El Fondo Monetario Internacional rebajó 1,4 puntos su pronóstico para el PBI de 2026, ubicándolo en apenas 2,1% y por debajo del promedio regional. Mientras el Gobierno insiste con una inminente recuperación, el propio organismo reconoce que la demanda interna está severamente debilitada. Este balde de agua fría sobre la economía llega en la antesala de una sesión clave en Diputados para rechazar el DNU 70/23.
El discurso triunfalista del gobierno nacional acaba de chocar contra los números de su principal auditor económico. En su último informe de “Perspectivas de la economía mundial“, el Fondo Monetario Internacional recortó drásticamente la estimación de crecimiento para la Argentina en 2026: la bajó del 3,5% que proyectaba hasta julio a un escaso 2,1%. Esta rebaja de 1,4 puntos porcentuales representa una desmentida categórica a la narrativa de recuperación acelerada que intentan sostener diariamente Javier Milei y el ministro, que actualmente es señalado por todos, Luis Caputo.
Lo que desnuda este ajuste en los pronósticos es la profundidad de la recesión inducida por las políticas oficiales. A contramano del mundo, el crecimiento proyectado para la Argentina quedó por debajo del promedio global, estimado en 3,1%, y del promedio de América Latina y el Caribe, que se ubica en 2,3%. De hecho, a pesar de los conflictos internacionales que afectan la energía y los alimentos a nivel global, ningún otro país de la región sufrió un tijeretazo de esta magnitud en sus proyecciones; Brasil tuvo un recorte mínimo de apenas 0,2 puntos y México experimentó una mejora.
Para justificar esta caída abismal, la subdirectora del Departamento de Estudios del FMI, Petya Koeva Brooks, admitió en conferencia de prensa que el organismo constató una “demanda interna más débil” en un marco de “condiciones financieras internas aún restrictivas” y una “continua transformación estructural“. Traducido a la realidad cotidiana: la paralización del consumo, la pérdida del poder adquisitivo y la asfixia productiva son tan evidentes que ya no pueden ser maquilladas en los reportes internacionales.
Las malas noticias que viajan desde Tailandia, donde se realizan las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, no terminan en la actividad económica. El organismo también ajustó al alza sus cálculos de inflación y desempleo. Para 2026, prevé que el índice de precios al consumidor acumule un 32,5%, una cifra superior al 30,4% que el propio Fondo estimaba en el mes de abril. Al mismo tiempo, proyectó que la desocupación trepará al 7,6% este año, lo que empeora el 7,4% registrado el año pasado.
Aquí radica la mayor de las contradicciones de la política económica actual. El FMI advierte sobre el desplome de la actividad y reclama que es urgente “volver a centrarse en la reconstrucción del margen fiscal“, pero estas son las consecuencias directas de las recetas de ajuste que el organismo impone y que la Casa Rosada aplica. La estrategia de secar la economía para acumular reservas funciona exactamente como fue diseñada, generando este nivel de miseria. Para 2026 y 2027, el FMI pronostica un superávit de cuenta corriente del 0,6% del PBI, revirtiendo el déficit del 1,1% heredado de 2025. Sin embargo, ese superávit es hijo del colapso importador provocado por la recesión, no de un desarrollo productivo genuino. A la par, Caputo mendiga en Bangkok la aprobación técnica de la tercera revisión del acuerdo para destrabar un desembolso que ronda los 860 millones de dólares, todo esto mientras el país arrastra una deuda monumental de 56.700 millones de dólares con el organismo.
Este choque de realidad internacional impacta de lleno en la política local y agrava la crisis del oficialismo. Por un lado, deja en evidencia las estimaciones del Presupuesto 2027, donde el Gobierno sostiene tercamente una proyección de crecimiento del 3% que hoy carece de sustento. Por otro lado, expone la debilidad estructural de un modelo económico justo cuando el Poder Ejecutivo enfrenta una de sus mayores pruebas de fuego a nivel institucional.
El próximo jueves 15 de octubre, la oposición intentará llevar adelante una sesión especial en la Cámara de Diputados para rechazar el DNU 70/23, el corazón del andamiaje desregulador. El recorte del FMI confirma lo que las mayorías trabajadoras ya sufren diariamente: el ajuste no sentó las bases para el crecimiento, sino que profundizó la crisis. La sesión de esta semana es la oportunidad política para asestarle un golpe definitivo a un megadecreto que funciona como el motor jurídico del desastre libertario que hoy, hasta los propios auditores externos, tienen que salir a reconocer en sus informes.
