El 12 de noviembre, mediante el Decreto 883/2020, el gobierno nacional autorizó el uso medicinal del cannabis. Luego de más de una década de lucha es un avance para miles de personas usuarias y consumidoras, si bien todavía resulta insuficiente para el cambio más estructural que necesitamos.
Algunos interrogantes
El gobierno decretó la legalización del consumo medicinal de la marihuana días después de que la ANMAT[1] aprobara un fármaco de producción nacional. El Estado se propone regular su producción y distribución. No es aislado que el avance de laboratorios y farmacéuticas se complemente con esta medida: los más beneficiados van a ser los que vendan el producto al quedar la definición del precio en manos de laboratorios públicos y privados.
Se propone llevar adelante el “Programa Nacional para el estudio y la investigación del uso medicinal de la planta de cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales”, en la órbita del Ministerio de Salud, con el CONICET como ente fundamental para la investigación. Pero si los acuerdos con el FMI han llevado a ajustar el presupuesto de Salud, ¿con qué fondos se va a llevar a cabo? ¿Cómo se concreta con un sistema de salud colapsado y cada vez más recortado? Y en este marco, ¿qué pasa con les precarizades del CONICET?
El decreto es un avance, pero al no ser ley implica que bajo un futuro gobierno lo podamos perder, abriendo una inestabilidad para pacientes y la población en general. El programa intenta tomar integralmente el uso de cannabis medicinal: propone acciones de concientización, guías de asistencia, investigación clínica y social, capacitación a les profesionales de la salud.
Pero no informa la necesaria inversión económica que esto conlleva, ni quién va a garantizar su cumplimiento ni medidas de participación y control social. ¿Quién va a regular la semilla de cannabis? Ya lista la aprobación del trigo transgénico y con la ley de semillas presente, ¿cómo lograr soberanía real sobre nuestra producción? ¿Cómo frenar el monopolio de los grandes capitales sobre nuestras tierras y plantas? Y otro alerta: la producción de conocimiento e investigación en el sector público no pueden quedar en manos privadas, sino que deben ser de libre acceso.
Por todo esto creemos necesario avanzar en un debate colectivo y democrático sobre el uso medicinal y recreativo de la marihuana.
Un poco de memoria
Hace más de 20 años que el primer fin de semana de mayo se realiza la marcha mundial por la legalización de la marihuana. Las demandas varían según los países, pero se reclama el cese de las detenciones, procesos penales o multas a cultivadores y público usuario, el reconocimiento de los usos medicinales e industriales del cannabis y su regulación, contra la persecución moral e ideológica y el libre acceso a la información sobre la planta.
Las primeras marchas en todo el mundo retomaron el espíritu del ’68, aquella década marcada por las revoluciones en todo el mundo, el movimiento hippie, el Mayo francés, el triunfo de Vietnam, el Cordobazo y otras luchas. Las primeras demandas apuntaban contra la doble moral de este sistema capitalista, basado en oprimir y explotar a las grandes mayorías. La autonomía sobre nuestros cuerpos, la capacidad de decisión, la denuncia a las empresas de alcohol, cigarrillos, farmacéuticas y drogas socialmente aceptadas, contraponiéndolo al uso del cannabis natural, pusieron el reclamo en escena.
Desde la primera acción en 1999 en Nueva York la convocatoria no ha parado de crecer, convirtiéndose en un hecho internacional. En la Argentina, la primera marcha fue en 2007: 500 participantes y un operativo de 300 policías, terminando la jornada con 15 detenidos. El año pasado nos movilizamos 200.000 personas en todo el país, demostrando que esta lucha no va a parar.
El movimiento fue creciendo en los últimos años, generando redes de contención frente a un Estado sordo ante el reclamo del cannabis medicinal. Organizaciones de producción y distribución de aceite e insumos con fines curativos, madres y padres buscando mejorar la calidad de vida de sus hijes con enfermedades neurológicas y la defensa de nuestra autonomía contra la persecución y criminalización a la juventud, ampliaron el debate a otros temas. Desde la medicina tradicional y el negocio farmacéutico hasta el consumo medicinal o recreativo de la planta. Es que este sistema capitalista, que encubre y hace caja con el narcotráfico mientras criminaliza a les consumidores, muestra su hipocresía: negocios sí, derechos no.
La yuta pega más que el cogollo
Está demostrado que en los países en donde la marihuana es legal, bajan las cifras de narcotráfico. La complicidad del Estado y sus fuerzas represivas con los narcos sólo trae más clandestinidad, persecución y criminalización, abuso policial y violencia en los barrios. ¿Qué joven no fue amedrentado por la policía por fumarse un porro? ¿Acaso no se sabe quiénes venden en los barrios y que hay violencia entre bandas? Siempre somos les jóvenes, les trabajadores y las mayorías sociales quienes sufrimos la estigmatización del poder y las consecuencias de sus decisiones unilaterales.
Entonces, ¿por qué no podemos decidir nosotres qué consumir, dónde y cuándo? ¿Por qué no construir socialmente un plan integral sobre el uso medicinal y recreativo de la marihuana? ¿Es mejor la producción privada y mixta o la producción estatal al estilo Uruguay, pero además con control de consumidores, pacientes y entidades? ¿Este mismo Estado, que persigue a quien cultiva o consume y deja correr a los narcos, va a actuar en favor de las mayorías?
Es preciso avanzar con un debate integral sobre marihuana y derechos. La legalización total del cannabis con producción autogestiva y control social para evitar que las empresas lucren con la salud. Conocimiento público sobre las investigaciones y planes de concientización sobre el uso de la planta y las drogas para consumo responsable. Una educación que rechace la estigmatización y la doble moral. Un sistema de salud con mirada abierta a la naturaleza y al paciente. Fortalecer la salud y la investigación científica públicas. Combate real al narcotráfico y a su amparo policial, judicial y político. Medidas así permitirían condiciones más democráticas para que todes podamos ejercer mejor el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, nuestra salud y nuestras vidas.
Abril Cabello
[1] Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología.