El secretario general de la UTA, Roberto Fernández anunció a los medios que de no destrabarse la discusión paritaria para el próximo viernes 17 de febrero se convocará a un paro nacional. Sin embargo, este llamado no fue discutido ni consultado con los trabajadores y parece estar solo al servicio de sus negociados con las patronales. La dirigencia de la UTA no está reclamando un aumento considerable para los trabajadores, sino que sus amenazas tienen que ver esencialmente con las partidas subsidiarias que el gobierno nacional negocia con los empresarios.
Los empresarios piden un ajuste en las sumas mensuales que reciben, cuyo techo trepa a $ 27.000 millones. El gobierno ofrece un adicional mensual de $ 5.000 millones durante el primer semestre, lo que deja una brecha de $ 22.000 millones. Mientras, los trabajadores no cobraron aumentos ni adicionales, y la paritaria que habría sido acordada en un 31% de aumento en tres tramos de aquí a mayo, además de insuficiente está sujeta a los vaivenes de los subsidios. Nada de reclamar salario y organizar en asambleas, teniendo en cuenta la pérdida de poder adquisitivo que se dio en los últimos años y lo que se prevé de inflación para este 2023.
Con un cronograma de aumentos en el transporte como el diseñado para este año, donde desde enero se aplicó un aumento del 40% y que seguirá desde marzo a diciembre con un aumento mensual, sumando las millonarias partidas de dinero que reciben las empresas a través de los subsidios -además de la que generan- es irrisorio que los aumentos a los trabajadores sean insuficientes y encima no se cobren.
La experiencia de autoorganización llevada adelante por choferes de colectivos durante el año pasado muestra el nivel de hartazgo y descontento con los líderes sindicales. No solo Fernández juega para las patronales; tampoco Bustinduy, que posa de opositor, hace nada para impulsar la pelea en serio.
Hay que cambiar esta dirección que privilegia defender los intereses patronales por sobre los intereses de les trabajadores del transporte.