Candela Ramírez
A medida que pasan los meses, Alberto Fernández va dejando cada vez más en evidencia qué intereses sociales que defiende. Cuando comenzó su gobierno, propuso “dar vuelta la página” de la dictadura, buscando reconciliar al pueblo con los genocidas. Luego les dio a policías y gendarmes el control total de la cuarentena, los elogió y junto a Kicillof le dio un fuerte aumento salarial a la Bonaerense cuando se amotinó. Y hace poco, lanzó un “megaplan” de seguridad para el conurbano: destina $ 37.000 millones para formar 10.000 agentes, desplegar 4.000 gendarmes más, construir más cárceles y comprar más armas.
Este plan es ineficiente porque no ataca el origen de fondo del delito: la desigualdad social y la connivencia de las fuerzas de seguridad, la justicia y el poder político. Además, fortalece a la principal fuerza represiva: la “maldita policía” Bonaerense, corrupta, que desaparece personas y tiene el récord de asesinatos por gatillo fácil en la cuarentena: 42 casos sobre el total de 92 en el país[1].
Pero de esto no hablan los grandes medios ni el gobierno. Al revés: se hace todo un circo mediático en torno al asesinato de un policía de la Federal en Palermo, lo que reabrió el debate sobre el uso de las pistolas Taser por las fuerzas represivas.
Qué son las Taser
Dichas pistolas son dispositivos portátiles de descarga eléctrica fabricados por la empresa Taser International, que las promociona como armas “no letales”, cuyo supuesto objetivo es ayudar a los oficiales de la policía a doblegar a quienes consideren sospechosos. Las Taser, también llamadas de electrochoque, son armas inmovilizantes diseñadas para incapacitar a una persona -o un animal- mediante descargas.
Se puede disparar a 7,5 metros del objetivo, aunque la distancia idónea es de entre tres y cinco metros. La Taser genera en vacío 50.000 voltios, pero en contacto con la persona cae a 400 voltios, lo que se supone “no letal” para el ser humano. El envío de impulsos eléctricos está limitado a cinco segundos, aunque el agente policial puede repetir nuevas descargas si lo cree necesario.
Según estadísticas publicadas en la web de Taser International, “cada día se usa una Taser 904 veces, salvando una vida de una muerte potencial o una lesión severa cada 30 minutos”. Como si hicieran falta más datos de color, dicha página contiene un reloj de cuenta regresiva que, cada dos minutos, va sumando un nuevo disparo en vivo y en directo.
La experiencia internacional demuestra su letalidad
Las Taser sólo “reducen” la letalidad policial cuando se las usa en los mismos casos en los que se utilizaría un arma letal. Pero no es así cuando esa supuesta “no letalidad” se usa para habilitar a la policía a usarlas en muchas más situaciones. Por ejemplo, un estudio realizado por Amnistía Internacional (AI) en los EE.UU. mostró que sobre 334 personas muertas por el uso de las Taser entre 2000 y 2007, sólo 33 portaban armas y sólo 4 de ellas armas de fuego[2].
“De los cientos de personas que han perdido la vida en Estados Unidos tras el uso por la policía de armas Taser, se puede concluir que en decenas y posiblemente veintenas de casos se hizo un uso indebido de la fuerza”, afirmó Susan Lee, directora del Programa Regional para América de AI. Analizó cientos de muertes por el uso de Taser, incluidos 98 informes de autopsias: el 90% de las personas asesinadas estaban desarmadas y muchas de las víctimas fueron objeto de múltiples descargas.
Tal es el resultado mortal de fuerzas policiales y de seguridad con vía libre para disparar. No son más que el aparato represivo del Estado capitalista, al servicio de los intereses económicos y políticos de la clase dominante. Su “servicio público” primordial en este sistema es reprimir a la clase trabajadora, a la juventud y al pueblo cuando cuestionan, de una u otra forma, los intereses de la burguesía.
“Es un retroceso en materia de derechos humanos”
Así titula el portal ANCCOM[3] su informe de 2019 sobre este tema, luego de que el Ministerio de Seguridad, mediante su Resolución 395, habilita el uso de armas eléctricas por las fuerzas policiales y de seguridad, con la firma de la entonces ministra Patricia Bullrich.
Seguir hablando de armas “no letales” es entonces ocultar intencionalmente todas las evidencias. El Observatorio de Derechos Humanos porteño ha denunciado al Estado argentino por las armas Taser ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sonia Winer, titular de la cátedra Cultura para la Paz y Derechos Humanos en la UBA, que encabeza Adolfo Pérez Esquivel, dijo: “La medida implica una habilitación indirecta sobre tratos crueles y de tortura sobre la población, esto va en contra de las recomendaciones de los instrumentos universales de derechos humanos y también porque apuntala la estigmatización de segmentos poblacionales y su publicitación como no sujetos de derecho. Es un retroceso en cuanto al derecho al trato digno de las personas”. Sin importar estas advertencias, el uso de las Taser queda a criterio de cada uniformado.
No era tan grande la grieta
La ministra de seguridad de la Nación, Sabina Frederic, derogó en diciembre pasado varias medidas de su antecesora en el cargo, sobre manipulación de armas de fuego por las fuerzas federales. No obstante, así como mantuvo en pie el mismo ciberpatrullaje de redes sociales iniciado por Bullrich, ahora Frederic también justifica esas picanas eléctricas llamadas Taser.
En una nota en Página 12[4], Frederic destacó “la entrega” del policía asesinado y aseguró “nunca prohibí las Taser”, reconociendo que su ministerio tiene desde febrero 100 de esas pistolas, autorizadas para fuerzas federales especiales. Y en un reportaje de La Nación afirmó que el policía porteño “tuvo temor de intervenir” a tiempo para reducir al atacante.
Patricia Bullrich le respondió: “Si tiene algo de respeto por el asesinato de Juan Roldán, deje la confrontación política de lado… Falleció un oficial al que Ud. debía cuidar, y si no actuó fue por la falta de respaldo que sienten por parte de ustedes”. Se pelean un poco, pero en concreto ambas defienden las Taser.
A su vez Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, y Diego Santilli, su par porteño, se muestran bien alineados en materia de seguridad. El 1º de octubre firmaron un convenio para traspasar 12 destacamentos sobre la General Paz, la frontera Capital-Provincia. Según Berni, “la policía y el delito no reconocen la General Paz [como límite]; de hecho, estamos en jurisdicción de la Capital Federal, estos puestos están en la Capital, lo que muestra nuestra visión de integralidad de lo que significa el trabajo conjunto de ambas policías”.
Como vemos, en materia represiva hay más acuerdos que diferencias entre el oficialismo y oposición. Al final, no era tan grande la grieta…