán demasiado tiempo en tener efectos concretos.

El asunto sigue, literalmente, salado.

Noticias Relacionadas