Esta interesante y exhaustiva nota del compañero Fernando Lozada, con quien compartimos OLA (Organizaciones Laicistas Argentinas), fue publicada originalmente en la revista francesa L’idée libre N°296, en marzo de 2012.
La Argentina entre 1850 y 1920 vivió un proceso que podríamos considerar de tendencia librepensadora. No éramos un país igualitario, ni social ni gubernamentalmente, existían numerosas falencias, pero íbamos en una buena dirección. En ese período se abandonó la religión de Estado y se adoptó una Constitución más liberal. El proceso de laicización comenzó con una serie de acciones y normativas que secularizaban la cosa pública. Debido a esto, la Iglesia Católica Apostólica Romana (ICAR) se declaró en rebeldía y se rompieron las relaciones con el Vaticano.
Las acciones secularizadoras consistieron en la subordinación de los tribunales eclesiásticos a los tribunales civiles en 1881, el Congreso Pedagógico de 1882, la Ley 1.420 de enseñanza laica, gratuita y obligatoria de 1884;la ley de Registro Civil de 1884, el matrimonio civil de 1888, la secularización de los cementerios de 1888, los proyectos de divorcio vincular en 1888 y 1900, la Reforma Universitaria de 1918; el sufragio secreto, obligatorio y universal para votantes masculinos en 1912, y la normativización de los abortos no punibles en 1920. Todo hacía pensar que nos dirigíamos hacia el progreso tanto material como social.
Los reaccionarios y las fuerzas fascistas se organizaban en todo el mundo y la ICAR estaba entremezclada en esos movimientos, infiltrando instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil que trabajaban por el librepensamiento. Buscaron alianzas con sectores de poder para imponer su ideario a la sociedad.
En 1930 se produce el primer golpe de Estado en Argentina y a partir de allí comienzan a institucionalizarse los privilegios de la ICAR. En 1932 por medio de elecciones fraudulentas asume la presidencia Agustín Pedro Justo, militar ligado al golpe del ’30 y con fluidas relaciones con la ICAR. Durante su gobierno, en 1934 se realiza el Congreso Eucarístico Internacional en la ciudad de Buenos Aires, con el propósito de purificar la atmósfera argentina del laicismo.
El jefe de prensa del evento fue el escritor antisemita Martinez Zuviría, quien unos años más tarde se convierte en el presidente de la Comisión Nacional de Cultura. Viaja a la Argentina el cardenal Pacelli para presidir el Congreso Eucarístico, es recibido por Justo y ambos desfilan por las calles de Buenos Aires en el automóvil presidencial. Pacelli realiza concordatos entre la ICAR y diferentes países, muchos de ellos en momentos en que eran gobernados por dictadores. En 1939 se convierte en Pío XII.
En ese período comienzan los patronazgos. El más simbólico es el de la virgen de Luján: la ICAR decide que será la patrona de Argentina. Hasta el día de hoy se sigue entronizando su imagen en los espacios públicos.
En 1938 llega a la presidencia un hombre de los militares responsables del primer golpe de Estado: Roberto Marcelino Ortiz. Al igual que su antecesor, asumió en condiciones fraudulentas. En 1940 firma un convenio entre la República Argentina y la Santa Sede. Se crea el Decreto 64.323/40 para permitir el envío de valijas diplomáticas selladas, de hasta 25 kg cada una, entre la ICAR de Argentina y el Vaticano, en pleno gobierno del dictador Benito Mussolini en Italia y durante la Segunda Guerra Mundial.
En 1943 un nuevo golpe de Estado azota al país y asume Pedro Pablo Ramírez, quien comienza a ejercer acciones decisivas para la construcción del mito de la Nación católica. Nombra a Martínez Zuviría como ministro de Justicia e Instrucción Pública. Éste ataca la Reforma Universitaria e impone la educación religiosa en las escuelas públicas.
El ideario católico echa raíces en las Fuerzas Armadas (FF.AA.) Ramírez, mediante el Decreto 9.471/43, nombra generalas del Ejército a la virgen de las Mercedes y a la del Carmen; el Decreto 17.917/43 designa a la virgen de Loreto patrona de la aviación militar.
En 1944 otro militar, Edelmiro Julián Farrell, le da continuidad al gobierno de facto. Atento a los movimientos de izquierdas dentro de la Iglesia, por medio del Decreto 13.867/46 establece normas para las comunidades y congregaciones religiosas del culto católico para gestionar ante poderes públicos. De esta manera, debilitaba acciones disidentes dentro de la ICAR.
En 1946 Juan Domingo Perón, militar de carrera, gana las elecciones presidenciales. Durante la campaña la Iglesia, por medio de una carta pastoral pública, expresa que los católicos no debían votar plataformas políticas contrarias a la ICAR; es decir, que sostuvieran de alguna manera la separación de la Iglesia y el Estado. Una de las primeras acciones de gobierno fue transformar en ley el decreto del régimen de facto anterior, que habilitaba la enseñanza católica en las escuelas públicas. Se destina más dinero para el sostenimiento y expansión del culto católico. La cúpula de la ICAR agradece estas acciones con una visita protocolar a Casa de Gobierno. Fueron numerosas las ocasiones en que los actos públicos y las misas se mezclaron.
Mediante el Decreto 4.074/46 se exime a las entidades religiosas de jurisdicción episcopal a cumplir la normativa impuesta por el gobierno de Farrell. Perón fue reelecto en 1952 y en este período, que luego fue interrumpido por otro golpe de Estado, comenzaron los conflictos con la ICAR. Dos hitos ocurren poco tiempo antes de ser derrocado y que marcan el punto cúlmine de la tensión: la abolición de la educación religiosa en los establecimientos públicos de enseñanza y la ley de divorcio. Pío XII lo excomulga.
En 1955 asume otro presidente de facto, el militar Pedro Eugenio Aramburu, quien rápidamente firma un acuerdo con la Santa Sede, el Decreto-Ley 7.623/57, el cual finaliza con el siguiente párrafo: “dará satisfacción a la mayoría del pueblo argentino cuya tradición y cuyo destino están unidos a la Iglesia Católica”. Crea por el Decreto-Ley 12.958/57 el Sistema Orgánico del Vicariato Castrense para que este se entienda directamente con los Ministerios de Guerra, Marina y Aeronáutica. Introduciendo como funcionarios de las FF.AA. a miembros de la ICAR. Se anula la ley de divorcio y mediante un decreto se permite la existencia de universidades “libres”, en realidad confesionales católicas, capacitadas para expedir diplomas y títulos habilitantes.
En 1958 Arturo Frondizi es electo presidente. Permanentemente fue presionado por los militares golpistas y la ICAR. No logra concluir su mandato. En su gobierno se reglamentó el Decreto 6.403/55, el cual había sido promovido por el gobierno de facto anterior con el apoyo de la ICAR. Éste permitió la existencia de universidades católicas que podían otorgar títulos oficiales, lo que provocó un profundo rechazo en las universidades públicas y un acalorado debate en la sociedad, conocido como “laica o libre”.
Frondizi profundizó la colonización ideológica de la ICAR dentro del Estado. En 1961, mediante el Decreto 11.473/61, le otorgo el cargo de brigadiera de la Fuerza Aérea a la virgen de Loreto. También rectificó el Decreto 4.074/46 para volver a callar las voces disidentes dentro de la ICAR. En 1960 visitó al Papa Juan XXIII en la Ciudad del Vaticano.
En 1966 después de un breve período democrático llega al poder, por medio de un golpe de Estado, el militar Juan Carlos Onganía. Su excelente relación con la ICAR era pública. Mediante el Decreto 6.290/69 crea el sostenimiento económico por parte del Estado de una cátedra en la Universidad Pontificia Gregoriana. Le otorga la personería jurídica de carácter público a la ICAR modificando el art.33 del Código Civil, volviéndola -entre otras cosas- inembargable. En 1971 ocupa de facto la presidencia de la Nación Alejandro Lanusse. Modifica la reglamentación para el personal militar en la Armada con el Decreto 1.941/73: el personal de capellanes militares pasa a integrar los cuadros de personal superior y es agrupado en el cuerpo profesional.
En 1976 una Junta Militar designa como presidente de facto al militar Jorge Rafael Videla. El Vaticano festeja la llegada al poder de un hombre con vocación cristiana. El dictador Videla “legisló” prolíficamente en favor del culto católico. Mediante el Decreto-Ley 21.540/77 otorga una asignación mensual vitalicia a dignatarios pertenecientes a la ICAR, luego mediante el Decreto 21.950/79 la aumenta un 15%. Crea el Decreto-Ley 2.037/79 para controlar las actividades de otros cultos. Implementa el Registro Nacional de Cultos de todas las iglesias y comunidades religiosas distintas de la Iglesia Católica. Mediante el Decreto-Ley 22.162/80 asigna una mensualidad a curas párrocos y vicarios de frontera. El Decreto 1.991/80 permite que los representantes de la ICAR soliciten pasajes gratuitos, el beneficio se aplica además a los laicos que se hallan investidos con los “sagrados ministerios”, catequistas y a los seglares dirigentes de asociaciones y movimientos de la ICAR. El Decreto-Ley 22.430/81 otorga una asignación mensual vitalicia a sacerdotes seculares de la ICAR no amparados por un régimen oficial de previsión. Los Decretos 849/73, 510/76 y 344/76 introducen a los dignatarios de la ICAR en el ceremonial y protocolo oficial de la Nación.
En 1981, continuando con la dictadura, asume la presidencia el militar Roberto Eduardo Viola. En su breve período bajo el Decreto 1.042/81 modifica el Código Penal y el Código Civil y Comercial; de esta manera exceptúa de la obligación de comparecer a prestar declaración testimonial a los prelados, obispos y arzobispos de la ICAR, previendo futuros enjuiciamientos por su complicidad con los regímenes de facto cuando retorne la democracia.
En 1981 otro gobernante inconstitucional toma el mando: el militar Leopoldo Galtieri, quien para mantenerse en el poder creó un conflicto bélico con Inglaterra por la soberanía de las Islas Malvinas. Durante el enfrentamiento recibe a Juan Pablo II en la Casa de Gobierno. Profundiza el régimen de asignación mensual a obispos y arzobispos con el Decreto-Ley 22.552/82.
En 1982 accede al poder el último dictador antes del retorno de la democracia: el militar Reynaldo Bignone. Les reconoce a los seminarios religiosos la equivalencia con el bachillerato oficial por el Decreto 368/83. Les otorga becas a los seminaristas con el fin de sostener el sistema de formación del clero argentino mediante el Decreto-Ley 22.950/83.
Durante el período del ’76 al ’83 el Estado gobernado por los diferentes dictadores de turno persiguió, secuestró y torturó a quienes pensaban diferente. Algunas de estas personas tuvieron hijos en cautiverio y los jerarcas se apropiaron de ellos, robándoles su identidad. La ICAR fue partícipe activa de estas aberraciones, principalmente a través de sus funcionarios de mayor jerarquía.
Casi todos los decretos citados en este artículo siguen vigentes. La Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL) presentó un proyecto de ley que actualmente tiene estado parlamentario bajo el Exp. Nº 5666-D-2011. Su aprobación transformaría al Estado argentino en completamente laico[1].
Ing. Fernando Esteban Lozada[2]
[1] Disponible en https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session14/AR/CAEL_UPR_ARG_S14_2012_CoaliconArgentinaporunEstadoLaico_S.pdf
[2] Presidente del Congreso Nacional de Ateísmo en Argentina, ex presidente y titular de relaciones interinstitucionales de la Asociación Civil Ateos Mar del Plata, miembro de la Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL) y director y portavoz de la Asociación Internacional del Libre Pensamiento (AILP).