Después de la privatización siempre viene el tarifazo. No es ninguna sorpresa, es el primer capítulo del manual del saqueo cuando un servicio público estratégico pasa a manos de capitales privados. Y esto es exactamente lo que está sucediendo ahora mismo con Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).
Si bien la entrega de la empresa estatal todavía no está cien por ciento formalizada en los papeles, la conducción que responde al gobierno de Javier Milei ya dejó servida en bandeja la primera puñalada a los usuarios. La privatización de AySA muestra de entrada lo que se viene: una dinámica brutal de aumento de precios en un servicio tan elemental como el agua potable y las cloacas para gran parte del AMBA.
El golpe a los bolsillos en números
La propuesta tarifaria, que se empezó a discutir en una audiencia pública virtual del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), es un masazo al presupuesto de los hogares. En un contexto donde la canasta de servicios no para de encarecerse y los sueldos se mantienen congelados o pulverizados por la inflación, AySA busca imponer un nuevo esquema que afectará directamente a la mayoría de la población.
Según la información oficial presentada, casi dos millones de usuarios residenciales (el 60% del total) de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense sufrirán un aumento promedio del 22,6%. Esto significa que, sin contar futuros ajustes por inflación, la factura media mensual saltará de unos $29.116 a $35.710 (sin impuestos).
Pero ese 22,6% es solo un promedio que esconde realidades mucho peores. El nuevo régimen tarifario, que pretende reemplazar los coeficientes zonales por una segmentación geográfica basada en ingresos y datos del Censo 2022, contempla aumentos brutales de hasta el 149% para determinados hogares. Esta locura se explica por la combinación de la reclasificación territorial y la eliminación progresiva del descuento del 15% que hoy reciben los usuarios de zonas consideradas de bajos recursos.
Para colmo, la excusa del Gobierno y de la empresa para meter este tarifazo (con el que esperan recaudar 140.000 millones de pesos extra por año) es que usarán esos fondos para “financiar la tarifa social“. Nos quieren hacer creer que aumentan de forma salvaje para cuidar a los que menos tienen, cuando en realidad están preparando el terreno para garantizarle la rentabilidad a los nuevos dueños.
La entrega a precio de remate
Todo este saqueo tarifario se da en el marco de una privatización escandalosa. El gobierno libertario avanza con la venta del 90% de las acciones de AySA por la ridícula suma de 340,2 millones de dólares. Un regalo absoluto que quedó muy lejos de los 500 millones que el ajustador de Luis Caputo soñaba con recaudar para tapar sus urgencias financieras.
¿Pero quiénes se quedan con este negocio redondo? El consorcio ganador está integrado por el fondo neerlandés PHX Aqua (radicado en guaridas fiscales), la operadora brasileña Arcos, la constructora Rowing (de Walter Román) y Transclor. En este entramado empresarial sobresale la figura de Mauricio Filiberti, el famoso “Rey del Cloro” y dueño de Transclor, actual proveedor monopólico del insumo químico que usa AySA.
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Acá es donde el negocio muestra su cara más peligrosa. Filiberti es socio directo de los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano. Este mismo tridente (agrupado en Edelcos) ya controla Edenor (la mayor distribuidora eléctrica del país), se acaba de quedar con el 70% de Metrogas y participa en los negocios de los combustibles con Shell.
Con la privatización de AySA, el gobierno de Milei está gestando la creación de un monstruo monopólico sin precedentes en el AMBA. Un solo grupo de empresarios “amigos del poder” pasará a administrar la luz, el gas, los combustibles y el agua de millones de trabajadores. Y como si fuera poco, AySA es el mayor consumidor de electricidad de la región, por lo que Filiberti y sus socios se venderán energía a sí mismos, quedando de los dos lados del mostrador.
El agua es un derecho, no un negocio de la casta
Estas maniobras nos obligan a ser claros: el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano elemental, no una mercancía para que los buitres financieros y los empresarios de la vieja política hagan caja. Ya sabemos cómo termina el verso de la privatización de los servicios públicos: con tarifazos impagables para el pueblo, cero inversiones reales en infraestructura, precarización laboral y un servicio pésimo.
No podemos depositar ni un gramo de confianza en este plan entreguista. La verdadera salida frente a este saqueo es cortar el negocio de raíz. Es urgente luchar por la reestatización integral de todos los servicios públicos esenciales, sin pagarle un solo centavo de indemnización a estas empresas que viven de llenarse los bolsillos a costa nuestra. AySA y todo el sistema energético deben pasar a estar bajo un estricto control social, administrados de manera verdaderamente democrática por sus propios trabajadores, los técnicos y los usuarios, los únicos interesados en garantizar un servicio público eficiente y con tarifas que no pulvericen el salario.
