Santa Fe fue noticia nacional por un nuevo caso de obstaculización de la ILE, conquistada por el movimiento de mujeres y disidencias en nuestro país. Se trata del caso de una niña de 12 años, quien pidió interrumpir su embarazo producto de los abusos reiterados de su padre y fue captada por una organización ultra religiosa llamada Grávida. Se encargaron de llevar a la niña a una misa religiosa y la alojaron en una de sus sedes, ubicada en pleno centro de la Ciudad de Santa Fe.
Si algo demostró la lucha por el aborto legal en nuestro país fue el rol dinosaurio de la Iglesia y sus socios evangélicos. Organizaciones como estas abundan y reciben subsidios millonarios por parte del Estado y de empresas privadas, para sostenerse.
Grávida, cuenta con 69 sedes en el país y es una organización fundamentalista religiosa vinculada a la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), fundada en 1989. La ley vigente y sancionada, 27.610 la ubica como “un servicio de acompañamiento para el fortalecimiento de la maternidad vulnerable”.
Otro dato de público conocimiento es que uno de los referentes de Grávida es hijo del represor Juan Calixto Perizzotti, ya fallecido y condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad, entre ellos el cometido contra Silvia Suppo, secuestrada y violada en cautiverio. Una muestra más del cinismo de estos sectores antiderechos que dicen defender la vida pero en realidad se oponen a los derechos humanos, teniendo como base estructural la represión de la sexualidad, el abuso patriarcal, el encubrimiento y la impunidad garantizada.
Al rol oscurantista hacia los derechos de género, la Iglesia y sus socios le suman su intromisión en ámbitos relacionados a la atención de salud pública, vulnerando los derechos de las niñeces como sucedió en este caso.
Jimena Sosa, referente feminista de Juntas y a la Izquierda (MST en el FIT Unidad) de la provincia, expresó: “A los antiderechos y dinosaurios clericales les decimos que saquen sus rosarios de nuestros ovarios. Es intolerable que estos sectores sigan teniendo injerencia en los ámbitos públicos. Por eso, si bien conquistamos la ley de aborto, nuestra próxima parada debe ser la total y real separación de las iglesias y el Estado. Es urgente la atención inmediata de la niña para que se garanticen los derechos ya vulnerados, pero también exigimos que el gobierno provincial investigue a Grávida y a toda institución similar que obstaculice los derechos de las mujeres y las infancias. Juicio, condena y cárcel común a los clérigos que cometieron delitos contra la infancia. No al encubrimiento institucional”.
Fernanda Gutierrez, docente feminista y referente de la organización en la ciudad, agregó: “Ya lo dijimos con la marea verde, las niñas son niñas, no madres. Quien no quiera entenderlo que no lo haga, pero el Estado debe garantizar lo ya conquistado. La ESI para prevenir y educar desde la igualdad de género, también es obstaculizada en las escuelas por estos mismos sectores religiosos. La pelea de fondo es por eliminar la injerencia religiosa en el Estado, que dejen de intervenir en hospitales públicos y toda repartición estatal ya sea nacional, provincial o municipal. Luchar por el laicismo estatal, para desmantelar la injerencia retrógrada de las iglesias en todos los ámbitos del Estado, sobre todo la católica es nuestra bandera y estaremos en las calles hasta lograrlo”.