El Presidente viajó a Catamarca para participar de la inauguración de nuevas plantas de carbonato de litio de Río Tinto, junto al gobernador Raúl Jalil. Con el RIGI como herramienta para atraer inversiones, el Gobierno profundiza un modelo extractivo que promete exportaciones y divisas, pero deja abiertos interrogantes sobre el uso del agua, el control de los bienes comunes y los beneficios para las comunidades locales.
El RIGI abre la puerta a las grandes mineras
Javier Milei llegó a Catamarca y fue recibido por el gobernador Raúl Jalil, quien destacó la agenda minera y calificó la visita como un día clave para la actividad. El acto principal está previsto para este miércoles en el Salar del Hombre Muerto, donde la multinacional Río Tinto inaugurará nuevas instalaciones de producción de carbonato de litio, en el marco de la expansión del Proyecto Fénix.
La visita expone una coincidencia política y económica entre la Casa Rosada y el gobierno provincial: colocar a la minería como uno de los motores del desarrollo, con grandes inversiones extranjeras y mayores exportaciones. El problema es que el entusiasmo oficial por los negocios mineros no despeja las preguntas sobre quién controla los bienes, cuánto queda en las comunidades y cuáles son los costos ambientales de expandir la explotación en una región árida.
La expansión del Proyecto Fénix cuenta con una inversión prevista de unos US$530 millones y fue incorporada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según la información oficial difundida sobre el proyecto, la ampliación permitiría aumentar la capacidad de producción en 9.500 toneladas anuales de litio.
El Gobierno presenta estos emprendimientos como una vía para atraer capitales, generar empleo y sumar divisas. Sin embargo, el RIGI ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios a grandes inversiones, lo que abre una discusión sobre las concesiones otorgadas a las empresas y la capacidad del Estado para garantizar que la riqueza extraída se traduzca en mejoras duraderas para la población.
No alcanza con anunciar millones de dólares de inversión o proyectar mayores exportaciones. También es necesario conocer las condiciones de esos beneficios, la calidad y duración del empleo generado, los ingresos que efectivamente recibe el Estado y las garantías para reparar eventuales daños ambientales.
En un país con necesidades urgentes de trabajo, infraestructura y servicios públicos, la pregunta es por qué las grandes multinacionales deben recibir incentivos especiales mientras las comunidades locales siguen reclamando respuestas sobre sus necesidades básicas.
El agua, en el centro del conflicto
La expansión del litio en la Puna plantea una cuestión decisiva: el agua. La extracción de este mineral se desarrolla en ecosistemas frágiles y regiones con escasas precipitaciones, donde las fuentes de agua son fundamentales para las comunidades, la producción local y los equilibrios naturales.
Un documento de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advierte que, en el Salar del Hombre Muerto, la Corte de Justicia de Catamarca ordenó en marzo de 2024 que no se otorgaran nuevos permisos mineros en la zona del río Los Patos hasta contar con un estudio de impacto ambiental acumulativo e integral. La medida respondió a una acción judicial vinculada con los posibles efectos conjuntos de los proyectos mineros sobre la cuenca.
Este antecedente resulta fundamental: el impacto de cada emprendimiento no puede analizarse de manera aislada cuando existen varias operaciones en una misma región. La evaluación debe contemplar los efectos acumulados sobre el agua, los suelos, la biodiversidad y las actividades de las comunidades.
Por eso, la inauguración de nuevas instalaciones no debería cerrar el debate sobre la minería, sino profundizar la exigencia de controles públicos, información accesible y participación efectiva de las poblaciones afectadas.
Jalil y Milei, unidos por el modelo extractivo
La visita también tiene una dimensión política. Jalil mantiene un vínculo de cooperación con el Gobierno nacional y respalda una agenda centrada en atraer inversiones mineras. Milei, por su parte, busca mostrar los proyectos adheridos al RIGI como ejemplos de su programa económico.
Así, más allá de las diferencias partidarias, ambos gobiernos coinciden en promover un modelo basado en la explotación intensiva de los bienes comunes para ampliar las exportaciones. Mientras el Ejecutivo nacional prioriza la llegada de capitales y la generación de divisas, las comunidades necesitan garantías concretas sobre el acceso al agua, la protección ambiental y la distribución de los beneficios.
El debate es qué tipo de desarrollo se impulsa, bajo qué condiciones y quién decide sobre los bienes comunes. Una política minera orientada al interés social debería priorizar el control público, la transparencia, la protección de los ecosistemas y los derechos de quienes habitan los territorios.
Inversiones para pocos, consecuencias para todos
La agenda minera de Milei y Jalil vuelve a poner sobre la mesa una contradicción: las empresas proyectan ampliar la extracción de bienes comunes, pero las garantías ambientales y sociales deben estar a la altura de la escala de esos emprendimientos.
No se puede medir el desarrollo únicamente por las toneladas producidas o los dólares exportados. También hay que evaluar el empleo creado, los ingresos que quedan en el país, el acceso de las comunidades al agua y la capacidad de prevenir daños que pueden resultar difíciles de revertir.
La riqueza mineral pertenece al territorio del que se extrae y su explotación no debería quedar subordinada a las necesidades de rentabilidad de las multinacionales ni a las urgencias financieras del Gobierno. Sin controles rigurosos, participación popular y una distribución social de los beneficios, el crecimiento de las exportaciones puede convivir con desigualdades persistentes y conflictos ambientales.
La pregunta de fondo es quién se beneficia con el litio argentino y quién carga con sus consecuencias. La agenda minera que celebran Milei y Jalil debe discutirse a la luz de los derechos de las comunidades, la defensa del agua y la necesidad de que los bienes comunes estén al servicio de las mayorías, no de los negocios de un puñado de empresas.
