Mientras el 2021 está por culminar, el gobierno no pierde tiempo y ya digita lo que vendrá para el próximo año. En ese marco habilitó un nuevo aumento en las tarifas de luz y gas que variará entre el 17% y 20%.
Conjuntamente, se establecieron las formas para aplicar la quita de subsidios en diferentes escalas de los usuarios. Esta discusión que en su momento había sido motivo de pelea entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el subsecretario de Energía eléctrica, Federico Basualdo, se terminó de resolver en favor del primero.
El aumento que comenzará a aplicarse en los meses de enero y febrero de 2022 para todos los usuarios se dará conjuntamente con la quita de 500.000, avanzando en el cobro total de la tarifa. Este número indica un porcentaje que representa sectores concentrados donde se destacan barrios cerrados, la actividad financiera, el transporte ferroviario, el juego -bingos y casinos- y las oficinas públicas. Vale aclarar que, a la misma vez, este segmento representa el 60% del consumo total de energía.
De todas formas y más allá del doble discurso, los nuevos aumentos que seguro serán vendidos como un hito del progresismo, afectan a los trabajadores de conjunto. Con las magras paritarias que se desarrollaron este año y la pérdida de poder adquisitivo que se viene dando en los últimos cuatro años, el aumento de las tarifas recrudecerá las condiciones materiales de vida del conjunto del país. Ni hablar que una suba de este tipo, que tampoco se prevé sea la única en el año, ya que las fuentes oficiales indicaron que puede estirarse hasta un 30%, empujarán el alza de los precios y conjuntamente el ritmo inflacionario.
También valdría agregar que la quita de los subsidios a estos sectores que han sido beneficiados eternamente, no significa una política de redistribución ni mucho menos. Más bien tiene que ver con cumplir con el patrón principal. La decisión de esta quita y el aumento de las tarifas está en consonancia con la negociación con el FMI. Queda en claro que es un pedido del organismo de crédito cuando se revisan los números y damos con los siguientes datos: las tarifas de luz y gas que solo aumentaron un 9% y un 6% este año significaron una erogación en subsidios equivalentes a unos US$ 9.000 millones. Todos esos dólares son los que desea el Fondo para que se cumplan los pagos a futuro que se acordaran en el préstamo Stand By.
La solución para el drama energético no se resuelve con nuevos aumentos, sino revisando y cambiando la estructura privada heredada de los años ‘90. No es momento para que las empresas privadas que controlan el sector sean beneficiadas tanto con subsidios como con tarifazos siderales. En un país con más del 40% de pobreza es necesario avanzar en una transformación donde los servicios sean considerados un derecho y no un nicho de negocios para pocos. Para que suceda esto, la estatización de las empresas con control de sus trabajadores y usuarios, la desdolarización de sus precios y la investigación de los negociados realizados a costa nuestra son las medidas necesarias para cambiar de rumbo.