Tras una enorme y multitudinaria marcha del 8 de Marzo, el pasado miércoles, de casi 7 cuadras, el movimiento feminista y disidente demostró que hay fuerza de sobra para arrancarle a los gobiernos los derechos que nos faltan…
Entre los reclamos que levantamos desde la Asamblea Feminista Permanente Ni Una Menos, de la cual somos parte como Juntas y a la Izquierda, fue la necesidad de una justicia feminista, que realmente garantice el cuidado de las mujeres, disidencias y las infancias. Sin embargo, en La Rioja, la Justicia se ha ensañado particularmente con las madres protectoras y las niñas que han sido abusadas por sus progenitores o familiares paternos. Los casos de Arcoiris, Lila y Caricias son un botón de muestra de cómo la justicia machista, patriarcal, misógina y clasista se maneja para encubrir y proteger a los violentos abusadores y cómo por diversas vías alecciona a las madres como Delfina Silva Zarranz (mamá de ArcoIris), a quién la Jueza del Juzgado de Instrucción en Violencia de Género, Gisela Flamini le dictó la prisión domiciliaria, mientras que el abuelo abusador José Arturo «Kuky» Vergara, goza de todos los privilegios que puede detentar un funcionario de primera línea de la Justicia, de estrecha relación con Karina Becerra, la Secretaría de Justicia Provincial y sobrina del Gobernador Quintela.
El caso Arcoiris ha tomado una fuerte repercusión nacional, tras el escandaloso allanamiento ilegal que sufrieron en su departamento de Almagro en Capital Federal, el 22 de febrero, donde la policía de la Ciudad por orden de una jueza sin competencia en esa ciudad, la Jueza Ana Carla Menem, se intentaron llevar por la fuerza a Arcoiris, y llevar detenida a Delfina, acá a la provincia.
Arcoiris es una niña de 6 años que desde sus dos años fue víctima de abusos por parte de su abuelo, Kuky Vergara. Sistemáticamente desoída, a pesar de las pruebas que incriminan a su abuelo por abuso sexual gravemente ultrajante por el vínculo, la Justicia insistió en la inocencia del denunciado. En esos años que fue obligada a revincularse con el entorno paterno, sucedieron otros abusos, facilitados por su padre, Matías Vergara. La situación escaló de tal forma, que un día que ArcoIris caminaba por la calle con su abuela, Viviana Zarranz, fue arrancada por la fuerza por el progenitor y su pareja, golpeando a Viviana y la atropelló prácticamente con su auto, con lo cual también tiene una denuncia por intento de femicidio.
Delfina hace un año que tuvo que radicarse en Capital Federal, tras casi 5 años de hostigamientos, y de persecución por parte del poder judicial provincial. De las cinco causas que se radicaron contra el abuelo, Kuky Vergara, ninguna prosperó y en las dos donde se dictó el sobreseimiento de Vergara, las apelaciones aún no se resolvieron en casación. Todas maniobras dilatorias al servicio de la impunidad del abusador. A esto le sumamos, que la prensa y la defensa del acusado, sus familiares y contactos han hecho todo lo posible por ensuciar a Delfina, con escraches, con fake news y con una enorme sobreexposición de Arcoiris, a quien en ningún momento le resguardaron su derecho a la intimidad, siendo una víctima de abuso intrafamiliar.
El allanamiento que intentaron perpetrar, que fue traumático tanto para Arcoiris como para Delfina fue frenado por la “muralla humana” de activistas y luchadoras que se apersonaron afuera del departamento para impedir el secuestro y la detención de Delfina. Fue gracias a la organización y la lucha, que tuvieron que recular y frenar el operativo.
El caso tiene aristas muy graves, si hablamos de los niveles de violencia institucional al que fueron sometidas no sólo Delfina y Arcoiris, sino también Manuela Calvo, una periodista feminista que se animó a hablar y acompañar su lucha. Como mencionamos anteriormente, no ha sido el único caso, ya que hace casi un mes, otra nena, “Lila”, de sólo 4 años fue también arrancada de su centro de vida en Córdoba, para luego ser trasladada a un dispositivo de cuidado acá en la provincia, por orden de la Jueza de menores. Alicia Valdez, la Jueza de Violencia de Género y protección integral de menores Gisela Flamini y la Jueza de Cámara Dra. Marcela Fernández Favarón, donde permaneció más de 21 días sin ningún contacto con su mamá, su abuela o su tía. Lila sufrió abusos por parte de su progenitor, Joaquín Arandía, y la justicia provincial tampoco actuó en resguardo de la menor. Hoy Lila sigue sin poder estar con su mamá, mientras que su abuela y su tía fueron amordazadas por la justicia ya que no pueden expresarse y denunciar lo que está pasando.
A todo este cuadro le agregamos la promulgación el 7 de Marzo de la Ley de Obstrucción de Vínculos a partir del cual se crea un registro para obstructoras. Una ley que abre la puerta para que las madres protectoras y activistas sean convertidas en «obstructoras». Sobre esta ley desarrollaremos una nota y una campaña para su derogación.
¿Qué justicia hace falta?
No hay dudas que la justicia en la provincia y en todo el país necesitan una transformación real y urgente pero que no es la “reforma judicial feminista” con la que el peronismo k hace tanta demagogia. Vemos que mientras sean los gobiernos y sus senadores y diputados los que elijan sus jueces, a través de sus roscas, como pasa con los Jueces de la Corte Suprema, los Jueces Federales y los Jueces de cada provincia, aunque quieran hacernos creer que el Consejo de la Magistratura es imparcial y evalúa la idoneidad. La Justicia es una casta que se erige con privilegios económicos, de poder y con cargo vitalicio, hasta tanto no se los remueva por un jury de enjuiciamiento.
Los jueces y juezas, como los fiscales deberían ser elegidos y removidos por voto popular, tienen y deben obrar acorde a los tratados internacionales que suscribió nuestro país y las leyes nacionales, algo que no sucede. Tampoco actúan acorde a la perspectiva de género a la cual se ha obligado nuestro Estado. Sin Jueces y Fiscales sometidos al control de las organizaciones independientes de mujeres y disidencias y sin Jurados populares, seguiremos lamentando la inoperancia y revictimización constante.
Majo González