jueves, 19 diciembre 2024 - 03:29

Comodoro Py. Repudio a las condenas contra Arakaki y Ruiz

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 acaba de dar a conocer su veredicto condenatorio contra los compañeros César Arakaki, militante del PO, y Daniel Ruiz, militante del PSTU, por haber participado en las masivas jornadas de lucha contra la reforma jubilatoria en diciembre de 2017.

Aunque las respectivas defensas por parte de les abogades de APEL (Asociación de Profesionales en Lucha) y de CADEP (coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo) acreditaron la total ausencia de prueba de los supuestos delitos, el juez a cargo del juicio, Javier Ríos, decidió condenar a los compañeros.

Arakaki deberá cumplir 3 años y 4 meses de prisión por lesiones en ocasión de agresión, intimidación pública y atentado contra la autoridad agravado por mano armada e intervención de más de tres personas. A su vez, Ruiz fue condenado a una pena de 3 años por los delitos de intimidación pública y atentado contra la autoridad y por ser cometido con arma y en conjunto con más de tres personas.

Pablo Vasco y Guillermo Pacagnini

Los fundamentos de esta repudiable sentencia recién se publicarán el 4 de febrero de 2022 y obviamente las defensas recurrirán el fallo ante las instancias superiores. De igual manera padece prisión domiciliaria el compañero Sebastián Romero, cuya libertad exigimos.

Este es claramente un fallo de persecución política, cuyo objetivo es amedrentar a las y los luchadores populares. Es tan absurdo, que el propio policía herido durante aquellos incidentes retiró su querella al no existir ni la más mínima prueba de los delitos por los cuales han condenado a César y Daniel.

Este antecedente resulta muy preocupante desde el punto de vista de las libertades democráticas, ya que se trata de la primera condena por intimidación pública en contexto de movilización desde 1983. Hubo muchas acusaciones anteriores por ese delito, pero todas ellas fueron sobreseídas sin llegar a juicio o desistidas en el mismo debate por la acusación.

La protesta social no es intimidación pública: es ejercer los derechos constitucionales de reunión, de expresión y de petición ante las autoridades. Con Guillermo Pacagnini y una delegación de militantes del MST hoy estuvimos en Comodoro Py, así como lo hicimos tantas veces antes y lo seguiremos haciendo. Si tocan a uno, nos tocan a todos.

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