Este 8 de Marzo encuentra a las mujeres y disidencias peor que hace un año. Si ya la ONU indicaba que el 35% sufrió alguna vez violencia física o sexual[1], la pandemia agravó todas las desigualdades: más pobreza, más ajuste y más violencia de género. En algunos países, el número de llamadas a las líneas de asistencia se quintuplicó debido al incremento de la violencia durante la cuarentena.
En la Argentina, como problema más urgente tenemos la barbarie de un femicidio por día[2]. A su vez, la primera línea de trabajadoras esenciales, como en salud y educación, de alta composición femenina, ven vulnerados sus derechos. La enfermería porteña no está reconocida como profesional, lo que además perjudica sus salarios. Y las docentes han tenido que volver a la presencialidad sin condiciones de seguridad garantizadas.
Ante las denuncias por violencia, la policía no sólo las cajonea sino que uno de cada cinco asesinatos de mujeres es un femicidio de uniforme. Berni es el colmo: le encarga la formación en género de su Bonaerense a Pierri, defensor de Mangieri, el femicida de Ángeles Rawson. Y el presidente, a su cacareado Ministerio de Mujeres le destina apenas el 0,074% del Presupuesto nacional 2021. Mucho verso, cero realidad.
Me quiero detener en el tema justicia, a la que con toda legitimidad se cuestiona por su rol patriarcal. Un primer debate es sobre qué cambios hacen falta y otro, más de fondo, es si está allí el mayor de los problemas en materia de violencia de género.
Sobre la primera cuestión, agrupaciones feministas afines al gobierno reclaman la aplicación de la Ley Micaela, de formación en género, y respaldan los proyectos del gobierno. Pero las reformas que propone Alberto, descentralizar Comodoro Py, crear nuevos juzgados, cambiar el modo de designar al Procurador y reformar el Consejo de la Magistratura, no implican ningún cambio sustancial para democratizar la justicia e independizarla del poder político. O son en favor del propio gobierno o son simples parches que no modifican lo esencial.
Democratizar a fondo la justicia, único poder no electo por el pueblo, requiere cambiar de raíz el modo de designar a los jueces y fiscales: deben ser elegidos por voto popular, en distitna fecha de la elección política, por mandato limitado y revocable. Sólo así serían independientes del poder e influidos, en cambio, por la opinión popular incluida la ola verde. El juicio por jurados es otro necesario mecanismo de participación social en la administración de justicia. Y por qué no pensar, así como años atrás se creó el fuero laboral, en crear un fuero para violencia de género, cuya asesoría tutelar incluya a las organizaciones comprometidas en el tema. Y en lo inmediato, basta de perimetrales ficticias y botones antipánico inservibles: ante casos de riesgo hace falta la detención preventiva del violento y una pericia psicológica inmediata.
En cuanto al tema de fondo, esta justicia es patriarcal y de clase porque el sistema económico e institucional en su conjunto lo es. Por eso nuestras propuestas para la justicia son parte de una batalla política más integral para derrotar a este capitalismo patriarcal y reemplazarlo por un gobierno de los trabajadores como transición al socialismo. Mientras haya capitalismo habrá patriarcado porque son un mismo sistema, origen de todas las desigualdades y violencias.
[1] https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
[2] http://observatorioluciaperez.org/