La ultraderecha se jacta de achicar el gasto público con su plan motosierra sin importarle cuántas vidas perdemos con la tasa de suicidios más alta de nuestra historia: “Si vos te querés suicidar, no tengo problema, siempre que no le generes un gasto al Estado”, en palabras de Milei. La crisis en salud mental está en boca de todxs, y necesita un análisis profundo respecto de la precarización de nuestras condiciones de vida que alcanzan niveles inhumanos.
Por Male Leone, Inconciente Colectivo y Coordinación Frente de Artistas del Borda
Diagnóstico de época: ajuste y crisis de salud mental
En Argentina se excedió el promedio mundial de suicidios según la OMS, volviéndose la primera causa de muerte violenta en adolescentes y jóvenes adultxs, con un registro de 5.209 muertes autoinfligidas en 2025, un 22,6% más respecto al año previo. Hay una tendencia en alza, alcanzando una tasa de 11,8 cada 100.000 habitantes, y se promedia un suicidio cada dos horas.
Se trata de una auténtica política del desamparo: si no conseguís trabajo, te dicen que no te esforzaste lo suficiente; si no podés alquilar, que no progresaste; si estás agotadx o con angustia, que tenés que administrarlo individualmente. Lo que constituye una crisis estructural del sistema capitalista termina experimentándose como una falla personal, fragmentando lazos y sumergiendo al pueblo en la soledad. Este “dolor país” es la otra cara del ajuste.
Cada vez es más difícil acceder a un tratamiento por salud mental, a un certificado de discapacidad, a una pensión o conseguir medicamentos. Una jubilación mínima garantiza la indigencia y la docencia cuenta con salarios en niveles de pobreza insólitos. El gobierno de Milei Intentó cerrar el Hospital Bonaparte especializado en consumos problemáticos y desguazó las Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental (RISaM) que proveían atención comunitaria a miles de personas.
La Ley Nacional de Salud Mental (LNSM), sancionada en 2010, ha sido un piso del cual partir para dar una discusión de fondo respecto de cómo ir hacia un sistema de salud que comprenda la salud de manera integral, que trabaje de manera interdisciplinaria, y sobre todo, que por sobre el encierro compulsivo, inste a la promoción y prevención de la salud de manera comunitaria. Hoy, Milei y todos los cómplices que le garantizan gobernabilidad, atentan contra este modelo.
Nos declaran la guerra: miseria planificada
Desde el inicio de su gestión, Milei quiere hacer pasar la reforma de la LNSM. En el paquete original de medidas de la Ley Ómnibus se contemplaba una reforma tan regresiva como la actual. Finalmente, no se incluyó en la ley aprobada como tantos otros artículos gracias a la organización en la calle.
En abril de este año comenzó a discutirse una reforma y en comisiones del senado se dio un prolongado debate sin llegar a un proyecto final que pueda pasar a votación. El 15 de octubre, mientras el gobierno reprimía ferozmente a estudiantes y trabajadores que peleaban por la educación pública en la 5° Marcha Federal Universitaria y por la caída completa del DNU 70/23, se trataba en comisiones el dictamen que ya se aprobó en el Senado.

Entre idas y venidas, el plenario de la comisión de salud de la Cámara de Senadores del Congreso finalmente consiguió dictamen de mayoría para tratar el 29 de octubre la reforma de la ley y terminó por aprobarse con 42 votos a favor y 21 en contra. Sus principales modificaciones son las siguientes:
- Interdisciplina: se vuelve a jerarquizar el Modelo Médico Hegemónico. Ahora se habilitaría a cualquier médico para firmar una internación involuntaria (sea o no psiquiatra) sin necesidad de la evaluación de unx profesional de la Psicología o cualquier otrx trabajadorx de la salud mental.
- Presupuesto: se abandona la obligatoriedad de otorgar el 10% del presupuesto de salud para salud mental. Quita directamente la obligación del Estado a cumplir con este requisito presupuestario legalizando el desfinanciamiento.
- Nuevos manicomios: se quita la prohibición de crear nuevos manicomios (hospitales psiquiátricos monovalentes de atención específica en salud mental), públicos o privados, así como también la necesidad de adaptación de los existentes hasta su sustitución por hospitales generales. Así, se intenta avanzar contra la conquista de transformar el modelo de salud, reforzando el modelo manicomial.
- Participación: saca la participación en el Órgano Nacional de Revisión a las organizaciones de usuarixs y las de derechos humanos. Este organismo se encarga de monitorear el funcionamiento de todos los efectores de salud mental, por lo que se retrocede en la mirada de protección de derechos que tienen tales organizaciones, derribando la conquista del control sobre los dispositivos.
- Internaciones: otorga facilidades para internar sin revisión judicial inmediata. Además, para lograr una externación, debe haber familiares, un cónyuge o representante legal que se responsabilice del usuarix, quitando autonomía, dificultando la externación y delegando la responsabilidad a modo de tutelaje en la red de contención de la persona y desresponzabilizando al Estado.
- Peligrosidad: habilita la especulación en relación a los “antecedentes” o el “pronóstico” de lo que puede ocurrir, independientemente de lo que presente el paciente al momento de la evaluación. La portación de diagnóstico juega un rol para internaciones compulsivas.
¿Qué nos garantiza que facilitar internaciones puede mejorar nuestra calidad de vida y aliviar nuestros padecimientos? ¿A qué sistema de salud nos arroja esta contrarreforma? ¿A quién beneficia el modelo del encierro?

Intereses en tensión y disputa ideológica
La mayoría de los lugares de atención en salud mental existentes son clínicas privadas, y la ley clarifica que, para 2020, deberíamos haber llegado a la transformación definitiva de todos los manicomios en hospitales generales, prohibiendo la apertura de nuevos dispositivos monovalentes de salud mental. A su vez, sabemos también que quienes tienen padecimiento mental consumen fármacos en una tasa muchísimo más alta durante internaciones psiquiátricas.
Cabe hacerse la pregunta, ¿qué gobiernos hasta ahora se animaron a tocarle el bolsillo a las clínicas privadas, a las farmacéuticas y a los laboratorios? Ninguno. La implicancia de las gestiones anteriores (desde el kirchnerismo hasta el macrismo y el Frente de Todos) no fue solo la desidia o la escasez presupuestaria, sino una decisión política y de clase: sostener el pacto con el complejo médico-farmacéutico y las clínicas privadas.
Aunque la ley se sancionó bajo el discurso progresista de ampliación de derechos, en los hechos los gobiernos precedentes la redujeron a una farsa discursiva. Al desfinanciarla deliberadamente y no avanzar en la reconversión efectiva ni en la creación de dispositivos comunitarios sustitutivos, prefirieron no confrontar con las corporaciones psiquiátricas ni con el negocio millonario de la sobremedicación y la internación privada.
Ese incumplimiento sistemático dejó intactas las estructuras asilares y el lucro privado, creando el vacío y la crisis de atención sobre los cuales hoy la ultraderecha monta su ofensiva para el retorno al modelo manicomial. Se busca allanar el camino a las internaciones compulsivas express que enriquecen al subsistema privado y a los grandes laboratorios, mientras desresponsabilizan al Estado de garantizar dispositivos de atención territorial.
El mito del “fracaso” de la ley: falta de presupuesto y de voluntad política
Si hacemos un repaso desde la sanción de la Ley hasta hoy, volvemos a uno de los debates centrales y es el presupuesto necesario para su plena implementación. Los alcances hacia las provincias en materia de dispositivos de prevención y de atención comunitaria han sido profundamente heterogéneos y desiguales, y se registró a nivel nacional un máximo de 2,66% del 10% correspondiente. Entonces, ¿cómo podemos hablar del fracaso de una ley que nunca tuvo más de un tercio del presupuesto que preveía para su implementación efectiva?
La brecha entre la letra escrita y la realidad material demuestra que la crisis actual no es producto de la ley, sino de su sistemática no aplicación. Desmanicomializar no es vaciar hospitales ni dejar a usuarixs y trabajadorxs a la intemperie: requiere financiar la sustitución definitiva de los monovalentes mediante una red real de dispositivos intermedios con casas de medio camino, dispositivos habitacionales, centros de salud mental comunitarios en todo el territorio, centros de día y camas de internación breve en hospitales generales. Todo esto lo contempla la Ley.
Al no construirse esa estructura sustitutiva por falta de inversión deliberada, los sucesivos gobiernos mantuvieron de hecho las estructuras asilares intactas, generando un cuello de botella que hoy la derecha utiliza cínicamente para decretar el “fracaso” del paradigma de derechos humanos y justificar el regreso al modelo segregativo. No se trata sólo de una cuestión técnica: para llevar adelante una transformación de fondo hacen falta decisiones políticas y confrontar los intereses corporativos que lucran con el encierro.
Pasar a la ofensiva para ir hacia la desmanicomialización
En definitiva, la interrogante más grande que se nos presenta ante el nivel de crisis de salud mental en que nos encontramos es cómo nos hacemos cargo de la tarea que nos toca. Si es adoptando prácticas que fortalezcan a la comunidad y robusteciendo los lazos sociales, con una perspectiva de prevención y promoción de la salud, o si dejamos pasar una reforma que nos va empujando nuevamente hacia el esquema clásico del encierro, de la segregación, de la peligrosidad, del ocultamiento de quienes padecen dentro de instituciones que no pueden por sí solas solucionar la crisis de fondo: este sistema no se aguanta más.
La ultraderecha y todos sus sectores aliados fragmentan la concepción de padecimiento mental en “trastornos individuales” y “riesgo grave para la vida”, queriéndonos convencer de discutir en el marco de una supuesta modernización asistencial. Pero un paradigma de derechos no es el causante del sufrimiento psíquico: lo son las políticas de ajuste sistemático, la destrucción del poder adquisitivo, la falta de futuro para la juventud y la precarización absoluta de las condiciones materiales de existencia. La salud mental es un terreno de disputa política e ideológica, donde el bienestar de una minoría capitalista se asienta en el padecimiento y la angustia cotidiana de las mayorías trabajadoras.

Desarticular la contrarreforma, organizar la bronca
Como nos enseñó la lucha heroica que impulsó el Cabildo Abierto de la mano de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, la única manera de lograr conquistas concretas ante semejantes ataques es uniendo las luchas con todos los sectores que se organizan para dar pelea contra la ultraderecha. Tenemos la tarea de unirnos todxs lxs trabajadorxs, estudiantes, activistas de los derechos humanos, del feminismo, del movimiento socioambiental, artistas, colectivos de usuarixs y familiares para dar una pelea noble: convertir nuestro padecimiento en una ofensiva contra el sistema que lo genera. La Coordinadora en Salud Mental se propone la construcción de un espacio amplio, federal y democrático que reúna a todas las diversificadas convocatorias contra la reforma. La asamblea prevista para el miércoles 18/11 es un paso hacia esa construcción.
Frente a una contrarreforma que busca legalizar el ajuste y reinstalar el negocio manicomial, la salida no pasa por retroceder ni por la defensa pasiva de un status quo deficitario, sino, organizar la bronca:
- Memoria activa: El 2 de diciembre en el Día de la Desmanicomialización como aniversario de la sanción de la LNSM, impulsamos la acción federal que se gesta desde la Coordinadora en Salud Mental, con acciones en todo el país en rechazo total a la reforma y por la plena implementación de la ley vigente.
- Declarar la Emergencia Nacional en Salud Mental: presupuesto real extraordinario que garantice la aplicación efectiva de la LNSM, la Ley de Prevención del Suicidio N° 27.130, la apertura urgente de dispositivos intermedios territoriales, medicación accesible y gratuita, y producción pública de estadísticas federales de suicidios e intentos de suicidio para intervenir de manera preventiva.
- Recomposición salarial y condiciones dignas: terminar con la precarización, el pluriempleo y el desguace de las residencias (RISaM), garantizando un aumento de salario, estabilidad y mejores condiciones para todxs lxs trabajadorxs del sector.
- Sistema Único de Salud: estatización y centralización del sistema sanitario bajo control de sus trabajadorxs, usuarixs y la comunidad, eliminando el lucro de las corporaciones farmacéuticas y las clínicas privadas.
Colectivizar el malestar y organizar la bronca es la única garantía para frenar este atropello. Defender la desmanicomialización no es defender una utopía abstracta, es defender el derecho a una vida digna y a una salud pública integral al servicio de las necesidades sociales. Urge que nos organicemos para que, por fin, la garanticemos.

