A más de un año de su promesa electoral, el presidente al fin presentaría su proyecto de aborto legal. Tenemos que seguir movilizadas, porque parece que vendría con trampas.
Con el flamante anuncio de la presentación del proyecto presidencial, la polémica sobre el debate de la ley de aborto se empieza a recalentar dentro y fuera del parlamento.
Los sectores “pro-vida” han formado una mesa de enlace y organizaron una caravana a la Quinta de Olivos a fines de octubre y una movida ante el Congreso la semana pasada. Han publicado carteles con consignas anti-aborto y también apareció otro de “peronistas por la vida”. Y fueron recibidos por Sergio Massa el mismo día en que por fin recibió, tras dos postergaciones, a representantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.
A su vez, desde la comisión de articulación nacional de la Campaña se vienen organizando acciones virtuales y alguna que otra iniciativa sorpresiva en diferentes puntos del país. Pero todo muy a la retranca, en una actitud de espera totalmente funcional a la dilación del gobierno y sin la masividad que requieren las circunstancias.
En varias regionales de la Campaña, la bronca de las activistas por la demora oficial desbordó a la articulación y así salieron pañuelazos, caravanas y otras acciones más participativas. Si queremos que el Congreso trate y apruebe nuestro proyecto es urgente relanzar la marea verde y recuperar las calles.
Maniobras que favorecen a los celestes
La secretaria legal y técnica Vilma Ibarra afirmó públicamente que trabajarían “junto a la Campaña por el aborto legal, seguro y gratuito y los movimientos de mujeres”. Sin embargo, las actitudes oficiales de los últimos meses muestran lo opuesto:
A pesar de sus reiterados amagues, el presidente postergó durante once meses la presentación de su proyecto de ley. Aunque la pandemia no detiene las muertes y complicaciones por aborto clandestino, no es una de sus prioridades.
Ya hace meses señaló que junto al proyecto de aborto presentaría otro de “apoyo a la maternidad”: una clara concesión a la Iglesia Católica y los evangélicos, a quienes además incluyó en sus listas de diputados y senadores del Frente de Todos.
El Ministerio de Salud justificó la demora al mentir que el sistema público estaba “colapsado” por el coronavirus, sabiendo que los servicios de atención son distintos y que legalizar el aborto reduciría los costos y las camas de internación.
En el Senado, su presidenta Cristina Fernández de Kirchner se negó a entrevistarse con las compañeras de la Campaña y se limitó a responder que ella “ya había hablado” al respecto con la ministra de Mujeres, Eli Gómez Alcorta.
Y Massa, titular de la cámara baja, y aunque el proyecto de ley de la Campaña tiene estado parlamentario desde hace meses, en la reunión confirmó que su hoja de ruta para tratar el tema es esperar el proyecto del Ejecutivo.
¿Qué “consensos” trae el proyecto de Alberto?
El lunes 9, por boca de Vilma Ibarra y luego de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, finalmente el gobierno confirmó que Alberto va a presentar su proyecto antes de que termine noviembre. Él decidirá en qué cámara lo ingresa y sería incluido en el período de sesiones extraordinarias del Congreso. Después de tantas vueltas, es evidente que la presión de nuestras acciones callejeras en todo el país por ¡Aborto legal ya! lo obligó a definir una fecha. Pero los interrogantes siguen en pie.
En primer lugar, Ibarra ratificó que el proyecto oficial iría de la mano con otro, la ley de “los mil días”, para alentar el rol maternal. Este programa ya existe en San Juan y consiste en una limitada asistencia alimentaria y sanitaria para la madre y su bebé por tres años.
Asimismo, Ibarra afirmó que en el proyecto de ley de Alberto “no hay sorpresas, son los consensos históricos que existen”. ¿Pero de qué consensos históricos habla? ¿O acaso no dijo él mismo hace pocas semanas que no quería “volver a dividir” a los argentinos?
En el movimiento feminista y disidente ya hemos construido un enorme consenso histórico durante 15 años, en base a un proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que acompañamos más de 500 organizaciones populares, que respaldan miles y miles de activistas de la marea verde, que ganó un amplio consenso social y que en 2018 conquistó la media sanción. Si el gobierno se refiere a ese consenso histórico, debería aprobar ya mismo el proyecto presentado por la Campaña.
Pero la idea de consenso resulta más que dudosa y peligrosa en un gobierno que consensuó llevar pañuelos celestes en sus listas; que consensúa con el FMI un nuevo ajuste; que consensuó con la derecha no expropiar Vicentín ni aprobar el impuesto a los ricos; que consensúa con los empresarios, la burocracia sindical y la Iglesia una “paz social” antiobrera, que consensuó con las sojeras y mineras bajarles las retenciones, y que consensuó con la justicia desalojar a las familias de Guernica a palazos y topadoras.
Si Alberto presenta otro proyecto sobre aborto es porque es distinto al de la Campaña. Por eso hacemos el alerta de que en nombre de algún “consenso” pretendan imponernos un proyecto verde-celeste, es decir con limitaciones a la edad de autonomía de las niñas y jóvenes, a la cantidad de semanas para acceder al aborto e incluso que podría aceptar la objeción de conciencia institucional por presión de la Iglesia y las clínicas privadas. No podemos permitirlo: el aborto debe ser legal este año y con nuestro proyecto, el de la Campaña.
Plenaria nacional ya, para recuperar las calles
Las novedades acerca del tratamiento parlamentario del aborto legal merecen analizarse, debatirse y replantear la estrategia de lucha para lograr la ley. A lo largo y ancho del país hemos venido desarrollando pañuelazos, intervenciones sorpresivas y hasta caravanas, que nos permitieron volver a la escena pública y presionar al gobierno. En todas esas acciones, desde Juntas y a la Izquierda y el MST tuvimos una participación destacada.
En este contexto, es necesario poner fin al freno y a las permanentes trabas por parte de la articulación nacional de la Campaña, que dejó correr todas las maniobras oficiales. Con un escenario político diferente al que tuvimos en 2018, ya no va más que las decisiones las tome un pequeño núcleo y sin consultar. Hay bronca en las activistas más jóvenes y también en muchas de las compañeras históricas frente a otras integrantes que son funcionarias del gobierno o actúan como tales. Tenemos el desafío de mantener la independencia política de la Campaña, exigiendo al gobierno la aprobación de nuestro proyecto.
Es urgente realizar una plenaria nacional de la Campaña, sin esperar hasta la última semana del mes. La movilización en las calles sigue siendo nuestra principal herramienta de presión, decisiva para asumir con fuerza la lucha hasta lograr que nuestro derecho a decidir sea ley.