El 26 de abril conmemoramos un nuevo aniversario de la desaparición de Ramona Nicolasa Mercado, más conocida por sus afectos como “Peli”. Ese día pero del 2005, Peli fue a visitar a su abuelo Juan Carlos Yacante, luego al colegio y al salir del mismo no volvió.
La investigación surgida por la causa señaló que era un caso de trata de personas con fines de explotación sexual, pero jamás dieron con su paradero.
Se supo que Peli estuvo en Córdoba y en Santiago del Estero, pero nunca llegaron porque “no había dinero para buscarla”. Hoy la causa sigue paralizada y sus familiares no tienen ninguna novedad desde hace años.
Durante los últimos 20 años, La Rioja ha sido uno de los lugares cruciales de captación, tránsito y destino de mujeres secuestradas para ser prostituidas. Lo develó crudamente el caso de Marita Verón, desaparecida en 2002, prostituida en La Rioja por la proxeneta Liliana Medina de Gómez, y sus hijos “Chenga” y “Chenguita”. Amparados por la policía y la Justicia, fueron absueltos y siguen impunes hasta hoy. De hecho, el abogado defensor de “Chenga” Gómez, Daniel Barría, es actualmente juez penal, conocido por sus maniobras para beneficiar a violadores como José Simán o desestimar una denuncia de abuso sexual contra Luis Beder Herrera, ex gobernador. Un verdadero referente de la (in) justicia patriarcal.
16 años de gobiernos peronistas que no buscaron a Peli
En el caso de Peli, muchos de los políticos que estuvieron en gestión durante su desaparición siguen sin responder por su inacción. Alberto Paredes Urquiza, ex intendente y en ese entonces ministro de Gobierno y Derechos Humanos del gobernador Ángel Maza, reconoció que fue un caso de “trata de blancas”, pero él mismo le negó al abuelo de Peli fondos para buscarla en La Pampa, donde había pistas de que estuvo en un prostíbulo. También se supo que, según testigos de la causa, Peli trabajó en Córdoba en un prostíbulo llamado La Chicholina. Llegaron tarde o no quisieron llegar.
Otro ejemplo es el de Ricardo Quintela, que al inicio de la cuarentena en declaraciones radiales se lamentó del cierre de cabarets, “un simple furcio” como dicen sus partidarios, es el mismo que los habilitó durante sus años como intendente de la capital riojana.
Ley de whiskerías
En 2007, durante la gobernación de Beder Herrera, se aprobó la Ley 8.166 que amparó a las whiskerías y cabarets, lugar de destino de muchas chicas raptadas para ser prostituidas. Así lo demostró el trabajo de la Fundación María de Los Ángeles, dirigida por Susana Trimarco, mamá de Marita Verón. Dicha ley recién se derogó en 2014 por la presión ejercida desde los movimientos feministas.
Ninguna mafia prosperaría sin el amparo del Estado y sus instituciones: policía, Justicia, poder político. En el caso de la trata y la explotación sexual, la convivencia es innegable. Por eso aún no sabemos qué pasó con Peli, con Marita o con Annagreth Wurgler, turista desaparecida en Villa Unión en 2004.
Como mujeres feministas y socialistas no confiamos en este gobierno que se ha llenado la boca hablando de perspectiva de género, pero que en los hechos no se hizo absolutamente nada concreto para combatir este flagelo ni para visibilizar el caso de Peli y garantizar asistencia jurídica a su familia, que nunca dejó de buscarla.
Desde Juntas y a la Izquierda y el MST seguimos exigiendo al Estado la aparición con vida de Peli y de todas las desaparecidas por redes de trata. Para desmantelarlas se requiere desafectar a todos los policías involucrados y poder elegir a los jueces y fiscales por voto popular. Así mismo, es fundamental destinar presupuesto real a las leyes 26.364 de trata, 26.485 anti-violencia de género y 26.150 de educación sexual integral. La deuda es con nosotras y nosotres.
Majo González