El pasado 6 de octubre Arabela Carreras anunció el compromiso del gobierno rionegrino para financiar viviendas y cobertura de la obra social provincial a pastores evangélicos. Este escandaloso anuncio se realizó con la presencia de referentes de la Asociación de Pastores de Iglesias Evangélicas de Río Negro (APIER).
En medio del contexto electoral que recorre el país, tanto el gobierno nacional como el provincial buscan atraer el voto de más sectores a través del anuncio de distintas medidas. En el caso de Río Negro, la gobernadora Arabela Carreras realizó lo propio la semana pasada, cuando comunicó en conferencia de prensa en Jacobacci sobre un programa para otorgarles viviendas y cobertura social de IPROSS a más de 500 integrantes de la Asociación de Pastores de Iglesias Evangélicas de Río Negro (APIER). La medida es cuestionada por un gran sector de la población y por los sindicatos estatales, que la rechazaron mediante distintos comunicados.
En nuestra provincia son más de 60 mil personas las que se encuentran sin vivienda, incluyendo una gran cantidad de trabajadores de los diversos sectores estatales; por eso la bronca no se hizo esperar. Es que en lugar de poner en marcha un plan habitacional para todas las familias que hoy se encuentran sin un techo, pagando alquileres en precios altísimos o en asentamientos, pretenden privilegiar a este sector confesional que nunca aportó nada. Incluso otorgándoles la cobertura social de IPROSS que se sostiene con el aporte de miles de trabajadores y trabajadoras.
Tampoco queremos dejar de mencionar que esta institución a la que se pretende privilegiar es abiertamente antiderechos. Como lo demuestran sus publicaciones en redes sociales, se movilizaron en contra del derecho al aborto legal y se sabe que le enviaron distintas cartas al senador Alberto Weretilneck para que votara en contra de la ley. Es decir, se entrometen en la vida política para negarle derechos a las mujeres y ahora el gobierno los quiere premiar, ¡una verdadera vergüenza!
Por todo esto rechazamos estas medidas injustas, oportunistas y electoraleras, que ignoran las necesidades y derechos de los trabajadores y las mayorías populares a favor de este grupo retrógrado. En lugar de seguir privilegiando con nuestros aportes a la casta eclesiástica tenemos que avanzar en atender las necesidades del conjunto del pueblo trabajador. Junto con la separación de la Iglesia y el Estado es urgente poner en marcha un masivo plan de construcción de viviendas populares en toda la provincia para así terminar con el déficit habitacional del que sufren miles de familias. Con una medida así se generarían los miles de puestos de trabajo que los movimientos sociales reclaman todos los días. Esto se puede hacer si gravamos a las grandes fortunas y terminamos con los privilegios de los políticos y de las iglesias, que reciben millones de pesos en calidad de subsidios.
También es momento de que IPROSS pase a las manos de sus verdaderos dueños: los trabajadores y trabajadoras. Por eso la gobernadora no puede tomar ninguna decisión sin consultar a quienes aportan mes a mes con su sueldo. Solo desde el MST en el Frente de Izquierda Unidad tenemos un programa integral que pone como centro las necesidades sociales por encima de los privilegios de algunos pocos.
Jorge Paulic