El 3 de noviembre de 1995 se realizó la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, con el objetivo de destruir pruebas de la venta ilegal de armas por parte del Estado argentino a Croacia y Ecuador. El atentado tiene como autor político al Senador Carlos Saúl Menem, condenado por la causa de la venta de armas, aún en libertad.
Se cumple un cuarto de siglo desde la fatídica mañana en la que la población de Río Tercero, localidad ubicada a 83 km. al sur de la capital de la provincia de Córdoba, sufrió el hecho que, probablemente, sea el más trágico de su historia.
Las imágenes reproducidas aquel día por los canales de televisión que cubrieron el hecho, mostrando a los habitantes intentando refugiarse ante una literal lluvia de esquirlas de cemento y municiones, el ruido de explosiones sucesivas y un hongo de humo de fondo, parecían surrealistas para la realidad de nuestro país; que si bien venía de presenciar los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994, se encontraba lejos de los escenarios bélicos de aquel entonces, en Medio Oriente, los Balcanes, o la frontera entre Ecuador y Perú.
Alrededor de las 9 de la mañana de ese día, se detonaron simultáneamente dos cargas de trotyl (TNT trinitrotolueno) en la planta de cargas y en el depósito de suministros de la Fábrica Militar de Río Tercero, lo cual desencadenó a su vez la explosión de una gran cantidad de municiones pesadas y explosivos acumulados en las inmediaciones. Estas instalaciones se encontraban a solo 200 metros del límite del ejido urbano, por lo que decenas de casas fueron completamente destruidas, y cientos de otras quedaron muy dañadas. Pero lo más grave sin duda, fue el daño que causó a la población, que sufrió 7 muertes, más de trescientas personas con heridas, e incalculables daños psicológicos, sobre todo en la población infantil, que padeció los traumas propios de una guerra.
Menem lo hizo
Por la tarde del mismo día, se dirigió hacia Río Tercero, el entonces presidente, Carlos Saúl Menem, quien dio una conferencia de prensa junto a Ramón Bautista Mestre, gobernador de Córdoba en aquel momento, en la cual afirmó categóricamente que se trataba de un accidente (1); condición en la que se desarrolló la investigación de la causa judicial hasta 2003, cuando recién se comenzó a investigar como un posible atentado.
En 2014, el Tribunal Oral Federal n°2 de Córdoba determinó finalmente, que dado que las cargas de trotyl solamente podían explotar bajo condiciones muy específicas, era imposible que pudiera tratarse de un accidente, y sentenció por esta causa a cuatro ingenieros militares retirados (Edberto González de la Vega, Carlos Franke, Jorge Antonio Cornejo Torino y Marcelo Diego Gatto) a penas de entre 10 y 13 años de prisión; y determinó en su fallo que el atentado se realizó con el fin de ocultar el faltante de armas del polvorín, que habían sido vendidas a Croacia y Ecuador (2). Sin embargo, en el proceso había sido excluido el ex-presidente Menem, condenado en 2013 por la causa de la venta de armas, al que la Justicia Federal cordobesa le había dictado antes una falta de mérito para el caso de Río Tercero.
En 2018, el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, procesó por este hecho a Menem en solitario, tras un pedido de la Cámara Nacional de Casación Penal de revisar el caso nuevamente en Córdoba, donde se espera que comiencen las audiencias en febrero del próximo año.
La complicidad es tanta…
Con todo, podemos esperar cualquier sorpresa por parte del Poder Judicial, que responde casi siempre a los intereses de los más poderosos de este país, quienes a su vez le dieron el poder a los que hoy detentan la facultad de dejar libres o reducirles las condenas a genocidas, violadores y corruptos de toda calaña. Resulta innegable, dado el rol que ocupaba y las pruebas presentadas en los procesos de las causas, a pesar de cualquier fallo al que pueda llegar la Justicia, la complicidad del ex presidente oriundo de La Rioja en una de las mayores tragedias que vivió la Provincia de Córdoba.
Aun así, aunque poco sorpresivamente, el PJ y el kirchnerismo se han empeñado en protegerlo, manteniendo la inmunidad que le otorgan los fueros por sus cargos legislativos, pese a estar involucrado y hasta condenado en varias causas judiciales. De hecho, el 1 de diciembre de 2015, el Tribunal Oral Federal 4 condenó a Menem a 4 años y seis meses de prisión por el delito de peculado e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, pero en 2019 se le permitió incorporarse como candidato al Frente de Todos, donde volvió a ser electo como Senador Nacional por La Rioja.
En este punto es donde se vuelve a demostrar que “la grieta” no es tan gruesa como la quisieron pintar desde el kirchnerismo. Porque a pesar de mostrarse varias veces como opositores, primero enfrentados Carlos Saúl y Néstor, y luego con Cristina cruzándose acusaciones; para cuidarle las espaldas al turco no tuvieron ninguna reserva, aprovechándose del putrefacto aparato judicial. Como también lo hicieron durante su gobierno los referentes de Cambiemos, que dicho sea de paso ampararon a Menem en 2017, cuando Leonel Acosta, candidato en ese entonces a diputado por el MST, hizo una presentación que planteaba la falta de idoneidad ética y moral del ex presidente, por encontrarse condenado por la causa de tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador.
El recurso fue aceptado por la Cámara Nacional Electoral, que resolvió vetar la precandidatura a senador de Menem (3), pero días después fue rechazado por la Corte Suprema de la Nación, permitiéndole nuevamente esquivar la condena.
Causas como esta son las que visibilizan la eterna complicidad entre todos los estamentos de un Estado corrupto; donde las Fuerzas Armadas, y los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo forman parte de un mismo aparato opresivo, patas gubernamentales del sistema capitalista, al que no le importan las vidas humanas, sino las ganancias que pueda generar.
Nacho Márquez
Tribunal Oral Federal de Córdoba Nº 2. 27 de febrero de 2015. p. 985.https://mst.org.ar/2017/08/07/menem-de-carrera-golpe-impunidaddad/