Que se cierre el pacto gobierno-FMI a pocos días de un nuevo aniversario del golpe no es sólo una mera coincidencia. Los gobiernos dictatoriales, igual que en otros países semicoloniales, han jugado un rol central en la relación del FMI con la Argentina: financiaron la represión al servicio de los planes de entrega que después continuaron los gobiernos de la democracia para ricos. He aquí un breve repaso de esta historia de afrenta a los derechos humanos, con la represión y la miseria planificada.
Argentina entró al Fondo (o el Fondo entró a la Argentina) en 1956, después del golpe gorila de 1955, o sea en dictadura. El decreto-ley 7103/ 56 del dictador Aramburu selló el ingreso de nuestro país al FMI. Fue Raúl Presbich, asesor de la Fusiladora, quien instó a que la Argentina se endeudara con el exterior. Unos meses después ya éramos formalmente el miembro número 59 de esa usina de la usura. Y recomendó el primer endeudamiento: «Hay dos serias confusiones en cuanto al empréstito exterior: …que no hace falta; y… que compromete la soberanía nacional. Creo que el capital privado extranjero podrá estimular poderosamente el desarrollo económico argentino» (Informe preliminar acerca de la situación económica).
El mismo decreto dispuso entrar al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), otro jalón del coloniaje. Los protagonistas de la autodenominada «Revolución Libertadora» dispusieron la desnacionalización de los depósitos bancarios, la eliminación del control estatal sobre el comercio exterior, la terminación de los tipos de cambio selectivos, entre otras cuestiones. La dictadura decidió acompañar su plan proyanqui con la prohibición de toda actividad política, la clausura de periódicos, la intervención de sindicatos, encarcelamientos, torturas y fusilados.
Al concluir el gobierno de Aramburu, la deuda externa alcanzo los 1.051 millones de dólares. Ese fue el saldo correspondiente al comienzo de la sumisión de nuestra política económica a los dictados de los organismos internacionales. A partir de abril de 1956 se inauguró un período de entrega desembozada, que demostró que una política económica al servicio de sectores privilegiados, acordada con organismos internacionales, se correlaciona indefectiblemente con mayor endeudamiento externo. Luego del período entre 1946 y1949 de relativa independencia y recambio en la hegemonía imperialista en el país -declinación de los británicos y penetración de los yanquis-, el gobierno peronista quiso ingresar al contubernio del consenso de Washington, mendigando créditos al Banco Mundial. Pero la condición para entrar al Banco, era ingresar simultáneamente al FMI. Y EE.UU.
retrasó ese ingreso por consejo de los asesores económicos, aunque iniciaron las tratativas que finalmente concretó la dictadura. El ingreso formal al FMI fue el 20 de septiembre de 1956. Argentina recibió un crédito de 100 millones de dólares del Eximbank, 75 millones del FMI y otros 80 millones de bancos y empresas norteamericanas, con lo que se inició una cadena interminable de préstamos que se sucedería por cinco décadas.
Dos años más tarde el gobierno de Arturo Frondizi, con su ministro Alsogaray, firmó el primer acuerdo formal con el FMI. Detonó una saga de endeudamiento creciente, que hipotecó el futuro de generaciones de trabajadores y sectores populares. La principal cláusula propuesta hablaba de una reducción del 15% de los empleos públicos, además de un freno a la obra pública y la privatización de empresas estatales.
Vendrían más dictaduras… y más endeudamiento. Una de las primeras medidas de Juan Carlos Onganía (1966-1970) fue la de acordar con el FMI, en condiciones aún peores que las pactadas por Frondizi, con mayor control sobre las cuentas y las políticas públicas. El Plan Conintes fue una de las represiones más emblemáticas de este negro período para acallar la resistencia obrera y popular a los planes de austeridad. En seis años, que incluyen también las dictaduras de Levingston y Lanusse, hasta 1973, la deuda externa argentina creció un 46%: de 3.300 millones de dólares a 4.800 millones. El tercer gobierno peronista mantuvo las relaciones con el Fondo.
El FMI financió el genocidio del «Proceso»
La dictadura 1976-1983 multiplicó la deuda, de 7.000 palos verdes a 45.000. El FMI de la misma manera que financió las dictaduras del Plan Cóndor, bancó aquí el plan de entrega y la represión feroz para sustentarlo. Durante la última dictadura militar, en el periodo correspondiente a Videla se realizaron dos acuerdos de la mano de Martínez de Hoz, uno en agosto de 1976 y otro en septiembre de 1977. En enero de 1983, con Bignone en la Junta, el ministro Wehbe firmó el último acuerdo en dictadura.
Nadie mejor que Rodolfo Walsh para graficar la relación entre la dictadura, entrega y ajuste. «En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor, que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar… Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales» (de su Carta abierta de un escritor a la Junta Militar, 24/3/77).
Sin dudas, la historia de coloniaje que se expresó en la dictadura nos dejó la deuda externa odiosa y fraudulenta, incluida la estatización de la deuda privada. Las y los 30.000 luchadores detenidos desaparecidos fueron producto de la represión selectiva para descabezar una camada de activistas obreros, populares, juveniles y de izquierda y avanzar con el ajuste y las primeras reformas estructurales reaccionarias que luego continuarían los gobiernos posteriores, en particular el de Menem.
Una espiral de miseria
Luego de un período de tires y aflojes, en 1985, ante una deuda impagable y una inflación creciente, el FMI respaldó el Plan Austral del ministro Sourrouille, a la vez que exigió una mayor apertura comercial y un ajuste fiscal. El fracaso del Plan Primavera y la hiperinflación empujaron masivas movilizaciones, que precipitaron la caída de Alfonsín en julio de 1989.
Menem gestionó la adhesión de la Argentina al Plan Brady en 1992 con garantía del Fondo, que obligó a reestructurar la deuda externa, privatizar empresas públicas y el sistema de seguridad social, eliminar impuestos a las operaciones financieras, ganancias y contribuciones patronales a la seguridad social. También se amplió la base imponible del IVA, el impuesto más regresivo.
El 10 de octubre de 1998 el director gerente del FMI, Camdessus, aseguró que «el mejor presidente de los últimos 50 años es Carlos Menem». No obstante, a mediados de ese año y desatada la crisis de deuda de Rusia, Argentina inició una prolongada recesión que desembocó en el hundimiento del plan de convertibilidad, anticipando las bases de la crisis que desembocaría en el Argentinazo de 2001.
Su sucesor, Fernando de la Rúa, firmó con el FMI un préstamo sin precedentes de 40.000 millones de dólares, conocido como blindaje, que terminó de sumir en la miseria al país y desencadenó, con la vuelta de Cavallo, el mismo de la dictadura, la rebelión obrera y popular a fines de 2001.
La hora del no pago
El Argentinazo de 2001 impuso la suspensión de los pagos por 95.000 millones de dólares durante cinco años. El 23 de diciembre, en su primer discurso como presidente designado por la Asamblea Legislativa, Rodríguez Saá anunció la suspensión de los pagos de la deuda. Esta decisión no estaba planificada: fue producto del proceso revolucionario que terminó tumbando a cinco presidentes, Rodríguez Saá incluido.
El Argentinazo arrancó el no pago de la deuda y posibilitó que la economía nacional empiece a salir del pozo. Pero también consiguió que las organizaciones sociales ligadas a la izquierda arranquen y controlen parte de la ayuda social. Esta conquista, con vaivenes, dura hasta hoy y justamente a la luz del nuevo acuerdo con el Fondo la quieren liquidar.
La energía desplegada por el Argentinazo también posibilitó que, entre otros avances en el terreno de la dirección y autoorganización del movimiento de masas, en 2003 se logre una conquista democrática tremenda: la anulación de las leyes de impunidad, que reabrió los juicios a los genocidas. Ese default soberano, también dejó en claro que, si el no pago no es parte de un plan alternativo obrero y popular que avance en otras medidas para cambiar la estructura económica (nacionalización del comercio y la banca, entre otras) se retrocede.
Por ello, aun en cesación de pagos, el presidente Duhalde firmó en enero de 2003 un acuerdo de reprogramación de deuda con el FMI, tras nueve meses de arduas negociaciones. Y luego, ya en el gobierno de Kirchner, se renegoció la deuda y se pagó al contado al Fondo. Como Menem que nos dejó las privatizaciones, los K dejaron el extractivismo y luego Macri la estafa por 45.000 palos verdes que fugaron sus amigos. Hoy todo eso se consolida con el acuerdo gobierno-FMI votado. Ya es historia reciente y una pelea a seguir.
Un ataque a dos bandas
El pacto que firmó el gobierno del Frente de Todos con el FMI, es un ataque a dos bandas a los derechos humanos. El ajuste acordado con el Fondo significa un ataque a derechos humanos que son básicos. Habrá más pobreza, desocupación y precarización laboral, menos salarios, jubilaciones y planes sociales. Menos presupuesto sanitario, educativo y políticas de género y diversidad. Y una verdadera guerra a los bienes comunes y el ambiente.
Pero, por otro lado, el ajuste no pasa sin represión. Por eso antes Macri y Patricia Bullrich alentaron el gatillo fácil y la doctrina Chocobar, y criminalizaron la protesta. Ahora continúa Larreta esta política en CABA y tiene su correlato a nivel bonaerense con Berni. A la hora de reprimir al servicio del ajuste fondomonetarista, no hay grieta. Y se facilita el envalentonamiento de la nueva derecha de los Milei para pedir más represión. Entre rupturas y continuidades, asoma un hilo rojo: el del FMI, que atenta contra los derechos humanos, los de ayer y los de hoy.