En lo que va de este año ya tenemos 57 muertas, es decir, más femicidios que días transcurridos. Al femicidio de Úrsula Bahillo que movilizó al país le siguió el asesinato de Ivana Módica.
Ambos casos evidencian la grave inacción del Estado y la Justicia cuando de nuestras vidas se trata. Úrsula peregrinó por comisarías y juzgados, y en sus audios preanuncia su final como un testimonio de la barbarie machista. Ivana estuvo desaparecida ocho días hasta que su asesino, piloto militar, confesó la ubicación de su cuerpo.
Año nuevo, versos nuevos
Por decreto, el gobierno creó el “Consejo Federal para la prevención y el abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios”: los ministerios de Mujeres, Seguridad y Justicia deberán coordinar acciones con las provincias para prevenir, investigar, sancionar, asistir y reparar la violencia de género.
Este Consejo replica una mesa similar que ya existía desde el año pasado: el Programa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias Extremas por Motivos de Género, coordinado por Gómez Alcorta más Justicia y Seguridad. Pero no se aplicó. Es decir, nos mienten prometiendo que harán lo que ya debían haber hecho y plantean “coordinar” la misma burocracia que ya demostró su ineficiencia.
Estamos frente a un problema de fondo que requiere medidas estructurales, no discursos y más oficinas.
Violencia es el Estado y sus instituciones
Ante esta situación de emergencia, hacen falta medidas concretas y urgentes a nivel justicia, policía y gobierno:
• Justicia. Con formación en género no alcanza. Los jueces y fiscales se deben elegir por voto popular, con mandatos limitados y revocables, e implementar los juicios por jurados populares, con mayoría femenina para los casos de violencia de género. Ante denuncias de violencia grave: detención preventiva y pericia psicológica inmediatas, lo que requiere un registro centralizado y un cuerpo pericial permanente.
• Policía. Estas fuerzas represivas no van más: la policía no toma las denuncias, si las toma las cajonea y si las eleva pero el violento es agente suyo lo traslada para protegerlo. Hay que disolverlas y crear una nueva seguridad democrática, preventiva y bajo control social.
• Gobierno. Es urgente un aumento sustancial de presupuesto, ya que el grueso de la poca plata para violencia de género va al Programa Acompañar, de $ 20.000 por seis meses, lo que no permite autonomía real a las víctimas. Hacen falta más casas-refugio, ya que el país apenas tiene la décima parte del mínimo necesario. Y hay que establecer una verdadera participación y control de las agrupaciones de género y familiares de las víctimas en el diseño y aplicación de los programas.
Por un 8M antipatriarcal y anticapitalista
Mientras AF se jacta de haberle puesto fin al patriarcado, nuestras vidas siguen signadas por las desigualdades. El sistema patriarcal que estructura esta sociedad es constitutivo del sistema capitalista: feminiza las tareas de cuidado, garantiza sustento y reproducción de la mano de obra barata, naturaliza la violencia y la opresión. Patriarcado y capitalismo son inseparables ya que aseguran la acumulación de riquezas para la clase social dominante, la burguesía, a costa de explotar y oprimir a las mayorías trabajadoras y populares. Juntos existen y juntos deben caer.
Tanta bronca y dolor acumulados sabemos expresarlos en lucha. Por eso, y aunque las agrupaciones peronistas y sus aliadas quieran desmovilizar o exculpar al gobierno, el 8M tenemos que salir a las calles de todo el país. Tiene que temblar la tierra con nuestros gritos: Ni Una Menos, aplicar el aborto legal sin restricciones, basta de inequidad salarial y acoso laboral, ESI en todas las escuelas, separar Iglesia y Estado, igualdad real a las disidencias, contra el ajuste y la represión de los gobiernos.
El 8M vamos a alzar banderas contra el sistema capitalista y patriarcal. Te invitamos a que te organices y marches con Juntas y el MST en el FIT Unidad, para fortalecer la construcción de un feminismo revolucionario y socialista que rompa las cadenas de este capitalismo patriarcal. Una sociedad libre de toda opresión y explotación sólo es posible con un gobierno de quienes nunca gobernamos: las y los trabajadores y el pueblo.
Sofía Cáceres Sforza
Una mirada jurídica
Ante el aberrante presente en materia de violencia machista y el aumento de los femicidios, la ausencia y omisión del Estado, y el gobierno que dice haber terminado con el patriarcado, hacen falta medidas inmediatas. Los resultados que arrojan estos pocos meses del año manifiestan una visible ineficacia desde el Poder Ejecutivo hasta el Judicial, con jueces puestos a dedo, cargos vitalicios y total desinterés y desconocimiento sobre género. Cada día es noticia un nuevo femicidio, una violación o denuncias de violencia archivadas en los cajones de fiscalías y comisarías.
Violencia patriarcal sobra. Faltan medidas eficaces y perspectiva de género en todo el ámbito estatal. Es decir, una mirada con comprensión del conjunto de violencias que sufre el género femenino bajo el patriarcado, que impone desigualdades en casi todos los ámbitos de la vida. Si bien para dar muerte al patriarcado se requieren cambios muy profundos, revoluciones, hasta tanto vivamos en una sociedad más igualitaria y libre hay medidas que el Estado y el gobierno podrían aplicar ya mismo para mitigar el sufrimiento femenino.
Es urgente implementar cambios en la organización de la justicia para que las mujeres que sufren violencia accedan a una protección real sin demoras ni procesos que no resuelven nada. Proponemos designar a los jueces y fiscales por voto popular y cortar de raíz el amiguismo entre poderosos y magistrados. También, que sus cargos dejen de ser vitalicios y puedan ser revocados por mecanismos democráticos. Sería propicio implementar los juicios por jurados en materia de género, hasta tanto no existan nuevas herramientas para tratar esos delitos. El juicio por jurados consiste en que un grupo de ciudadanes de la jurisdicción debe definir si existió el hecho por el cual se investiga al acusado y si es o no culpable del delito imputado. Hasta ahora esta modalidad sólo es aplicable en pocas provincias y sólo si la pena mínima es de 8 años de prisión.
A su vez una reforma judicial más radical y democrática permitiría responder mejor al tema violencia. Así como antes se creó el fuero laboral para tratar los conflictos entre patrones y trabajadores con la premisa de la inferioridad de estos ante el poderío empresarial, sería muy útil crear juzgados especializados en delitos de género, con dicha perspectiva. Y con una asesoría tutelar en donde participen las organizaciones de género. Hasta entonces, el gobierno debería decretar la emergencia por violencia de género, aumentar el presupuesto para aplicar la Ley 26.485 y tomar otras medidas.
Las restricciones perimetrales y botones antipánico no sirven: son ineficaces, los violentos no las cumplen, los botones escasean y, si los hay, la policía no llega a tiempo para auxiliar a la víctima. Y los informes periciales demoran meses. Por eso ante una denuncia de violencia grave proponemos la detención preventiva del acusado, con pericia psicológica y averiguación de antecedentes para así resolver rápidamente qué medidas adoptar.
Mientras seguimos enfrentando al patriarcado y al capitalismo, que son un mismo sistema, planteamos aumentar las medidas de protección real y una reforma legal y jurídica que permita aplicar los tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención de Belém y la CEDAW, de manera efectiva y sin demoras.
Mariana Chiacchio y Andrés Jara, abogades del CADHU