jueves, 19 diciembre 2024 - 03:45

Justicia por Sandra y Rubén. Vidal y Sánchez Zinny, responsables. Basta de ajuste educativo

Pasaron 4 años de la dolorosa y lamentable muerte de la vicedirectora Sandra Calamano y del auxiliar Rubén Rodríguez, a causa de una explosión mientras organizaban el desayuno y preparaban a la Primaria 49 de Moreno, para el ingreso de sus estudiantes, aquel 2 de agosto de 2018 bajo el gobierno de María Eugenia Vidal y Cambiemos.

El hecho llenó de dolor, pero también de rabia e indignación a la docencia y los trabajadores de la educación, conmocionando a todo el pueblo de la provincia y el país. Porque confirmaba lo que veníamos denunciando. Inclusive la misma Sandra, quien había presentado muchas notas y reclamos por el deficiente estado de la escuela y pérdidas de gas.

Lo que pasó en la Escuela 49 de Moreno no fue una tragedia ni un accidente, sino consecuencia del abandono, la desinversión y el ajuste al que vienen sometiendo a la escuela estatal los distintos gobiernos, pero en particular entonces, el de Vidal, Macri y Cambiemos. Por eso movilizamos hoy, de manera independiente a los planteos de la burocracia Celeste de SUTEBA.

Todo esto importa aclararlo porque en la causa judicial, la fiscalía se limitó a marcar las responsabilidades del gasista y del Consejo Escolar, como la forma de asegurar la impunidad de los responsables políticos de esas muertes. Incluso, el entonces viceministro Siciliano, intentó culpar a Sandra, argumentando que tenía la posibilidad de suspender las clases. Algo repudiable y parte de la política deliberada oficial para encubrir las verdaderas responsabilidades.

Año 2018 (Clarín): Protestas en el Consejo Escolar de Moreno. Foto Maxi Failla

En Moreno, desde octubre de 2017, el gobierno de Vidal había intervenido el Consejo Escolar para “transparentar” su gestión, ante denuncias de malversación de fondos contra concejeros escolares del Frente para la Victoria (hoy Frente de Todos) [1]. Sin embargo, no se transparentó nada.

Inclusive, en marzo de 2018, el interventor Sebastián Nasif, firmó un acta junto al Municipio y la Dirección de Escuelas (DGCyE) donde se comprometían a asegurar el “mantenimiento, condiciones de seguridad y funcionabilidad” del sistema de gas de todas las escuelas de Moreno. Pero lo único que hicieron Nassif y las demás autoridades, fue profundizar la falta de obras.

El ajuste mata

Esos reclamos presentados por la Escuela 49, así como los de toda la docencia, sus auxiliares, la Multicolor y hasta por la burocracia Celeste de SUTEBA, nunca fueron atendidos. Sus muertes confirmaron lo que siempre denunciamos, que el ajuste mata. Un ajuste y muertes de las que Vidal y sus funcionarios como Gabriel Sánchez Zinny, entonces director de la DGCyE bonaerense, son responsables.

Un ajuste que, como denunciamos hoy con las Seccionales Multicolor de SUTEBA, en ese 2018 Vidal daba un aumento por decreto, negaba las paritarias, persiguió la lucha e inició sumarios. Embistió además contra los equipos de orientación escolar, contra la educación técnica, cerró escuelas, eliminó los Bachilleratos de Adultos, en síntesis: atacó alevosamente a la escuela pública.

Incluso por eso, aquel 2 de agosto era uno de los primeros días de clases, luego del parazo contra el ajuste y el autoritarismo de Vidal, que quería callar la lucha docente con la conciliación obligatoria. La respuesta a las muertes evitables de Sandra y Rubén se hizo sentir en la provincia.

Entonces hubo una verdadera rebelión educativa, un Morenazo con una movilización masiva exigiendo suspender las clases hasta que la totalidad de las escuelas estuvieran en condiciones. Enfrentamos la política de las conducciones Celeste de SUTEBA y Verde de ATE que buscaron limitar, aislar y focalizar esa rebelión educativa que reclamaba que se apliquen los 12 puntos de habitabilidad que la CTERA había acordado en febrero de 2011, en un acuerdo paritario para la infraestructura escolar.

Esas conducciones pactaron con el intendente Festa y la intervención del Consejo Escolar de Moreno los “3 puntos de segurabilidad” para abrir las escuelas, sin que se garantizaran esos 12 puntos de habitabilidad en infraestructura escolar. Desde los SUTEBA Multicolor, los sectores combativos de ATE y las familias, hemos seguido luchando para que en cada escuela estén las obras necesarias y que el gobierno de Kicillof destine los fondos necesarios.

Cele Fierro y Pablo Lopardo por Alternativa Estatal y el MST, presentes

Con la denuncia, una vez más, de la responsabilidad de la ex gobernadora Vidal, de su ministro bonaerense, Sanchez Zinny y el ministro nacional, el ajustador y anti docente Finocchiaro, junto al entonces intendente kirchnerista, Walter Festa.

Por escuelas en condiciones, que Kicillof garantice los 12 puntos en infraestructura

En junio de 2018, un mes antes de esa explosión en Moreno, Macri cerraba el multimillonario acuerdo con el FMI. Deuda trucha que el gobierno del PJ y el Frente de Todos convalidó, con aval de esa derecha macrista. Y que pagan a costa del hambre y las necesidades del pueblo trabajador.

Así, a 4 años de esa explosión, bajo el actual gobierno de Kicillof, el PJ y Frente de Todos, que Baradel y la Celeste de SUTEBA integran con un ministerio y numerosos cargos, las escuelas siguen sin esas condiciones de seguridad y habitabilidad en infraestructura que la CTERA acordó en 2011.

Así, la pasada ola de frío y el extendido reclamo que generó, desnudaron toda la campaña de Kicillof sobre las “Escuelas a la obra”, evidenciando que tampoco se hicieron esas obras e inversiones necesarias en calefacción. Pero tampoco construyendo todas las aulas y escuelas necesarias para poner fin a la sobrepoblación que sigue siendo una constante en las aulas bonaerenses.

Kicillof sostiene además los salarios docentes y auxiliares por debajo de la inflación y por abajo incluso de la línea de pobreza. Y profundiza la precarización laboral con programas y docentes por “contrato”, que quedan por fuera de muchos de los derechos consagrados en el Estatuto. Al dar incluso de baja a 22.000 docentes del programa +ATR el pasado 15 de julio, al negarles su continuidad.

Cele Fierro habla en el acto por Sandra y Rubén, a 4 años

El gobierno nacional agrava la crisis generada por el acuerdo con el FMI, con su única respuesta de más ajuste. Ese es el sentido de poner a Sergio Massa como súper ministro, un aliado incondicional de Vidal para aplicar todas sus leyes y presupuestos de ajuste y del mega-endeudamiento bonaerense, el mayor de toda la historia provincial.

Paro nacional de CTERA. Juicio y castigo a los responsables

El gobierno de Alberto, Cristina, Massa y Kicillof decide seguir pagando la deuda trucha al FMI y a los bonistas buitres y beneficiar al agronegocio y las corporaciones, mientras ajustan a la docencia y la escuela pública.

Por eso las luchas docentes se extienden a un tercio del país. Y superan incluso las direcciones burocráticas, aliadas al gobierno como en San Juan antes y luego en La Rioja. Además de los masivos paros y movilizaciones en Chubut, Mendoza, Santa Fe, Chaco, Río Negro, Santa Cruz y Formosa.

Es por esto que exigimos a SUTEBA y la CTERA un urgente paro nacional y plan de lucha, en unidad con la salud y estatales. Reclamamos asambleas y plenarios de delegades en SUTEBA por la inmediata reapertura de las Paritarias, una urgente recomposición del salario y un presupuesto al 10% del PBI, incluyendo al Fondo Educativo para destinarlo en su totalidad a acondicionar, reparar y construir todas las aulas y escuelas que hacen falta.

El mejor homenaje a Sandra y Rubén es seguir luchando en defensa de todos estos derechos y por la escuela pública estatal. A 4 años, seguimos reclamando contra la impunidad y exigiendo que se juzgue y castigue a los responsables políticos: Vidal y Sánchez Zinny, responsables.

Sandra y Rubén, ¡presentes!

Alternativa Docente en SUTEBA Multicolor

ANCLA, Agrupación Nacional Clasista Antiburocrática

MST en el Frente de Izquierda Unidad


[1] Al día de hoy, algunos Consejeros Escolares de aquel entonces en el Frente para la Victoria (hoy, Frente de Todos), están en juicio por esas causas penales por malversación de fondos públicos y comercialización de títulos truchos.

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