Álvaro Pío Santillán, un chofer de 53 años falleció a causa de una neumonía provocada a raíz del Covid-19. Licenciado por factores de riesgo, al recibir la primer dosis de la vacuna y tras la Resolución conjunta 4/2021 la empresa lo obligó a retomar sus tareas, se contagió y falleció.
Álvaro es el tercer chofer de la 60 que fallece a raíz de Covid-19. Con 53 años y con un diagnóstico de diabetes era paciente de riesgo, pero a raíz de la Resolución Conjunta 4/2021 que el pasado 9 de abril autorizó a las patronales a convocar a trabajar a aquellos trabajadores que, aun siendo mayores de 60 años o incluidos en los grupos de riesgo, o empleadas embarazadas “hubieren recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas disponibles contra el COVID-19 una vez transcurridos los 14 días de la inoculación”. Esta resolución es un claro ejemplo de las prioridades del gobierno de Alberto Fernández, favorecer a las patronales exponiendo a millones de trabajadores que padecen factores de riesgo.
No es casual que dentro de toda la política que lleva adelante, sean siempre beneficiadas las patronales y los grandes empresarios, son parte de las medidas económicas que le impone el FMI para que paguen centavo por centavo de la deuda ilegítima que se fugó el macrismo, buscan más rentabilidad a costa de más explotación obrera. Mientras se beneficia a las empresas del transporte con subsidios millonarios, estas les pagan miseria a sus trabajadores. Una más de todas las medidas de ajuste y anti populares, mientras para los trabajadores formales e informales hay más precarización.
Los trabajadores del transporte vienen manifestándose y haciendo oír sus reclamos hace meses. Es que para el Estado son esenciales, pero no los incluyen en los planes de vacunación. Librados a su suerte, arriba de un colectivo casi todo el día, con permanente contacto con miles de personas las posibilidades de contagiarse aumentan drásticamente pero ni desde el Estado, ni desde la burocracia sindical de la UTA hacen absolutamente nada por revertir esto. Con cortes en los principales y más importantes accesos y autopistas[1], los autoconvocados del transporte vienen dando una batalla hace meses, reclamando por la equiparación de salario entre choferes, mecánicos, administrativos y personal de limpieza; con un piso de $100.000 y que se los incluya en el plan de vacunación nacional. Así como también el cupo femenino en transporte, una lucha que vienen librando duro las compañeras[2].
La muerte de Álvaro y de los demás choferes es responsabilidad directa de la patronal y de la burocracia sindical de Fernández y el Estado, ya que con la resolución conjunta dictada en abril, obligan a los trabajadores a la exposición constante. Así lo denuncian también los delegados, que en un comunicado dicen: “El fallecimiento de Álvaro Santillán no es una desgracia, es el resultado de una política sanitaria deficiente, que arriesga la salud de las y los trabajadores a costa de la ganancia de los empresarios”.
Es claro ya que con un plan de vacunación insuficiente y deficiente, este gobierno es incapaz de dar respuesta a la demanda de los trabajadores. Es en este sentido que desde el MST en el FIT Unidad seguiremos insistiendo en que la salida a un plan de vacunación para todes se tiene que llevar adelante liberando las patentes que impiden la libre producción de vacunas y expropiando el Laboratorio de mAbxience que está en Garín y produce millones de vacunas que se fugan al exterior. Del mismo modo que es necesario expropiar y declarar de utilidad pública a todos los laboratorios que tengan la capacidad de producir vacunas, para garantizar que se queden en el país, que sean utilizadas como parte de un plan de política sanitaria y no como parte de la especulación financiera que manejan las grandes farmacéuticas.
Nahuel Schiavoni
[1]https://periodismodeizquierda.com/zona-oeste-nuevos-cortes-de-los-choferes-autoconvocados/
[2]https://periodismodeizquierda.com/transporte-vamos-por-la-paridad-laboral-de-genero/