Lo de la justicia ya cruzó todos los límites imaginables. El escandaloso sobreseimiento del presidente Javier Milei en la causa $LIBRA se inscribe como una de las maniobras más obscenas de encubrimiento, confirmando la profunda connivencia entre el poder político de turno y el Poder Judicial. Sin embargo, la impunidad no avanza sin resistencias. Un día hábil después de que el juez firmara este salvoconducto para el mandatario y sus cómplices, la decisión fue apelada por uno de los inversores perjudicados, dejando al descubierto los groseros favores cruzados que intentan enterrar la estafa.
La presentación de esta apelación, además de intentar que se mantenga abierta la investigación, denuncia con dureza el actuar del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Eduardo Taiano. Todo este montaje judicial solo es posible gracias a la reconfiguración reaccionaria que viene digitando el gobierno, a través del Ministerio de Justicia liderado por Juan Bautista Mahiques, avalada en el Senado por la complicidad peronista en la votación de pliegos.
Una apelación que desnuda la farsa judicial
La apelación, presentada por Juan Patricio Marchetto, desnuda en 40 carillas cómo se orquestó el cierre exprés de la causa. El inversor, que busca ser restituido como querellante, argumenta que el juez Martínez de Giorgi incurrió en contradicciones y realizó una “valoración fragmentaria” de las pruebas, confundiendo la insuficiencia temporal de elementos con la inexistencia de delito (“atipicidad“).
Pero el dardo más fuerte apunta al fiscal Taiano, acusado de ocultar información, demorar diligencias y omitir la citación de testigos clave (como Ariel Parkinson, Arturo Osete Herraiz y la abogada Yanina Nicoletti). Lo más escandaloso es que Taiano pidió el sobreseimiento de los once acusados, entre ellos el presidente, su hermana Karina Milei, el lobista Mauricio Novelli y el creador de la criptomoneda, Hayden Davis, cuando todavía estaban en curso peritajes telefónicos ordenados por él mismo a supuestos “cueveros” de la City. Peor aún: el juez cerró la causa sin siquiera llamar a indagatoria a los imputados.
El recurso de apelación pone el foco en la sincronización entre la Casa Rosada y la especulación financiera. Según la apelación, hay un registro de llamadas cruzadas entre Milei y el lobista Novelli apenas minutos antes de que el Presidente posteara en X el código alfanumérico para comprar $LIBRA (a las 19:01:22 del 14 de febrero de 2025). Casualidad o no, apenas 22 segundos antes de ese posteo, se registraron operaciones de compra masiva por unos 13,5 millones de dólares desde 74 billeteras anónimas. El juez se negó a profundizar si existió coordinación entre los organizadores y el Ejecutivo, y la fiscalía se excusó diciendo que “no se pudo establecer de qué hablaron“, dejando las preguntas sin respuesta.
El sobreseimiento a medida del ajuste
El fallo original de Martínez de Giorgi es un manual de excusas para proteger al poder. Para desvincular a Milei del delito de defraudación, el juez insólitamente argumentó que “no resulta suficiente afirmar que la difusión (del presidente) generó expectativas favorables o alentó la compra“. Y para despegarlo de negociaciones incompatibles con la función pública, se apoyó en un dictamen de la propia Oficina Anticorrupción (dependiente del Ejecutivo), la cual justificó que como la publicidad no se hizo desde una cuenta “oficial” del gobierno, no constituía un delito.
A esto se sumó la curiosa anulación parcial de la prueba digital. El juez desestimó el peso de un informe tecnológico clave elaborado por la Dirección General de Investigaciones y Asistencia Tecnológica (DATIP) argumentando una supuesta filtración a la prensa. La querella señala que la fiscalía tuvo ese informe preliminar mucho antes de cualquier filtración y se pregunta por qué se ocultó esa información. Todo el andamiaje del fallo demuestra que cuando la justicia tradicional actúa, lo hace para proteger a quienes garantizan los negocios de los grandes capitales.
Esta impunidad se encuadra en una avanzada mayor. El gobierno de La Libertad Avanza está moldeando una justicia adicta. Con Mahiques en el Ministerio de Justicia y la ayuda del peronismo en el Senado (que le garantiza los votos para los pliegos), el oficialismo se asegura de blindar judicialmente no solo a sus funcionarios corruptos, sino también todo su paquete desregulador. Es la misma dinámica que vimos con la Corte Suprema cuando avaló de manera express la restitución de la Ley de Tierras para beneficio de capitales extranjeros o cuando dejan pasar la represión a la protesta social.
Impunidad libertaria y la salida desde abajo
Estos movimientos en Comodoro Py exponen cómo opera la red de protección recíproca entre la corporación judicial y los altos mandos del Estado. El gobierno libertario se la pasa gritando consignas contra la casta y la vieja política, pero su gestión acumula un tendal de escándalos financieros, favores espurios y enriquecimiento a costa del Estado.
Queda demostrado que depositar la confianza en las instituciones del régimen para alcanzar justicia frente a las estafas financieras o la corrupción gubernamental es un callejón sin salida. La justicia ordinaria, con su lentitud programada y sus fallos redactados a medida del Ejecutivo, es una trampa estructurada para proteger el saqueo de los poderosos.
Frente a esta telaraña de complicidades, la salida no vendrá de los mismos tribunales que firman la impunidad. Es imperiosa la conformación de una comisión investigadora totalmente independiente de los poderes del Estado y de los partidos tradicionales. Un espacio de control y juzgamiento integrado por trabajadores y personalidades intachables, con capacidad de abrir todas las cuentas y auditar hasta el último movimiento financiero. Es en las calles y mediante la autoorganización popular donde se debe poner freno a este sistema viciado, asegurando castigos reales a los corruptos y terminando con un andamiaje legal diseñado para aplastar a la mayoría trabajadora.
