Por Mariano Veiga, Secretario General de AGIHM – Hospital Moyano
En el reciente Forum Health 2026, ante la atenta y complaciente mirada de los empresarios de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, el Ministro de Salud, Mario Lugones, dejó una definición que resume de cuerpo entero el proyecto sanitario de La Libertad Avanza: “Hay que reelegir a Milei para terminar de descentralizar la salud”. Detrás de la retórica de la “libertad de elección” y la crítica al “burócrata que maneja todo desde la Nación”, el gobierno esconde una de las recetas más destructivas del viejo recetario neoliberal: el desfinanciamiento estatal y la fragmentación definitiva del sistema sanitario.
La trampa de la descentralización: un viaje a los 90
Lugones sostiene que la Constitución no le otorgó a la Nación las competencias de salud y que es necesario dar mayor “autonomía” a las provincias para responder a demandas disímiles. El argumento, lejos de ser innovador, es la misma matriz ideológica que justificó el vaciamiento del Estado en las últimas décadas.
Las políticas de “descentralización” impulsadas históricamente por los organismos multilaterales de crédito (como el Banco Mundial desde su “célebre” informe Invertir en Salud de 1993) nunca tuvieron el objetivo real de democratizar la toma de decisiones de una forma “Federal”. Por el contrario, funcionaron como un mecanismo de ajuste estructural para desligar al Estado Nacional de su responsabilidad fiscal sobre los derechos sociales, transfiriendo el peso del déficit hacia administraciones menores y abriendo nichos para el capital privado.
En Argentina, la clase trabajadora ya sufrió las consecuencias empíricas de esta teoría. Durante la década menemista, mediante leyes como la Ley de Transferencia (Ley 24.049) y sucesivos Pactos Fiscales, se traspasaron los hospitales y servicios a las provincias transfiriendo las obligaciones, pero no el presupuesto correspondiente.
El resultado empírico de esa política fue la fragmentación absoluta del sistema de salud: hospitales provinciales y municipales colapsados, y una desigualdad estructural donde el derecho a la vida y a la atención pasó a depender exclusivamente de la capacidad recaudatoria de cada jurisdicción. La “federalización” que hoy vuelve a pregonar Lugones es, en los hechos, el abandono de las provincias más empobrecidas a su propia suerte.
Este fracaso no es una excepcionalidad argentina. La literatura científica que evalúa las reformas neoliberales en la región demuestra que la municipalización y descentralización agravaron la desigualdad. En Chile, la municipalización de la atención primaria impuesta por la dictadura pinochetista y sostenida por la Concertación fragmentó el acceso, creando comunas de “primera” y de “segunda” categoría según los recursos económicos locales. En Colombia, la evaluación de las políticas de los años 90 mostró que el traslado de responsabilidades a los municipios generó una etapa de confusión institucional que impactó negativamente en las coberturas preventivas, al punto de que los subsidios a la demanda crearon una enorme ambigüedad sobre quién era el responsable real de la salud pública, por ejemplo en materia de vacunación.
PAMI, obras sociales y el avance privatizador
En el mismo foro, el ministro apuntó a “repensar” el PAMI y las obras sociales frente al envejecimiento poblacional y la drástica caída de la natalidad, celebrando la apertura hacia nuevas “entidades de seguros de salud prestacionales”.
Entender la atención bajo la lógica del “aseguramiento” convierte al paciente en un cliente y a la salud en una mercancía. La “libertad” que promete el gobierno para que “la gente pueda elegir” es, en rigor, la libertad de las corporaciones médicas, farmacéuticas y aseguradoras para lucrar con la enfermedad. Se busca consolidar un modelo de estratificación brutal: medicina premium para el sector minoritario que pueda pagar seguros privados onerosos, un sistema de obras sociales desfinanciado, y un hospital público vaciado operando apenas como un dispensario de “paquetes básicos” para las mayorías empobrecidas.
No es casualidad que este discurso se dé en simultáneo con el festejo por la instalación de una oficina de la FDA estadounidense en Buenos Aires en 2027 y la promesa de flexibilizar regulaciones (interviniendo con lógicas de ajuste en la ANMAT, el Hospital Garrahan o en el ámbito de discapacidad), apuntando a facilitar el negocio transnacional de patentes y medicamentos en lugar de garantizar la soberanía sanitaria nacional.
La verdadera salida: un Sistema Único de Salud
Frente al plan de ajuste, privatización y fragmentación que proponen Lugones y Milei bajo el eufemismo de la “descentralización”, la respuesta de lxs trabajadorxs no puede ser la mera defensa del statu quo. El actual sistema tripartito argentino (público, obras sociales y prepagas) es ineficiente, profundamente desigual y muestra claros signos de agotamiento.
La salida de fondo es la construcción de un Sistema Único de Salud como planteamos desde la izquierda. Esto implica terminar con la fragmentación unificando todos los recursos nacionales: centralizando el presupuesto de salud pública, los millonarios fondos de las obras sociales (hoy rehenes de la burocracia sindical) y absorbiendo la capacidad instalada del sector privado corporativo. Se trata de poner en pie un sistema de financiamiento 100% estatal, universal, igualitario y de acceso totalmente gratuito.
Para que este sistema no caiga en las manos de los corruptos o burócratas, debe estar bajo el control y la gestión democrática de sus propios trabajadores, profesionales de la salud y usuarios. Esa es la única garantía estructural para que la salud deje de ser un negocio de pocos y vuelva a ser lo que nunca debió dejar de ser: un derecho humano inalienable.
