El gobierno de Alberto Fernández anunció finalmente una suspensión por 15 días de las clases presenciales en el AMBA, desde este lunes al 30 de abril. Inmediatamente respondió con malestar Rodríguez Larreta acompañando la presión los sectores corporativos y privatistas que impulsan una campaña para volver #ALasAulas como sea.
La suspensión de la presencialidad es una medida necesaria, aunque insuficiente y se logró contra la voluntad del gobierno y su política de aperturas indiscriminadas.
En este marco los colegios privados ESSERI y Patris de la ciudad de La Plata, anuncian que recurrirán a la justicia contra el DNU y convocan a sus estudiantes a ir a clases este lunes 19, tal como acaba de anunciar el gobierno de la Ciudad, tras haber decidido no acatar la decisión del gobierno nacional.
Si persisten en su oposición al DNU, la Dirección de Escuelas de Gestión Privada (DIEPREGEP) deberá intervenir y sancionarlos. Y el gobierno de Kicillof, estatizar esos establecimientos porque la educación pública vale más que sus ganancias.
Esta posición antisanitarista, impulsada por el gobierno Larreta en CABA y de estos colegios privados de La Plata, expresa la prevalencia de las ganancias y cobro de cuotas de estas empresas educativas, por sobre la salud pública. Con tal de lucrar, no les preocupa aumentar la circulación y exponer a estudiantes, al personal docente y auxiliares.
#AlasAulas por las ganancias
Recordemos brevemente quienes quieren volver sin ninguna condición sanitaria y social a la presencialidad:
Hubo una política impulsada por los organismos imperialistas y el gobierno nacional para volver a la “normalidad”, buscando dos objetivos:
– dar una respuesta a los colegios privados y confesionales que vieron fracasar en su recaudación durante 2020.
– en consonancia con la ONU, el Banco Mundial, la OCDE y la llamada Coalición Mundial para la Educación apura a los gobiernos para volver a las aulas porque las corporaciones necesitan que millones de estudiantes estén allí dentro para que sus familias puedan servir a la reproducción de valor. Que concluyan su formación millones de jóvenes que renovarán la fuerza laboral. Que egresen profesionales que sirvan a la burguesía en el engranaje de las empresas y los Estados. Y sumar en el “haber” capitalista lo que sea posible de un año de formación de la mano de obra y personal técnico que precisa. Esta política se da a contrapelo de las necesidades sanitarias y de la misma realidad.
En ese marco, vienen por los conocimientos, queriendo imponer los que prioriza el imperialismo. Pero educar no es facilitar contenidos al servicio del mercado, sino una construcción colectiva, crítica y democrática. Claro que nos preocupa el proceso de enseñanza-aprendizaje y volver a estar con las y los estudiantes en el aula, como espacio pedagógico irreemplazable. Pero queremos decidir cuándo y en qué condiciones.
Entonces, parece más bien que lo importante es mantener las escuelas abiertas como sea, por las ganancias, por sobre la salud de la comunidad educativa, las jugosas cuotas por estudiante y mantener la matrícula cautiva es su única preocupación.
Desde Alternativa Docente defendemos una presencialidad segura, con recursos. El intento forzado del gobierno de Kicillof, Fernández, la Iglesia y los demás empresarios de la educación sin arreglar los problemas de infraestructura, sin un presupuesto acorde, fracasó en medio de la segunda ola, como nosotres lo anticipamos.
Por eso urgía la suspensión provisoria y preventiva de la presencialidad en debate con la comunidad, con provisión de insumos, wi-fi para asegurar la virtualidad, testeos y vacunación masiva, siempre en el marco de tomar medidas integrales para toda la población y frenar la circulación del virus con garantías sociales y económicas. En síntesis, sin dinero al servicio de la salud y la educación públicas, por más protocolos que existan, éstos no serán garantía.
Asimismo, la postura antisanitarista de las empresas educativas en La Plata y de Larreta en CABA, pone en debate la necesidad de eliminar los millonarios subsidios a la educación privada y confesional. Y si algún establecimiento no quisiera o dijera no poder subsistir sin ellos, que el Estado lo absorba, garantizando la matrícula y la planta docente para asegurar la educación pública.