Mientras que los trabajadores intentan sobrevivir a una crisis económica monumental y a un ajuste que parece no tener techo, el presidente decidió arrancar 2026 premiando a su propio equipo.
A través del Decreto 931/2025, publicado este 2 de enero en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo autorizó una actualización salarial para los ministros, secretarios, subsecretarios y autoridades superiores. Bajo el pretexto de que los haberes de alta jerarquía política estaban desactualizados tras dos años de congelamiento, el gobierno formalizó un incremento que, según las estimaciones de ATE, ronda el 89,5%. De esta manera, quienes gestionan el ajuste nacional se aseguran un alivio económico que le niegan sistemáticamente a la mayoría de la población.
La norma establece que los altos funcionarios recibirán el porcentaje acumulado de los incrementos otorgados al personal de la administración pública nacional entre enero de 2024 y julio de 2025. Aunque el texto intenta suavizar el impacto aclarando que el aumento queda sujeto a la continuidad del superávit fiscal y excluye momentáneamente a la figura del presidente y la vicepresidenta, la realidad es indiscutible: en la Argentina libertaria, la única variable de ajuste es el trabajador, mientras que para los funcionarios se diseñan esquemas de remuneración “competitivos y coherentes”. Esto es una burla para los trabajadores estatales, docentes y jubilados que han visto cómo sus ingresos se pulverizaban frente a la inflación de los últimos dos años sin recibir una recomposición ni remotamente parecida a esta “readecuación” para los cargos políticos.
La brecha del privilegio: sueldos de lujo vs. salarios de indigencia
Para entender la magnitud de esta provocación, basta con contrastar las cifras de los funcionarios con la realidad que arrojan las estadísticas oficiales. Antes de este nuevo aumento, un ministro ya percibía un sueldo bruto de $3.584.006, un secretario $3.282.709 y un subsecretario cerca de $2.981.513. Estas sumas resultan insultantes cuando se comparan con los últimos datos[i] del INDEC, que revelan que el 80% de la población trabajadora percibe un ingreso per cápita familiar inferior a un millón de pesos. En el país, la pirámide social se ha achatado hacia abajo, donde 8 de cada 10 argentinos cobran menos de la tercera parte de lo que percibe un funcionario de rango medio.
La comparación es aún más dramática si se miran los indicadores básicos de subsistencia. Mientras un subsecretario cobra casi tres millones de pesos, el Salario Mínimo, Vital y Móvil en diciembre de 2025 se encuentra estancado en apenas $334.800[ii] Esto significa que un alto funcionario gana casi diez veces más que el ingreso mínimo legal de un trabajador. Incluso si tomamos la Canasta Básica Total que mide el INDEC para no caer en la pobreza —valuada en $1.257.329 para una familia tipo[iii]—, la mayoría de los hogares argentinos se encuentran peleando mes a mes para llegar a una cifra que los funcionarios libertarios cubren holgadamente solo con una fracción de su sueldo. De hecho, el trabajo[iv] de la Junta Interna de ATE INDEC señala que el ingreso necesario para un hogar debería ser de $1.979.769, un valor que para el 70% de las familias trabajadoras hoy es un sueño inalcanzable, pero que para la casta ministerial es el piso de sus privilegios.
Que cobren como un trabajador: terminar con la política como negocio
Desde el MST en el Frente de Izquierda Unidad denunciamos este decreto como una muestra de la hipocresía libertaria. El discurso de que “el ajuste lo paga la política” se terminó de morir con esta firma.
Milei justifica estos aumentos alegando la necesidad de atraer gente idónea del sector privado, como si la gestión pública fuera un mercado de CEOs. Este decreto termina siendo la institucionalización de una casta que vive en una realidad paralela, totalmente ajena a las penurias que atraviesa el trabajador informal o el cuentapropista que hoy representa el grueso del crecimiento del empleo precario.
Nuestra salida es clara y de fondo: hay que terminar con los privilegios de la función pública de raíz. Planteamos que todo funcionario político, desde el presidente hasta el último subsecretario, debe ganar lo mismo que una directora de escuela con años de antigüedad. Solo equiparando los sueldos de quienes gobiernan con los de quienes curan o educan, se puede asegurar que la política deje de ser un refugio para enriquecerse.
Los funcionarios apelan a que sus cargos son su único ingreso, pero en este gobierno de dudosa procedencia, donde los vínculos con el capital financiero y las entradas turbias de dinero son moneda corriente, nadie cree en la austeridad de sus patrimonios. Si de verdad quieren un Estado eficiente, que empiecen por vivir como la mayoría de la población trabajadora a la que dicen representar y que dejen de usar el Boletín Oficial para engrosar sus propias billeteras mientras hunden al país en la miseria. Para la casta siempre hay decreto; para el pueblo, solo ajuste.
[i] https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ingresos3trim25A3FEE1BDDD.pdf
[ii] https://www.argentina.gob.ar/trabajo/consejodelsalario
[iii] https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canasta_crianza_12_25D8413F8B26.pdf
[iv] https://drive.google.com/file/d/1VBPNXTzJg0LVdk55zDg9fuuCspex_LIr/view?fbclid=PAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGnGgW35pRq_6rxMJiVq1lx5F4pAsoyT-VzSkvlIFBFkkHXPmx2buiEeQlr2ck&brid=E3vMlPGWKQ1lMpGCb4T3cw
