El jueves 6 de mayo, en Buenos Aires, la interventora en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, recibió en su sede central de la calle de 25 de Mayo 11 a Carlos “Sueco” Lordkipanidse y Carlos Loza, dos compañeros ex detenidos-desaparecidos, sobrevivientes del mayor centro clandestino de detención que funcionó en nuestro país bajo la dictadura genocida: la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, la siniestra ESMA. El Sueco y Carlitos integran el Encuentro Militante Cachito Fukman (EMCF), organismo de derechos humanos con quien compartimos el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ).
Dicha reunión surge como parte de la respuesta oficial al petitorio dirigido al presidente Alberto Fernández que con casi 10.000 firmas se entregó en diciembre pasado en la Casa Rosada para exigir la apertura de la totalidad de los archivos del terrorismo de Estado (1974-1983). Fue una iniciativa del EMCF que acompañamos desde el EMVJ junto a Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel y otras personalidades. Como la primera e insuficiente respuesta formal de la Secretaría de Derechos Humanos se limitó a señalar que estaba disponible lo ya disponible, con nuevo texto se insistió en el pedido al presidente de la Nación. La insistencia dio lugar a esta reunión con Caamaño.
De más está decir que contar con información directa sobre qué pasó con la totalidad de las y los detenidos-desaparecidos, y con los bebés apropiados por los represores, y quiénes fueron sus responsables concretos es fundamental para poder avanzar en el necesario camino de Memoria, Verdad y Justicia.
Archivos sin abrir hay
En la AFI, la titular les mostró a los compañeros varios muebles con fichas. Entre ellas estaba la de Cachito Fukman, también sobreviviente de la ESMA y militante de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos y del EMVJ, ya fallecido, que contenía datos sobre él hasta 1986.
Esto confirma tres cuestiones muy importantes. La primera es que el espionaje y la persecución al activismo por parte del aparato de inteligencia estatal, que en aquellos años se llamaba SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado), continuaron después de caída la dictadura en 1983. La segunda es que a 38 años se demuestra definitivamente que los archivos de la represión existen y que no fueron quemados, como repitieron siempre todos y cada uno de los sucesivos gobiernos de esta “democracia”. Y la tercera es que durante esas cuatro décadas las distintas administraciones de la SIDE, luego llamada AFI, no buscaron nada hasta el año pasado, de modo que el ocultamiento institucional -funcional a la impunidad de los represores- incluye los 12 años del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, que tanta utilización política hicieron de la bandera de los derechos humanos.
En concreto, en setiembre pasado “se encontró” en la Secretaría de Planificación de la AFI un álbum de tapa oscura con fotos e identificación de unas 500 compañeras y compañeros buscados. Con un logo de la Jefatura II del Estado Mayor del Ejército, al inicio dice con toda claridad: “El presente álbum tiene como finalidad servir para la detección, identificación y posterior neutralización de personal y material utilizado con fines subversivos”. No hace falta explicar el evidente significado de la palabra neutralizar.
También hay en la AFI 250.000 fichas microfilmadas, ubicadas en tres archivos metálicos, que ambos compañeros pudieron ver, sobre un total de 13. De diez de esos archivos se desconoce su ubicación. Esas fichas tienen información hasta el año 1986. Y en el altillo del edificio también se encontró material deteriorado por el paso del tiempo, sucio y comido por ratas.
Que abran todo
A sabiendas de que las “respuestas” oficiales son siempre retaceadas, Lordkipanidse y Loza le llevaron a Caamaño una nota con pedidos bien explícitos sobre los archivos.
Como concluyen los compañeros del EMCF, luego de la reunión:“Según los dichos de la interventora, esa documentación no sería pública y el acceso a la información se encuentra restringida a familiares directos, víctimas y jueces que lo soliciten, mediante correo electrónicoa la AFI.La búsqueda permanece restringida a las delegaciones de la AFI en todo el país.Queda claro que tanto la Secretaría de Derechos Humanos, como la interventora de la AFI y en definitiva el presidente de la república no están dando respuesta a nuestro requerimiento”[1].
Es que buscar, abrir e informar de verdad sería que toda la documentación ya hallada sobre la represión 1974-1983 sea de acceso público y que, además de la AFI, el gobierno nacional les reclame a las Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad de todo el país –cada una con su propio aparato de inteligencia- que entreguen todo lo que tienen, cosa que no hace.
En el transcurso de la reunión, el Sueco le transmitió a Caamaño. “Cuando le conté a Nora Cortiñas que íbamos a venir, me dijo: ‘Bueno, haceme un favor, cuando hables con ella decile que en la información que le hicieron llegar a Madres de Plaza de Mayo me encontré con una ficha mía que dice que me espiaron cuando yo estaba entrevistando a una delegación internacional. Decile a la doctora que sé que me han espiado en cada uno de mis pasos, pero que lo que yo quiero saber es el destino de mi hijo’…”
Pablo Vasco
CADHU-MST
El pedido entregado por el EMCF a la titular de la AFI
Buenos Aires, 6 de mayo de 2021
Sra. titular de la
Agencia Federal de Inteligencia (AFI),
Dra. Cristina Liliana Caamaño Iglesias Paíz
S/D:
El 3 de diciembre pasado presentamos un petitorio con miles de firmas requiriendo al Presidente de República que permita el acceso a los archivos de las Fuerzas Armadas y de los organismos de inteligencia. Esta presentación originó el expediente electrónico EX-2020-84314346-APN-CGD#SGP. Dado que la nota recibida por parte de la Secretaría de Derechos Humanos no respondió al pedido realizado, en febrero reiteramos la solicitud mediante una nueva nota al Presidente, encontrándonos aún a la espera de una respuesta.
En ese contexto, mediante la presente nos dirigimos a Ud. en su calidad de titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex-SIDE), en el marco de los compromisos asumidos por el Estado Argentino en materia de lucha contra la impunidad y lo estipulado por la ley 27.275 de acceso a la información pública y con la apremiante necesidad de exigir el cumplimiento urgente de las medidas necesarias para el acceso a todos los fondos documentales que se encuentren en poder del organismo a su cargo y que guarden relación con la planificación y ejecución del plan genocida que comenzó a implementarse en nuestro país en las postrimerías del año 1974 y que se sostuvo hasta pasado el año 1983.
Durante el período mencionado, la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) ocupó un lugar importante a la hora de recabar información para futuros secuestros de personas; tuvo un rol aglutinador con los servicios de inteligencia de cada fuerza y un papel central en la coordinación represiva del Plan Cóndor; todo esto además de haber tenido bajo su control, en colaboración con el Batallón de Inteligencia 601 del I Cuerpo de Ejército, al Centro Clandestino de Detención “Automotores Orletti”.
Sabemos que la Central de Reunión Informativa (CRI) del Batallón 601 estaba integrada por las áreas de inteligencia de la Marina, Aeronáutica, Policía Federal, Prefectura Naval, Gendarmería Nacional, Servicio Penitenciario Federal; así como por agentes de la propia SIDE (actual AFI); y que -en su organización interna- uno de los grupos de la CRI (el abocado a producir información destinada a la persecución a militantes de organizaciones de otros países como Tupamaros o el MIR chileno) funcionaba en instalaciones de la propia SIDE . Sabemos también que las “comunidades informativas” de cada zona, subzona y área en que se dividió al país, debían aportar información a la Central de Reunión Informativa del Batallón 601.
Todas las instituciones producen y reciben documentos, en sus diversos soportes, de acuerdo a las misiones y funciones establecidas en sus normas, a su estructura orgánica y a regulaciones procedimentales (sean éstas derivadas de manuales de procedimiento administrativo interno o de normas de entidades superiores). Las áreas de inteligencia del Estado no son una excepción y -al contrario- la masa de información que estas áreas plasmaban en distintos documentos que circulaban por la “comunidad informativa” era de vital importancia para la ejecución del plan de exterminio.
Sabemos acerca de algunos documentos generados por otros elementos de esta “comunidad informativa”. Por ejemplo, en la ESMA se generaron al menos cinco tipos documentales distintos en el accionar represivo. En los testimonios que brindamos tanto en el Juicio a las Juntas como en la “causa ESMA”, los y las sobrevivientes identificamos:
1) Fichas de secuestrados en las que se asentaba información básica de cada persona llevada a la ESMA. Estaban microfilmadas en un total de 10 (diez) rollos y en cada uno entraban unas 500 (quinientas) de estas fichas personales. De cada uno de estos rollos de microfilm se realizaron tres copias.
2) Legajos de secuestrados, que se conservaban encarpetados en ficheros colgantes, y remitían a las fichas antes mencionadas
3) Un libro de grandes dimensiones en el que se anotaba a cada secuestrado que ingresaba en la ESMA; con dos columnas al final (una columna con una “L” para los liberados y una columna con una “T” que indicaba como destino final la muerte)
4) Fichas de blancos (también mencionadas como “fichas mil” o “casos mil” por la forma de numeración), con carpetas de solapas, que contenían datos de personas que se fijaban como “blancos”: personas a las que todavía no habían podido secuestrar, pero sobre las cuales contaban con algún dato que los convertía en futuras posibles víctimas.
5) Expedientes referidos a organizaciones políticas.
Por otra parte, múltiples testimonios de familiares de desaparecidos/as refieren que el Comando de Institutos Militares, con sede en Campo de Mayo, centralizaba las listas con información sobre el paradero de las personas detenidas-desaparecidas. Esta referencia es dada por familiares que, en la búsqueda de sus seres queridos, recorrían todas las oficinas posibles preguntando ¿dónde están?, y eran derivados al Comando de Institutos Militares que recibía diariamente -por parte de los distintos elementos de la “comunidad informativa”- las listas de las personas que estaban secuestradas en manos de las distintas fuerzas.
Dada la modalidad de funcionamiento de la comunidad informativa, y las misiones y funciones de la SIDE, entendemos que la actual AFI debe tener, en sus fondos, documentos producidos por la entonces SIDE, lo que incluye los envíos de información de los demás elementos que conformaban esta “comunidad informativa” al servicio de la represión.
Por todo lo expuesto, y al tomar conocimiento de la puesta en marcha en 2020 del “Programa de Protección de Registro y Archivo”, es que:
1 – Solicitamos se nos informe si fue realizado ya un relevamiento de los archivos en la totalidad de las locaciones bajo jurisdicción de la AFI. En caso de que la respuesta sea afirmativa, solicitamos se nos entregue copia del informe de dichos relevamientos. En caso de que aún no se hayan realizado, solicitamos se nos informe si se encuentra planificado dicho relevamiento, en qué plazos y cómo se realizaría.
2 – Solicitamos se nos remita copia de la documentación que se encuentre en poder de la AFI (trátese de su oficina central en la sede de 25 de Mayo como en sus distintas dependencias) que esté relacionada con el accionar de la comunidad informativa, particularmente en relación a las tareas de inteligencia naval, inteligencia militar e inteligencia aeronáutica; y referida a detenciones, seguimientos o “blancos” de detenciones, centros de detención, niños y niñas nacidas en cautiverio y sus destinos.
En relación a este pedido, sabemos de ocasiones en las que el área respondió a pedidos de información del Poder Judicial (por ejemplo, ante el Juzgado Federal 12 de Comodoro Py a pedido de Alejandrina Barry; o en el marco de la investigación por la causa AMIA) pero en las que las copias de la documentación han sido brindadas de forma desordenada, descontextualizada e inclusive parcializada (entregando, como en el caso de Barry, distintos documentos ante el mismo pedido realizado en distintos momentos).
3 – Por lo mencionado, solicitamos que el relevamiento, y la documentación que se remita, se entreguen dando cuenta de su contexto de producción: siguiendo el orden original en el que estaban los documentos, dando cuenta del vínculo archivístico de la documentación con los demás documentos del fondo, explicando qué área o sección produjo dicha documentación, cuáles eran sus competencias, a partir de qué normativa esas áreas producían esa documentación, cómo producía esa información, a través de qué medios la conseguía y a quién se la enviaban.
4 – Asimismo, y a efectos de dar un cumplimiento efectivo al acceso a la información, requerimos que en caso de que los documentos contengan algún tipo de codificación propia de la institución (siglas, nomenclaturas, etc.) se adjunte la información necesaria para que los documentos sean inteligibles.
5 – En ese sentido, es que solicitamos se nos informe si ya fue realizado un relevamiento de la normativa y la estructura; específicamente en lo referido a las normas por las que se rigió la SIDE y la estructura orgánico-funcional que adoptó, contemplando su evolución y posibles cambios en el período que nos interesa.
6 – Considerando que el convenio firmado con la Biblioteca del Congreso de la Nación contempla la digitalización y microfilmación “de la totalidad de la documentación relacionada a la última dictadura cívico militar”; solicitamos se nos informe si ya fueron realizadas las tareas de identificación, clasificación y descripción necesarias para que esas imágenes aporten la información relativa a los contextos de producción de esos documentos. En caso de que sí haya sido realizada esa tarea, solicitamos se nos remita copia del cuadro de clasificación de cada uno de los fondos identificados, así como de los inventarios y todos aquellos instrumentos de descripción que se hayan confeccionado para garantizar las posibilidades de recuperar información en contexto de esos documentos.
Cada día que pasa sin que el Estado salde la deuda que tiene en materia de apertura de archivos y sin que implemente políticas archivísticas serias, planificadas, que garanticen la preservación y el acceso a esos archivos de forma integral; es un día más que el Estado continúa perpetuando la impunidad y atentando contra el reclamo de memoria, verdad y justicia. Pasaron 45 años del golpe genocida y se cumplieron 37 años del retorno de la democracia. Los años pasan, los genocidas mueren impunes; madres y familiares fallecen sin saber qué pasó con sus seres queridos desaparecidos; cientos/as de jóvenes que nacieron durante el cautiverio de sus madres continúan apropiados/as, con su identidad sustituida, mientras sus abuelas, sus hermanos/as, nosotros/as los seguimos esperando.
Quedamos a la espera de una respuesta favorable de su parte.
Sin otro particular, saludamos a Ud. atentamente.
[1] https://encuentromilitantecachitofukman.org/index.php/abran-los-archivos?fbclid=IwAR03qWI3-6iX1mOdXkEfXNVXpRS8Wfjqa8cwCpKnaHOOFsbD89OLV1fR-AI