Nueva etapa. Pasadas las elecciones legislativas y con la derrota a cuestas, Alberto Fernández anunció el relanzamiento de su gobierno. Ya lejos de los discursos y promesas de campaña, en esta etapa la proa apunta a la presentación en los próximos días del plan plurianual en el Congreso, que no es otra cosa que la forma de llamar al acuerdo con el FMI. Con ese objetivo, en las últimas semanas se multiplicaron las reuniones con empresarios y distintos sectores en busca de apoyo, que por otra parte es una de las condiciones que exige el organismo para firmar el Acuerdo de Facilidades Extendidas.
Agenda con ajuste y represión. Para no dejar dudas de su predisposición en avanzar por ese camino, el gobierno viene dando sobradas señales. Esta semana recortó el presupuesto de jubilaciones con el decreto 819/21, anunció la eliminación de la doble indemnización, del decreto que prohíbe despidos y suspensiones y aplicó la restricción a la compra de pasajes en cuotas al exterior para cuidar los dólares de las reservas destinadas a pagar deuda en los próximos meses. Pero al mismo tiempo, como presagio de lo que vendrá con el pacto social que están tejiendo, hubo un recrudecimiento de los casos de gatillo fácil, de la represión al pueblo mapuche y la condena a Ruiz y Arakaki, síntomas de que apelarán a la fuerza y a la persecución para hacer pasar el acuerdo con el FMI.
Ladran pero no muerden. Al interior de la coalición gobernante, las tensiones que produjo la derrota en las PASO se van apaciguando. Por un lado porque lograron evitar, no la derrota, sino que se repitan o profundicen los resultados de septiembre con el consiguiente cuestionamiento a la gobernabilidad de los próximos dos años. Por otro lado, porque más allá de los matices sobre formas y plazos, nunca estuvo en cuestionamiento la necesidad de llegar a un acuerdo con el FMI. La última carta de Cristina lo reafirma cuando dice que no propone «desconocer deudas» y que el kirchnerismo tiene «un atributo histórico que es el de haber pagado las deudas que generaron otros gobiernos». Confirma que las poses combativas de la Cámpora y otros sectores del FdT eran sólo gestos de campaña y buscaban más evitar una fuga de su base por izquierda que encabezar una resistencia al acuerdo. Si alguien tenía expectativas en que CFK, la Cámpora o algún otro sector del FdT encabezara una lucha consecuente contra el FMI, puede tomar nota de que no habrá resistencia por ese lado.
El juego de la derecha. Juntos salió de los comicios con un triunfo menos holgado del que esperaban y su camino hacia el 2023 está menos allanado de lo que vaticinaban. Antes, además, deberá sortear una interna que se intensifica y habrá que ver los acuerdos a los que pueda llegar o no con los liberales de Milei y Espert. El gobierno, por su parte, aunque los enfrenta discursivamente, les facilita la tarea. Por un lado con medidas que afectan a sectores medios para evitar tocar los intereses de los grandes empresarios y banqueros. Por otro lado tomando la agenda de la derecha para atacar derechos laborales y aumentar el empoderamiento de las fuerzas represivas. De todas maneras, aunque seguramente habrá algo de pirotecnia, se descuenta que apoyarán el acuerdo.
Burocracia servil. Al acuerdo nacional se sumó, como no podía ser de otro modo, la burocracia sindical. La nueva conducción de la CGT se reunió días pasados con el gobierno para brindar su apoyo al acuerdo y en los próximos días recibirá al ministro de economía. Pero más aún, firmó el convenio flexibilizador en Toyota y viene dejando correr el ajuste y los despidos entre la clase trabajadora, abandonando a su suerte a quienes salen a pelear. Las CTAs, en todas sus variantes, transitan el mismo camino.
El significado del acuerdo. Aunque los detalles del plan plurianual no se conocen, las exigencias del FMI son las mismas que viene reclamando la burguesía: reducción del déficit fiscal (léase ajuste), achicamiento de la brecha cambiaria (devaluación), reformas estructurales (laboral, previsional e impositiva) y reducción de la emisión monetaria, entre las principales. Para lograr esos objetivos habrá un mayor ajuste sobre el pueblo trabajador y los sectores populares; por ejemplo ya se planifican aumentos de las tarifas de los servicios públicos. La necesidad de obtener dólares para hacer frente a los vencimientos de la deuda, por otra parte, anuncia un nuevo impulso al extractivismo depredatorio, lo que explica el apuro por aprobar la Ley de Hidrocarburos y la Ley Agroindustrial.
Un horizonte de luchas. Como se puede ver hay una unidad nacional de la burguesía, las direcciones políticas y la burocracia sindical para firmar el acuerdo y sostener el ajuste que ello implica. Sin embargo, la grave situación social que se vive hace prever que habrá resistencia a los planes. La masiva marcha de antorchas de la enfermería nucleada en ALE, el plan de lucha de la CICOP, las masivas movilizaciones de los movimientos sociales independientes, entre otros conflictos muestran que hay una clase trabajadora que no se dejará quitar derechos sin dar pelea. El marco latinoamericano abierto en 2019 con las rebeliones de Chile, Ecuador o Colombia, ante medidas de ajuste para cumplir con el FMI, es el cristal a través del cual se debe mirar el futuro de nuestro país.
La necesidad de una nueva dirección. El pronóstico es a mayores confrontaciones, que serán probablemente más duras por el enfeudamiento de todas las alas de la burocracia a los planes del gobierno. En ese contexto, la izquierda es la única corriente que se planta frente al acuerdo de gobierno, empresarios y burocracia, y por lo tanto la única en condiciones de dar apoyo, impulsar la coordinación y el aliento al surgimiento de nuevas direcciones combativas, democráticas y clasistas en el movimiento obrero. Es uno de los desafíos que plantean los tiempos que vienen.
Desafíos para la izquierda. Las elecciones mostraron un notable crecimiento de la izquierda que se consolidó como tercera fuerza, logrando no sólo un aumento en la representación parlamentaria, sino rompiendo el dique del aparato del PJ en Jujuy y en distritos fundamentales del conurbano bonaerense. Este resultado no es más que la expresión electoral de un proceso mucho más profundo que recorre fábricas, lugares de trabajo y barrios populares: el de sectores que empiezan a abandonar el PJ y miran a la izquierda. Es un proceso que está en sus inicios pero que aventuramos que va a tender a continuar. El segundo desafío, entonces, consiste en postularse como alternativa política frente a sectores que irán, cada vez más, abandonando sus expectativas en el Frente de Todos. La iniciativa del FIT Unidad en la convocatoria unitaria para movilizar contra el acuerdo con el FMI es un paso muy positivo que hay que profundizar y darle continuidad. El otro paso es avanzar hacia la conformación de un movimiento político de la izquierda que sea un factor de intervención y disputa cotidiana frente a los planes de la Unidad Nacional pro FMI.