“Están siendo priorizados los repartidores que más presten el servicio. Van a ser priorizados los que más órdenes hagan, quienes más estén conectados. Nuestro objetivo es darles herramientas de protección a los repartidores que más prestan el servicio”. Con esas palabras lo anunció Juan Sebastián Rozo, directivo de Rappi en Colombia.
Los juegos del hambre
Que la multinacional colombiana explota a sus trabajadores y viola todas las leyes laborales ya es sabido. Pero cuando crees que ya viste todo, que no pueden se peor, aparece Rozo y con bombos y platillos anuncia que en medio de una pandemia mundial van a llevar la falsa ideología de la meritocracia a niveles extremos: de 40.000 repartidores que trabajan para la aplicación, los 2.000 “mejores” recibirán dos dosis de la vacuna china SINOVAC.
Estas vacunas llegan a Rappi por la habilitación del gobierno represor de Duque, a las empresas privadas, a poder negociar la adquisición de vacunas. Así llegaron a Colombia 1,5 millones de vacunas contra el coronavirus; 2.000 irán a parar a Rappi. Apresurados por “reactivar la economía” y ante su incapacidad para garantizar vacunas para todxs, el Estado de Colombia deja que las empresas administren la vacunación a su libre criterio.
Queriendo suavizar lo dicho por Rozo, en el blog “Soy Rappi” la empresa colombiana aclaró que las vacunas serán aplicadas a los repartidores que más tiempo llevan en la app y que mejor desempeño tuvieron en ese tiempo. Esta empresa que no se hace cargo de los repartidores que sufren accidentes mientras trabajan, ahora quiere “premiar” a pocos.
Detrás de Rappi se encuentra el poderoso banco japonés Soft Bank, que en 2019 invirtió mil millones de dólares en la app para incentivar su crecimiento. A pesar de ser una multinacional poderosa y en expansión, Rappi apenas puede adquirir vacunas para el 5% de sus trabajadores. Desde el Ministerio de Salud, anunciaron que la app deberá hacerse cargo de la vacunación de todxs lxs repartidores y sus familiares, es el acuerdo al que llegaron entre el sector privado y el Estado.
Más allá que es incorrecto y un verdadero peligro para la salud pública que las empresas privadas manejen la campaña de vacunación y que vale aclarar que no depositamos ni un centímetro de confianza en el gobierno asesino de Duque, sí es un hecho, que al momento en que Rappi acepta vacunar a los repartidores, los está reconociendo como sus trabajadores, en relación de dependencia. Se cae la mentira del “colaborador”, una ideología al servicio de la explotación y la liquidación de todos los derechos labores que la clase trabajadora conquistó en décadas de luchas.
Ese modelo laboral, sin derechos, de competencia entre trabajadores, es la regla a la que están apostando las empresas privadas, los bancos y los gobiernos. Las reformas laborales que fueron aprobadas o se intentaron aprobar en la mayoría de los países de América y Europa desde hace unos años se están aplicando en la realidad en todos nuestros países. Un perverso mundo en el que arriesgamos nuestra propia vida para intentar cubrir nuestras necesidades básicas, a ese mundo nos quieren llevar.
Menos mal, los trabajadores luchamos, nos organizamos y damos pelea, así lo demuestra Carolina Hevia, trabajadora de reparto y activista por los derechos laborales en las aplicaciones, quién denuncia: “No pueden ofrecer apenas 2.000 vacunas, cuando solo en Rappi somos 40.000 rappitenderos, esto no alcanza ni a la cuarta parte de los repartidores y nos meten en una competencia desleal entre el mismo gremio, donde nos vamos a autoexplotar para ganar las vacunas como si fuera una rifa o un premio, cuando están violando un derecho fundamental que figura en la resolución 507 del 2021 del Ministerio de Salud de Colombia”.
La propuesta de vacunación de los socialistas
Cuando las primeras vacunas demostraron su eficacia, desde la Liga Internacional Socialista y el MST impulsamos una campaña internacional por la anulación de las patentes de las vacunas, para que los Estados puedan producir, distribuir y aplicar las vacunas a todos los trabajadores. Evidentemente es un debate que nos hacemos todos los días y es parte de los reclamos en las luchas obreras, ya que todxs somos esenciales, pero no nos vacunan.
Con vacunar a 2.000 de 40.000 trabajadores no alcanza para que termine la pandemia, tampoco con vacunar a 10 o 20 millones cuando la población total es de 40 o 50 millones. Incluso con vacunar a todo un país, si el resto del planeta sigue sin acceder a vacunas, es insuficiente. Por eso planteamos un programa más integral. La vacuna funcionará cuando se inmunice con las dos dosis a, por lo menos, el 70% de la población mundial.
Para llegar a ese nivel es una necesidad básica estatizar los laboratorios, anular las patentes, hacer un shock de inversión para producir vacunas. En Argentina se producen dos vacunas, la Astra-Zeneca y la Sputnik V, ambas en la Provincia de Buenos Aires. Pero están en manos privadas, y estas empresas priorizaron el negocio hacia afuera antes que la inmunización local, enviaron más de 100 millones a EE.UU. e Inglaterra, mientras en Latinoamérica nos quieren hacer pedalear 12 horas por día para ver quién tiene la suerte de acceder a ella.
¿Por casa cómo andamos?
Hace una semana el gobierno de Kicillof en la Provincia de Buenos Aires anunció, también con bombos y platillos, que sancionaron a las aplicaciones de reparto. Pero más allá de la denuncia no obligan a las empresas a reconocer el vínculo laboral que existe, tampoco a que los trabajadores sean contratados e incluidos a la planta del personal de la empresa y que todos los derechos laborales sean reconocidos. No anunciaron sanciones ni multas concretas a las aplicaciones por todo el tiempo que vienen acumulando millones de dólares en ganancias al mismo tiempo que eluden leyes e impuestos.
Durante el 2020 los gobiernos y las aplicaciones hicieron campaña felicitando a los repartidores por su rol de “héroes” y esenciales en medio del aislamiento y la cuarentena estricta por Covid. Muchas personas se alimentaron gracias a la existencia de los repartidores y los locales gastronómicos que lograron sobrevivir también son fruto de la labor de los repartidores, pero entre las actividades esenciales a priorizar para la vacunación no existe la opción “repartidores”.
En 2020 en medio de la cuarentena y retroceso económico los repartidores no accedieron al IFE ni a ningún tipo de bono, aguinaldo o aumento real de sus ingresos por trabajo, esta situación empeora en el caso de los repartidores migrantes. En lo que va del 2021 tampoco han hecho nada para revertir esta situación de precariedad laboral y abusos patronales.
Es necesario que los trabajadores impulsemos espacios de coordinación, discusión y organización democrática para salir a reclamar con un plan de lucha que los trabajadores de reparto puedan gozar de todos los derechos laborales y sean vacunados junto con toda la población. La unidad con todos los trabajadores es el camino para lograr salir de esta situación.