Desde hoy a la madrugada, con una violenta represión, 38 detenidxs y topadoras mediante, la Policía Bonaerense consumó el desalojo de los centenares de familias que por falta de vivienda, desde hace cien días, habían recuperado predios desocupados e improductivos en la localidad de Guernica. El gobierno bonaerense de Kicillof y también el “Cuervo” Larroque se la pasaron haciéndoles falsas promesas a las familias de Guernica, maniobraron y mintieron, para finalmente apelar a la represión como única respuesta ante la urgente necesidad social de tener siquiera un techo.
Con características distintas, en Santa Elena, Entre Ríos, también hoy mismo se produjo el desalojo policial de decenas de personas que con aval de una de las herederas de esa propiedad rural, Dolores Etchevehere, reclamaban la restitución del predio arrebatado años atrás a una escuela agrotécnica. Es decir, no se trata sólo de una mera disputa interna de una rica familia por una herencia, sino de restituirle la propiedad a una escuela como parte del llamado Proyecto Artigas.
Al mando del operativo policial en Guernica estuvo Sergio Berni, el ministro de (in)seguridad bonaerense a quien Kicillof sigue sosteniendo en su cargo aun después de la desaparición forzada seguida de muerte del joven Facundo Astudillo Castro y su rol de encubrimiento e impunidad para los asesinos. Por su parte, a los ricos hermanos Etchevehere los fueron a acompañar el renegado Pichetto y, muy en especial, la ex ministra de (in)seguridad macrista Patricia Bullrich.
Al momento de conocerse el fallo judicial previo al desalojo con policías y gendarmes en Santa Elena, Bullrich, los Etchevehere y los ruralistas presentes festejaron a viva voz la “defensa de la propiedad privada”. En paralelo, al culminar el inhumano desalojo en Guernica, Berni difundió un tuit con un video de su marca como futuro candidato, Fuerza Buenos Aires, en donde reafirma que “el derecho a la propiedad privada es una obligación que debemos garantizar desde nuestra fuerza de seguridad”. Como vemos, Bullrich y Berni no sólo son iguales en su respaldo a la mano dura policial y de las picanas llamadas Taser, sino también en cuanto a su cerrada defensa de la propiedad privada capitalista. Como bien dijo hoy Cele Fierro en un tuit: “La grieta, te la debo”.
Antes que la propiedad capitalista, las necesidades sociales
En primer lugar, para la Constitución nacional burguesa vigente, la propiedad privada no es un derecho absoluto sino relativo porque se puede expropiar por razones de utilidad social. Incluso, entre otras variantes, aun sin expropiar se puede otorgar tenencia transitoria de inmuebles. Además de esta cuestión conceptual, si nos referimos a estos dos casos concretos, nadie pudo demostrar en forma fehaciente ser dueño de los terrenos de Guernica y la propiedad de la familia Etchevehere sobre el predio de Santa Elena está cuestionada desde la época de Menem por las apropiaciones previas. En ambos casos, no hay propietarios “legítimos”.
Pero aparte de estos vericuetos jurídicos, lo que surge a debate político hoy es la primacía o no de la propiedad privada por sobre las carencias extremas y urgentes de los sectores más vulnerables, como la acuciante falta de vivienda. Bien podemos incluir también aquí a la Iglesia Católica, propietaria de unos 18.000 inmuebles exentos de impuestos, cuyo obispo sanisidrense Ojea demanda penalmente a la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu por “usurpar” tierras del clero en Villa Mascardi.
Como socialistas defendemos el derecho social a la tierra y a la vivienda por sobre la propiedad privada, cuyo origen en la mayoría de los casos es producto de expoliación, estafas o negociados. Sin embargo, para cualquier sector que se considere mínimamente progresista no debería haber duda en que el Estado debe garantizar respuestas efectivas a los derechos sociales más básicos, como la vivienda, antes que el interés privado de tal o cual capitalista.
Más allá de los relatos, cuando Alberto Fernández pregona “un capitalismo donde ganemos todos”, y cuando Cristina Fernández de Kirchner propone “un gran acuerdo nacional” con los grandes empresarios nacionales y extranjeros, están defendiendo esa misma sacrosanta propiedad privada de los poderosos, de los capitalistas, de los ricos cada vez más ricos, que son precisamente quienes privan de trabajo, de salario, de jubilación, de salud, de educación, de vivienda, de dignidad, de ambiente sano, de futuro y de toda propiedad a las grandes mayorías populares. La crisis, que la pandemia agudizó, va a agravar esta situación de creciente polarización social y política. Está en vos elegir de qué lado de la mecha querés estar.