La movilización y el repudio popular obligó a una nueva decisión judicial que vuelve a poner límites a la derogación de la Ley de Tierras Rurales impulsada por el Gobierno. La pelea por la soberanía territorial sigue abierta y el próximo 15 de octubre hay que movilizar para exigir que Diputados rechace el DNU 70/23.
La ofensiva del gobierno de Javier Milei para habilitar la extranjerización de las tierras rurales enfrenta un nuevo obstáculo judicial. En medio de la polémica por el fallo de la Corte Suprema que había dejado sin efecto una sentencia contraria a la derogación de la Ley de Tierras, una nueva resolución vuelve a poner en discusión la aplicación de esa medida impulsada mediante el DNU 70/2023.
Lo que está en juego es quién puede apropiarse de extensas superficies del territorio argentino, qué controles existen sobre esos negocios y qué herramientas tiene el Estado para defender la soberanía sobre la tierra y los bienes comunes.
Un decreto para abrirles las puertas a los grandes propietarios
La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía límites a la titularidad extranjera de tierras rurales. Entre otras restricciones, fijaba un tope del 15% para la propiedad extranjera y contemplaba límites por nacionalidad y por titular.
Sin embargo, Milei derogó esa legislación a través del artículo 154 del DNU 70/23, una de las numerosas medidas de desregulación que el Gobierno impuso desde el comienzo de su gestión. La decisión apunta a eliminar restricciones sobre la compra de tierras rurales por parte de personas, empresas y Estados extranjeros.
Detrás del discurso oficial sobre la libertad económica y la propiedad privada se esconde una política que beneficia a los grandes capitales y debilita las herramientas de protección del territorio. La tierra no es una mercancía cualquiera: concentra recursos estratégicos, agua, producción de alimentos y bienes naturales fundamentales para el conjunto de la sociedad.
La posibilidad de que grandes inversores acumulen extensiones de territorio sin las restricciones que establecía la ley plantea un problema de soberanía nacional, pero también de concentración económica.
La Corte Suprema resolvió este viernes suspender provisoriamente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023 de Javier Milei, que derogaba la Ley de Tierras Rurales y eliminaba las restricciones a la compra de campos por extranjeros. La medida fue firmada por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, mientras que Carlos Rosenkrantz votó en disidencia. El fallo restablece temporalmente las restricciones de la Ley 26.737 hasta que la Justicia analice la legitimación de quienes impulsaron la demanda y resuelva el pedido cautelar, aunque todavía no define la constitucionalidad de la derogación.
La pelea judicial no alcanza: hay que derrotar el DNU
La controversia judicial se reactivó después de que la Corte Suprema revocara una sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU. El máximo tribunal fundamentó aquella decisión en una cuestión procesal vinculada con la legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata para presentar la demanda, sin resolver definitivamente la constitucionalidad de la derogación.
Ahora, una nueva resolución vuelve a poner límites a la aplicación de esa derogación y demuestra que la disputa continúa abierta. El escenario judicial, sin embargo, no garantiza por sí mismo una solución definitiva.
La responsabilidad política también recae sobre el Congreso. El Senado ya había rechazado el DNU 70/23 en marzo de 2024, pero la Cámara de Diputados todavía debe tratar su rechazo para que el decreto pierda vigencia por esa vía.
Por eso, el próximo 15 de octubre se abre una instancia decisiva. La convocatoria a una sesión especial en Diputados busca discutir la derogación del megadecreto y otros reclamos sociales urgentes. Será fundamental que los bloques que impulsan la sesión garanticen el quórum y que quienes dicen defender la soberanía voten efectivamente contra el DNU.
El 15 de octubre a las calles y al Congreso
La pelea por la Ley de Tierras demuestra que la movilización popular puede ponerle límites a los planes del Gobierno. En agosto, la presión social y la falta de apoyos obligaron al oficialismo a retirar del debate legislativo el capítulo que buscaba modificar las restricciones a la propiedad extranjera. Ahora, la disputa vuelve a exigir una respuesta colectiva.
No alcanza con confiar en los tribunales ni con esperar las negociaciones. entre los bloques parlamentarios. Hace falta organización y movilización para enfrentar una política que pretende avanzar sobre derechos, recursos estratégicos y conquistas históricas.
Este 15 de octubre, movilicémonos para exigir que Diputados rechace el DNU 70/23. Hay que defender la Ley de Tierras, enfrentar la extranjerización y poner en pie una política que priorice las necesidades populares por encima de los negocios de los grandes capitalistas.
La tierra no se vende al mejor postor. La soberanía se defiende con organización, movilización y lucha.
