En 1981, el 1º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Bogotá, decidió nombrar el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Fue en homenaje a Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas en 1960 por orden del dictador Trujillo en la República Dominicana. Las hermanas Mirabal, conocidas como “las mariposas”, eran militantes políticas contra el régimen de Trujillo y su asesinato fue uno de los detonantes de su caída.
Transcurridas varias décadas, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba en el año 1993 la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a la que se definió así: “Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada”.
Paulatinamente, el marco normativo internacional de los derechos humanos ha trascendido la mirada binaria normativa hombre-mujer en la conceptualización de la discriminación y la violencia de género, al romper con la perspectiva biologicista e incorporar la cuestión cultural y la construcción social del género. Por lo tanto, la violencia de género se refiere a la ejercida hacia las mujeres y también hacia personas en razón de su identidad de género u orientación sexual.
En nuestro país, el movimiento Ni Una Menos surgió a mediados de 2015 ante la indignación que provocó el femicidio de Chiara Paez de 14 años e irrumpió en el escenario político con multitudinarias movilizaciones contra la violencia de género, los femicidios y travesticidios. El movimiento feminista logró instalar definitivamente en la agenda pública la gravedad de dicha problemática y la ineficiencia del Estado para resolverla. Por eso retomó la consigna El Estado es responsable.
A cinco años de ese hito histórico, el actual gobierno capitalista y patriarcal sigue pagando deuda externa y subsidiando a las iglesias y sus colegios, pero intenta pintarse de violeta con su Ministerio de la Mujer sin fondos, que destina a protección contra las violencias en el Presupuesto 2021 una magra suma de $ 700 millones, es decir la miseria de $ 34 por mujer por año. Mientras tanto, en los diez meses transcurridos de este año, ya contabilizmos 231 femicidios, 89 travesticidios por asesinato o por abandono estatal, 30 crímenes en investigación sospechados de femicidio, 286 infancias huérfanas y 146 tentativas de femicidios[1].
Por eso desde Juntas y a la Izquierda, Libre Diversidad y el MST seguimos exigiendo un presupuesto real y urgente para políticas públicas integrales, refugios de emergencia, subsidios habitacionales y programas de inserción laboral que garanticen la verdadera autonomía de las víctimas de violencia y sus hijes. También la separación de la Iglesia del Estado e implementación de la ESI no binaria en todas las escuelas del país, públicas y provadas. Por una ley integral para reparar las violencias hacia la comunidad travesti-trans. Por la implementación del aborto legal, con el proyecto de la Campaña, sin la tramposa objeción de conciencia que pone en riesgo la salud y la vida de las personas. A las consignas de las marchas sumamos asimismo este año el rechazo al acuerdo del gobierno con el FMI para imponer más ajuste y el reclamo de tierra para vivir, necesidad acuciante como se demostró en Guernica y otras tomas.
Te invitamos a sumarte a las acciones unitarias del 25N para que seamos miles de mariposas en todo el país, en lucha contra este sistema capitalista, patriarcal y clerical, padre de todas las violencias.
Sonia Magasinik
[1] Observatorio Lucía Pérez sobre violencia patriarcal.