El martes 1º de febrero, numerosos sectores políticos y sindicales vinculados al kirchnerismo movilizan al Palacio de Tribunales en Buenos Aires, sede de la Corte Suprema, para expresar su oposición a la misma. Allí se leerá un documento y hablará el juez Juan Ramos Padilla. También hay convocatorias similares en varias ciudades del interior.
Los puntos centrales de la convocatoria se pueden resumir en tres: que renuncie esta Corte, suponiendo que si no ocurre así habría juicio político para que se vayan; que se termine el llamado lawfare, es decir la utilización de la justicia para persecución política; y una reforma judicial feminista.
En principio, parecen reclamos correctos… si no fuera porque el espacio político convocante, el kirchnerismo, así como todo el Frente de Todos-PJ, tiene co-responsabilidad política en los tres mismos aspectos que hoy se cuestionan y, a la vez, hace rato que el gobierno busca desviar la bronca popular hacia la justicia para eludir sus propias culpas. Por ejemplo, quien resolvió acordar con el FMI y pagarle la colosal deuda trucha que nos dejó Macri no es la justicia, sino el gobierno. Por estas razones, y porque el proyecto oficial de reforma judicial es engañoso, desde la izquierda no vamos a esta marcha del 1ºF y sostenemos una propuesta alternativa.
Por supuesto, nos oponemos de plano a la marcha que convocan el macrismo y otros sectores de derecha para el jueves 3F “en defensa de la Corte y las instituciones”. Mal pueden hablar de justicia y de democracia los mismos que como gobierno, y hasta avasallando las propias leyes burguesas, hicieron uso y abuso del espionaje, los decretazos, las causas penales y la represión para perseguir.
El FdT y el PJ aprobaron esta Corte
En diciembre de 2015, Macri pretendió imponer como miembros de la Corte Suprema a los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz por decreto, mediante un DNU, sin siquiera contar con la aprobación del Senado, que es el mecanismo institucional vigente. Fue un escándalo de autoritarismo, pero si bien tuvo que recular, su presión surtió efecto: en junio de 2016 el Senado aprobó ampliamente ambos pliegos.
Es decir, todo el PJ y varios senadores del FdT levantaron su mano para que los dos jueces propuestos por Macri ocupen los supremos sillones del máximo tribunal del sistema judicial argentino. Desde ya, lo mismo habían hecho en su momento a favor de Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti para integrar la Corte.
En esa sesión del 15 de junio, el senador salteño Urtubey, por ejemplo, dijo que “la institucionalidad está por encima de las posturas políticas”. O el senador bonaerense Juan Manuel Abal Medina, que se quejó de que no hubiera mujeres en la Corte, pero también votó a favor de los dos magistrados amigos del macrismo. Rosatti es presidente de la Corte y Rosenkrantz vice…
Lawfare, también para todos y todas
La segunda contradicción de quienes hoy marchan a la Corte es sobre el lawfare. Las repudiables operaciones político-judiciales del macrismo para perseguir opositores son innumerables. El último y más burdo ejemplo de ello es el operativo bonaerense Gestapo, en donde altos funcionarios políticos del macrismo, de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y grandes empresarios montaban causas para perseguir a sectores sindicales.
Pero en este tema no cabe ingenuidad: en la Argentina, la utilización del aparato judicial para perseguir a opositores y luchadores no nació con el macrismo, sino que es una constante de todos los gobiernos capitalistas, sin excepción. Y lo mismo ocurre con el aparato de espionaje, la ex SIDE, luego reciclada como AFI.
¿O acaso hay que recordar que todavía sigue injustamente detenida Milagro Sala, sin que el gobierno -que ella incluso defiende- mueva un solo dedo, así como siguen presos Sebastián Romero y Facundo Molares? ¿Acaso “se olvidó” el kirchnerismo que en 2005 y 2007, siendo gobierno, por orden de los EE.UU. e Israel, su mayoría en el Congreso aprobó tres vergonzosas leyes llamadas “antiterroristas”, utilizadas para demonizar y criminalizar a la oposición de izquierda, asambleas ambientalistas, comunidades originarias y protestas sociales? ¿Acaso “se olvidó” del Proyecto X de Gendarmería, en 2011, para espiar y reprimir la lucha obrera de Kraft? ¿Acaso “se olvidó” también que aún hoy existen varios miles de activistas populares procesados penalmente por luchar, muchos de ellos por orden política de los gobiernos K?
¿Qué reforma judicial hace falta?
La tercera cuestión en danza es sobre la reforma feminista. Como es obvio, coincidimos en que es preciso combatir el carácter patriarcal y hasta clerical de la justicia para que tenga una real perspectiva de género y laicista. Sin la jubilada jueza Elena Hignton, esta Corte de cuatro varones es todo un paradigma del patriarcado a combatir. Esto va desde cumplir la Ley Micaela y retirar todo símbolo religioso hasta integrar en forma significativa juezas, fiscales y defensoras mujeres y de la diversidad. La polémica no está allí, sino en si ése es el eje de la reforma judicial que hace falta.
El kirchnerismo se limita a plantear ese aspecto y algunos agregan democratizar, aunque sin decir bien cómo sería. Las y los socialistas, en cambio, que incluimos el tema género, vamos al hueso. Tiene razón Ramos Padilla al decir que “el Poder Judicial siempre funcionó en función de privilegios y de intereses concentrados”. Pero ese funcionamiento, atado al poder político y al servicio de la clase capitalista dominante y su propiedad privada, es precisamente lo que el FdT no cuestiona.
En concreto, en febrero hay sesiones extraordinarias del Congreso y un tema a tratar es el de la integración del Consejo de la Magistratura, organismo creado en 1994. Esto se cambió en 1997, luego otra vez en 2006 por ley de Cristina (con mayoría política directa), la Corte hace poco ordenó volver a la composición de 1997 y Alberto presentó su proyecto que incluye paridad de género.
Pero ninguno de todos ellos plantea la raíz del problema: que la justicia es el único de los tres poderes del Estado no elegido democráticamente por el pueblo. Eso es lo esencial a cambiar si de verdad se la quiere democratizar, junto con implementar los juicios por jurados populares, con vecinas y vecinos sorteados del padrón electoral, que figuran en la Constitución desde 1853 pero se aplican poco o nada.
| Consejo de la Magistratura | 1997 | 2006 (CFK) | Proyecto de Alberto | Nuestra propuesta |
| Presidente de la Corte | 1 | — | — | Elegir los jueces, juezas y fiscales por voto popular, en fecha separada de las elecciones políticas. Anular el Consejo de la Magistratura. |
| Jueces | 4 | 3 | 4 | |
| Legisladores | 8 | 6 | 6 | |
| Abogados | 4 | 2 | 4 | |
| Académicos | 2 | 1 | 2 | |
| Poder Ejecutivo | 1 | 1 | 1 | |
| Total | 20 | 13 | 17 |
Es decir, una silla más o menos no cambia el hecho decisivo de que el Consejo de la Magistratura, que organiza los concursos de jueces, eleva las ternas al Ejecutivo y -casi nunca- los remueve por mal desempeño, sigue siendo un organismo indirecto en donde la casta política teje los pactos que condicionan a la justicia. Sólo con la participación popular directa con el voto, para cargos que no sean vitalicios sino por un período limitado, revocables y sin sueldos de privilegio, podremos tener una justicia realmente independiente del poder político. Lo demás es verso.
CADHU-MST