El 30 de abril de 2020, Facu salió de Pedro Luro con destino a Bahía Blanca para encontrarse con su ex novia. Su cuerpo fue encontrado cuatro meses después, sin vida.
Según el resultado de la autopsia, Facundo murió ahogado. Aunque todas las evidencias marcan la responsabilidad de los agentes de la Bonaerense, la jueza a cargo de la causa, María Gabriela Marrón, siempre sostuvo la hipótesis de la “muerte accidental”, nunca investigó a los policías y los encubrió. En diciembre pasado, por su evidente parcialidad, a pedido de la familia de Facundo y sus abogados la jueza fue apartada del caso y ahora lo lleva el juez Walter López Da Silva.
Su desaparición
La noche previa al 30 de abril de 2020, Facu estuvo en la casa de un amigo esperando a que se hiciera de día para salir hacia Bahía Blanca. A las 5 de la mañana del 30, se despidió de él y empezó a caminar por la Ruta 3. A las 10 y luego de recorrer 30 kilómetros, llegó a Mayor Buratovich, partido de Villarino, al sur de Bahía Blanca.
En esa localidad, los oficiales Jana Curruhinca y Mario Sosa lo demoraron y le hicieron un acta por incumplir las normas de la cuarentena. Esos hechos están confirmados en la causa, a lo que se suma el hallazgo de un cabello suyo en un patrullero y de su amuleto en la celda de una comisaría.
Luego, son todas preguntas sin respuestas: ¿siguió hasta Teniente Origone y fue demorado por una segunda vez? ¿Cómo llegó a morir por “asfixia por sumersión” en Bahía Blanca? ¿Por qué su mochila apareció un mes después que su cuerpo, con la ropa que tenía puesta en la primera detención de Mayor Buratovich?
Su búsqueda
Para Cristina Castro, la mamá de Facundo, la investigación fue mal dirigida desde el comienzo, cuando pusieron a buscar a los mismos policías hoy acusados de su desaparición forzada seguida de muerte. Ante el reclamo, se derivó la investigación a la Policía Federal, fuerza que también posee acusados en la causa.
Con sus abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto, Cristina conforma un equipo incansable en la búsqueda de justicia. Deben superar el hostigamiento constante del intendente de Vilarino, Carlos Bevilacqua, amigo de la Bonaerense, que prohibió a los empleados municipales postear mensajes sobre Facu. También las amenazas del ex jefe policial Pablo Reguilón y las campañas difamatorias de medios como el diario La Nueva Provincia.
En esta causa hay responsables materiales, pero también judiciales y políticos. Las respuestas necesarias a todas las preguntas las deben dar la justicia, y asimismo Sergio Berni como jefe máximo de la Bonaerense, y Axel Kicillof y Alberto Fernández, que en su momento recibieron a Cristina y le prometieron investigar a fondo. Sigamos respaldando la lucha de Cristina y sus abogados: ¡justicia para Facu!
Iara Saldungaray